VALÈNCIA. La Fiscalía de la Comunitat Valenciana ha dirigido un escrito dirigido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el que acusa a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de un "plan preestablecido" para ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.
La posición del Ministerio Público era importante conocerla de cara a una posible imputación de la también consellera de Igualdad. Y ésta ha sido especialmente dura. La semana pasada se conocía que informaba favorablemente a que el TSJCV se declare competente para investigarla –al estar aforada– por la gestión del departamento que dirige en el caso de los abusos al hallar "indicios relevantes" contra ella. Pero este jueves trascendió el informe completo, firmado por Teresa Gisbert, con todos los argumentos al respecto, con los que ahora el tribunal deberá decidir.
Hasta el momento, diversos cargos de la Conselleria permanecían imputados por el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que afeó la carencia de cualquier protocolo para proceder en supuestos tan graves como el abuso sexual continuado de una niña tutelada y que no salieran a la luz estos hechos, penalmente relevantes. Sin embargo, había llegado un punto en el que Oltra debía ser llamada a declarar como imputada para "ser oída". Al estar aforada, ha de ser el TSJCV quien lo haga.
Los tres posibles delitos que podría haber cometido de acuerdo con la Fiscalía son prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. El primero de ellos, únicamente atribuible a ella. El motivo es que sostiene que existió, por su parte, "una directriz de ocultar los hechos y, cuando salieron a la luz, una finalidad de desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad".
"LA DIRECTRIZ FUE UNA ORDEN VERBAL DE LA VICEPRESIDENTA DEL CONSELL, SUPERIOR JERÁRQUICA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS, Y DIRIGIDA A ELLOS PARA QUE ACTUASEN
INCOANDO UNA INFORMACIÓN PARALELA A LA JUDICIAL CON OBJETO DE
DESVIRTUAR LA CREDIBILIDAD DE LA MENOR"
La citada directriz creen que consistió en una "orden verbal" de la vicepresidenta del Consell, superior jerárquica de todos los funcionarios investigados, y dirigida a ellos para que "actuasen incoando una información paralela a la judicial con objeto de desvirtuar la credibilidad de la menor". "No de otra manera se explica el comportamiento de los mismos, ocultando y desacreditando. Supone un plan preestablecido. Es evidente que esta orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal. Y fuerte indicio de que dicha orden fue emitida por Oltra es que todos los que intervinieron en los hechos mantuvieron siempre —salvo una trabajadora social al principio– la misma versión exculpatoria de la Conselleria de Igualdad", opina la Fiscalía.
Es "imposible", indica, "que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales, mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos". Por lo que "el sentido de la orden verbal evidencia su carácter de arbitraria e injusta, carente de toda justificación y apoyo en Derecho".
El Ministerio Público distingue entre cuatro momentos diferenciados en la cronología de lo ocurrido. El primero, los hechos acaecidos en el estricto ámbito de la Conselleria de Igualdad, encargada del acogimiento y protección de la menor, cuando ésta (que tenía 14 años) comenta el abuso a una amiga suya y a su entonces novio.
El segundo, cuando ya se tiene conocimiento de los abusos en el ámbito policial, fiscal y judicial, que derivan en el inicio de la investigación en julio de 2017. El tercero, la notificación y conocimiento de la investigación judicial (el 4 de agosto de ese año). Y el cuarto, aquellas acciones desarrolladas por la Conselleria (encargada de la protección de la chica) a partir de la notificación del inicio de las diligencias judiciales.
El informe recuerda que a 27 de febrero de 2017 ya son cuatro las personas que conocen los posibles abusos: una trabajadora social, un técnico del centro de día, la directora del centro de menores y una técnico de la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad.
"Tenemos una actuación incompatible e incomprensible. La Generalitat tiene la tutela de la menor. Se comunica por la misma que está sufriendo unos abusos sexuales, y no durante poco tiempo, por parte de un educador en un centro de acogida. Y no sólo no se denuncian los hechos, sino que tampoco se ponen en conocimiento de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores ni de la Administración de Justicia", explica el escrito del Ministerio Público.
En este punto entra a valorar el expediente que inició la Conselleria y que derivó en un informe del Instituto Espill que dotaba de poca credibilidad a la menor y afirmaba que podían existir intereses espurios por su parte.
"Existe un evidente indicio de que la finalidad del 'expediente informativo o información reservada' no fue esclarecer los posibles errores en que pudieran haber incurrido las personas que ejercían funciones públicas relacionadas con la tutela de la menor, sino la de esclarecer la credibilidad de su testimonio". Todo ello, incide, cuando los hechos ya estaban siendo investigados en vía judicial.
"Carece de sentido tal expediente, máxime cuando ya habían pasado casi seis meses de la manifestación de la menor sobre los abusos y se seguían diligencias en el juzgado. Visto el desarrollo y contenido del expediente, a nivel indiciario, más bien parece que se incoó con objeto de liberar de responsabilidades a la Generalitat y a las personas y organismos que ejercían o intervenían en la tutela de la menor", comenta.
Para la Fiscalía, la omisión de todo lo ocurrido evidencia una voluntad de "dejarlo correr". "Actitud incomprensible", insiste, que "no deja de ser, cuanto menos, extraña y que, indiciariamente, pasa a ser comprensible cuando se descubre que el autor de los abusos denunciados era el marido de Mónica Oltra".
"TODOS LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS PARTICIPARON. SUPIERON DE LOS ABUSOS, PERO NINGUNO DENUNCIÓ. INCUMPLIERON SU OBLIGACIÓN LEGAL DE CUIDAR, PROTEGER Y PROPORCIONAR ASISTENCIA A LA MENOR. ESTOS INCUMPLIMIENTOS FUERON DOLOSOS, VOLUNTARIOS Y SIN BASE, JUSTIFICACIÓN, MÓVIL O PRETEXTO"
A la luz de estos comportamientos descritos, continúa el escrito, podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicólogo, etc. se equivocó. "¿Pero todos?, ¿todos se equivocaron? ¿todos salvo la trabajadora social que dio al principio credibilidad a la menor y que, sin embargo, y de manera incomprensible, no denunció los hechos?", se pregunta el Ministerio Público.
"¿Cuál podía ser la finalidad de todo ello?, ¿quién era el principal beneficiario de dicha actuación?", vuelve a cuestionarse. Y responde: "El beneficiario directo era Luis Ramírez, marido de la vicepresidenta del Consell, superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria también de esa manera de proceder en cuanto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales".
La Fiscalía reprocha que el abusador fue repuesto en sus funciones y finaliza su escrito con las conclusiones básicas: "Todos los funcionarios investigados participaron. Supieron de los abusos, pero ninguno denunció. Incumplieron su obligación legal de cuidar, proteger y proporcionar asistencia a la menor. Estos incumplimientos fueron dolosos, voluntarios y sin base, justificación, móvil o pretexto. Y el colofón final fue que cuando por fin la Fiscalía denunció los abusos y se inició el correspondiente procedimiento penal, fue entonces cuando se confeccionó el expediente informativo con la finalidad de desvirtuar la versión de la menor".