Mazón interviene en un evento organizado por Ford. Foto: EP/Rober SolsonaVALÈNCIA. El Gobierno valenciano, presidido por el popular Carlos Mazón con Vox como socio, se enfrenta a su primera gran crisis empresarial. Este miércoles, Ford ponía sobre la mesa negociadora el despido de 1.622 trabajadores, un tercio de la plantilla que actualmente cuenta con unos 4.900 empleados. Una posibilidad que, de confirmarse, dejaría a la factoría con unos números raquíticos en comparación con su época más expansiva, cuando albergaba a 9.000 trabajadores.
El escenario es preocupante desde el punto de vista económico y laboral, pero también político. No en vano los empleos indirectos que giran en torno a Ford Almussafes rondan los 30.000 puestos y la facturación de la factoría se situó próxima a los 12.200 millones de euros en 2022, lo que representaba más del 18% del PIB valenciano. Unas cifras que convierten cualquier crisis de esta empresa en un problema también para el Ejecutivo de turno.
La delicada situación de Ford Almussafes no es nueva. En los últimos años se ha constatado un decrecimiento de la producción que, en el pasado ejercicio descendió un 10% respecto al año anterior, además de reducir la plantilla en 1.144 trabajadores. No obstante, el anterior gobierno dirigido por el socialista Ximo Puig aún pudo sacar pecho cuando en junio 2022, Ford decidía adjudicar los nuevos modelos eléctricos a Almussafes en detrimento de la planta de Saarlouis: una decisión que implicaba garantizar la supervivencia de las instalaciones valencianas.
Sin embargo, aquella decisión no evitó los problemas a corto plazo. La compañía anunció en noviembre de 2023 que aplazaba las inversiones necesarias para los nuevos coches eléctricos para reconduciría su producción hacia los modelos híbridos. Así, aunque la multinacional aseguró este mes de mayo el compromiso de que Almussafes fabricará 300.000 unidades de un vehículo multienergía a partir de mediados de 2027, lo que se traduce en un probable funcionamiento bajo mínimo de la factoría valenciano a lo largo de esta legislatura.
Bien es cierto que no es sencillo reaccionar con medidas concretas desde un Ejecutivo autonómico ante una crisis empresarial, por importante que sea la factoría en el peso económico del territorio, pero eso no libra al gobierno de turno del problema que supone un adelgazamiento de empleo y de producción en una planta de estas características.
La primera reacción del Gobierno valenciano para salir al paso de esta situación fue a cargo de la consellera de Industria, Nuria Montes, quien cargó contra el Ejecutivo central presidido por el socialista Pedro Sánchez. "Es la oportunidad perfecta del Gobierno de España para que pueda activar de una vez por todas el mecanismo RED para todo el sector de la automoción", exigió la responsable autonómica, quien admitió que el sector está "muy afectado precisamente por la indefinición del mercado del automóvil y va a tener que pasar unos años de dificultades", por lo que apeló a la necesidad de proteger a su capital humano.
En este contexto, subrayó reclamó la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez porque el ERE en Ford no es "un asunto regional". "Ahora mismo el balón está en el tejado del Gobierno central. Ford fabrica automóviles para toda España, para toda Europa y para todo el mundo y desde luego irradia una gran parte de su producción y afecta a una gran parte de empresas con ese carácter nacional".
En una línea similar se manifestó el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, quien calífico de "malísima noticia, sin paliativos" el ERE en Ford Almussafes. "Ayudaría que el sector de la automoción pudiese contar con el mecanismo de ayudas Red para mantener el empleo durante el periodo transitorio hasta la producción del nuevo coche", apostilló.
En la otra orilla, desde Compromís anunciaron tras conocerse el anuncio de Ford, que volverán a presentar en Les Corts una propuesta para que las ayudas públicas a empresas estén vinculadas al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Así lo trasladó el síndic Joan Baldoví en los pasillos de Les Corts, quien recordó que su grupo parlamentario ya presentó una enmienda en la ley de Acompañamiento de los últimos presupuestos del Botànic para que "todas las empresas que habían recibido dinero público, y la Ford ha recibido mucho, lo tuvieran que devolver si despedían a gente o deslocalizaban su producción", subrayó, para añadir que no salió adelante por el voto en contra de PP, Vox y PSOE.
