Arcadi España. Foto: JESÚS HELLÍN (EP)VALÈNCIA. A falta de un compromiso firme del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica, Arcadi España tuvo este miércoles el mejor estreno posible como conseller de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que salió con 2.835 millones de euros más del sistema de financiación para 2023, año en el que se celebrarán elecciones municipales y autonómicas.
En total, el Gobierno de Ximo Puig contará con 13.540 millones, la mayor cantidad que ha recibido nunca del sistema de financiación y que permite al Consell del Botànic encarar con más holgura la elaboración de su último presupuesto de la legislatura.
En términos relativos, el dinero para la Comunitat Valenciana aumenta nada menos que un 26,5% respecto a este año, dos puntos y medio por encima de lo que el Gobierno incrementará la financiación del conjunto las CCAA. Ello permite reducir la brecha que separa la financiación valenciana de la media de comunidades de régimen común.
Con todo, la intención de la Conselleria de Hacienda es volver a incluir en los Presupuestos de la Generalitat la partida "reivindicativa" de más de 1.300 millones de euros en ingresos ficticios porque, tal y como avanzó Arcadi España antes de la comisión Corts-Consell de este martes, el Botànic quiere cerrar su segunda legislatura con un presupuesto "expansivo".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presumió de poner a disposición de las comunidades los mayores recursos de su historia. En total se repartirán 134.336 millones de euros –descontados ya los 937 millones de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009– y afrontarán el año electoral con 26.130 millones más de financiación ordinaria que este año.
La mayoría del dinero para las CCAA sale de las entregas a cuenta del sistema de financiación, que alcanzan la cifra récord de 124.291 millones, un 11% más que este año a pesar de que el Gobierno ha revisado a la baja la previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,7%. No obstante, Montero dijo que el "crecimiento robusto" de 2023 beneficiará a las comunidades, tanto por los adelantos del sistema de financiación como a través del previsible buen comportamiento de sus impuestos propios.
La otra gran partida son 10.980 millones de euros correspondientes a la previsión de liquidación de 2021, es decir, la diferencia entre las entregas a cuenta que recibieron las CCAA ese año y la recaudación real al finalizar el ejercicio, que se liquida con dos años de decalaje. El Ministerio de Hacienda señaló en un comunicado que ahora puede repartir esos 10.000 millones porque en su momento hizo una estimación "prudente", ya que de lo contrario las CCAA tendrían que devolver al Estado el exceso de financiación adelantada.
Buena parte del incremento del dinero que Hacienda destinará a financiar las comunidades en 2023 se explica porque la recaudación por IVA en un escenario de alta inflación va a tener más peso en los ingresos de las CCAA. La recaudación del impuesto que grava el consumo se reparte en función del PIB de cada región.
En el caso de la Comunitat Valenciana, las entregas a cuenta del sistema en 2023 ascenderán a 11.653 millones, mientras que la liquidación del ejercicio 2021 será de 1.887 millones de euros.
Al incremento de recursos se suma la flexibilización del déficit de referencia para las CCAA, que será del 0,3 % del PIB el próximo año frente al 0,1% reflejado en el Programa de Estabilidad remitido en abril a Bruselas. Esas dos décimas más de margen, que serán asumidas por el Estado, aumentan la capacidad de gasto vía déficit de las Comunidades Autónomas, a las que Montero pidió que "complementen" las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir los efectos de la inflación sobre la inflación, en particular en la subvención del transporte metropolitano.
Pero la lluvia de millones no fue la única "buena noticia" para el conseller de Hacienda, que en su debut en el CPFF, el primero presencial desde la pandemia, estuvo arropado por los dos secretarios autonómicos de la Conselleria de Hacienda, María José Mira y Francesc Gamero; la directora general de Presupuestos, Eva Martínez, y la directora de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), Sonia Díaz.
Con mayor o menor concreción, varias de las reivindicaciones con las que acudieron al encuentro fueron atendidas por la ministra María Jesús Montero aunque no formasen parte del orden del día. Uno de los compromisos más importantes adquiridos por la ministra fue el de responder "próximamente" a las alegaciones de las comunidades autónomas a su esqueleto para el cálculo de la población ajustada como base del nuevo modelo de financiación.
El conseller de Hacienda confía en que este hecho permita "desbloquear" la reforma del modelo de financiación. Además, Arcadi España agradeció al Ministerio de Hacienda "su compromiso de abordar una solución para la deuda histórica dentro de la reforma".
Ese compromiso responde a la solicitud de la Generalitat Valenciana para que la AIReF analice la sostenibilidad de la deuda de las CCAA ante el próximo aumento del coste de la misma por la subida de tipos de interés que acaba de anunciar el BCE. Esa petición también forma parte de la proposición de ley presentada por el diputado de Compromís, Joan Baldoví, de reforma del SFA, que fue admitida por la Mesa del Congreso el pasado junio.
"En un contexto de subida de tipos de interés, necesitamos que se analice y se detalle qué parte de la deuda de cada autonomía se deriva de la insuficiencia de recursos del sistema de financiación y que se proponga alguna solución a través de un plan de saneamiento del endeudamiento del subconjunto autonómico en forma de compensación o reestructuración", reclamó el conseller.
Esta iniciativa de la Comunitat Valenciana fue respaldada por los consejeros de Baleares y Castilla-La Mancha. Por el contrario, el consejero madrileño reclamó la reunión de la conferencia sectorial de los fondos europeos para abordar la adenda correspondiente a los préstamos y achacó la buena marcha de la recaudación a la inflación, informa EFE.
Sin embargo, la Comunitat Valenciana no consiguió ver satisfechas otras dos de las peticiones con las que acudía al CPFF, propuestas que ya había hecho en el pasado con idéntico resultado. A saber, la fijación de un déficit asimétrico según la situación de cada comunidad y la de la creación de un fondo transitorio de nivelación para dotar de ingresos adicionales a las regiones peor financiadas. La nueva consejera de Hacienda andaluza, Carolina España, también pidió este fondo pero Montero ni siquiera respondió.
En la reunión de este miércoles, en la que Cataluña aceptó la vicepresidencia del CPFF, también se acordó impulsar la cesión a las CCAA del nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos previsto en la nueva ley nacional de residuos, que entrará en vigor en 2023, aunque se realizará de manera flexible.
Este hecho es relevante para la Comunitat Valenciana porque es una de las regiones que ya contaba con ese impuesto antes de que la figura haya sido creada a nivel estatal para evitar distorsiones entre autonomías, aunque está bonificado desde su creación para no perjudicar a la industria azulejera.
De esa forma, las comunidades que lo deseen podrán asumir "lo antes posible" el nuevo tributo, mientras que las que ya lo aplican, como la Comunitat Valenciana y Cataluña, podrán reclamar esas "gestiones y competencias de forma paulatina a lo largo de los próximos años".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
