VALÈNCIA. La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado incorporar más correos electrónicos de varias personas investigadas en la causa relacionada con Mónica Oltra. Un procedimiento que se centra en la posible obstaculización de la investigación judicial por parte de cargos de la Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales del exmarido de la que fuera vicepresidenta de la Generalitat a una menor tutelada, con sospechas de ocultación y encubrimiento de lo ocurrido.
Los magistrados han estimado un recurso de la asociación Gobiérna-te, presidida por la exdirigente de Vox Cristina Seguí, que ejerce la acusación. Una decisión que supone ampliar la intervención de las comunicaciones decididas por el titular del juzgado de Instrucción número 15, encargado de la causa, al periodo temporal de octubre a diciembre de 2019. Un momento en el que sucedieron dos cosas: la primera, que se conoció la sentencia al exmarido de Oltra que lo condenaba a cinco años de prisión; la segunda, que la dirección general de la Conselleria envió a la Fiscalía el expediente abierto relativo a la menor. Aquel considerado paralelo al judicial y en el cual se incluyeron los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima.
El juzgado de instrucción mantiene hasta la fecha dos piezas separadas y secretas relativas a los correos. En la primera, el juzgado ordenó intervenir los correos de Oltra y de 13 cargos de la Conselleria investigados en un periodo concreto de tiempo relacionado con las indagaciones: desde el 20 de febrero hasta el 23 de marzo de 2017 y desde el 5 de julio al 1 de diciembre de 2017.
También fijó un criterio material: los correos habrían de ser única y exclusivamente aquellos que hagan explícita referencia a los hechos denunciados por la víctima de los abusos y relatados en la querella de Gobiérna-te o a las actuaciones derivadas de dicha denuncia. Y se tendrán que limitar a aquellos que se intercambiaron entre las personas que, en cada uno de ellos, aparezcan como actuantes en relación con lo investigado.
En la segunda pieza separada figura asimismo la intervención de más comunicaciones, pero esta vez son los correos electrónicos del servidor público de la Generalitat en relación con el director general de Infraestructuras y Servicios Sociales, Enrique Alcocer, y el entonces secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez.
Ahora se sumarán los correos de Oltra y los 13 investigados que la Audiencia Provincial considera que el juzgado ha de investigar entre octubre y diciembre de 2019. Los magistrados razonan que, en principio, se podría entender que la no estimación de este periodo "se debe a que los hechos o acciones que han dado lugar a la presente causa se contraen a las fechas en que se ha concedido la diligencia interesada". "Pero no podemos olvidar ", afirman, que en esos concretos meses a que hace referencia el escrito de solicitud de prueba "tiene lugar un acto trascendental en el discurrir de estos acontecimientos", como es "el desarchivo del expediente y su incorporación al procedimiento judicial".
Por todo ello, la Audiencia concluye que se debe estimar el recurso e incluir en la pieza secreta que investiga los correos este periodo temporal "con todas las garantías". En el mismo auto, rechaza el recurso que presentó Vox pidiendo una serie de diligencias.