ELCHE. Evitar que los conductores del transporte de mercancías puedan conducir bajo sustancias estupefacientes o alcohol, prevenir las penas ante posibles accidentes y sobre todo, evitar que ocurran desgracias. Esa es la premisa de María Bonmatí Amorós, viuda del exedil y secretario general del PP ilicitano, Sergio Rodríguez, que falleció el pasado 1 de agosto con 33 años, después de que el conductor de un camión que conducía bajo los efectos de cocaína y psicofármacos invadiera su carril, sin que Rodríguez tuviera tiempo de reacción para esquivar la muerte. Era padre de dos niñas de 1 y 3 años.
Ahora, su mujer inicia una campaña a nivel nacional para intentar evitar que estas situaciones se repitan."Que una familia se vea privada de un marido y un padre por la conducta peligrosa e irresponsable de un conductor profesional", indica. Bonmatí ha declarado que "no podemos perder una vida por la irresponsabilidad de otros. Estoy convencida de que Sergio querría que hiciéramos lo posible para evitar que un accidente como el que él sufrió, provocado por un conductor que iba cargado de cocaína, vuelva a suceder. Por ello, voy a dedicar todo mi esfuerzo para impulsar una iniciativa legislativa para establecer la obligatoriedad de realizar controles de alcohol y drogas a los conductores profesionales de vehículos de transporte de mercancías y pasajeros, e incrementar las penas a quienes conduzcan bajo los efectos de sustancias estupefacientes".
Ya se ha reunido con la Confederación Nacional de Transportes de Mercancías -concretamente, con Manuel Pérez Carro, secretario general de la Federación de Murcia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional-, y cuenta con el apoyo de la patronal del transporte para esta iniciativa, que pretende establecer todas las medidas encaminadas a prevenir que puedan producirse accidentes como consecuencia del consumo de alcohol o drogas por conductores profesionales.
Bonmatí ha declarado que "voy a mantener reuniones con todos los partidos políticos para que se sumen a esta iniciativa, y se incrementen las penas y las medidas preventivas". En la actualidad, explica, la muerte causada por un conductor que ha bebido, ha tomado psicofármacos en exceso o se ha drogado, "está calificado de homicidio imprudente, con penas de 1 a 4 años. Parece razonable incrementar las penas, pues estamos hablando de privar de la vida a una persona como consecuencia de una conducta irresponsable", por lo que plantea una propuesta para que ese homicidio sea considerado como doloso y acarree penas de 9 a 12 años.
El también exedil Antonio Luis Martínez-Pujalte, amigo personal de Sergio Rodríguez, ha acompañado a María Bonmatí, explicando que el trámite empieza ahora, porque actualmente la legislación laboral impide que las empresas puedan realizar estos test a sus trabajadores. No obstante, indica que al tratarse de un empleo muy concreto y que afecta también a la carretera, con lo que ello implica, hay que explorar vías para potenciar esa prevención.
