Dos operarios del servicio de limpieza, con máquinas sopladoras.ALICANTE. La empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica (del controvertido empresario Enrique Ortiz), mueve ficha con la firma de un nuevo convenio laboral que incentiva la productividad, la puntualidad y asistencia de sus empleados a sus puestos de trabajo. En realidad, ese nuevo documento, que llega en pleno debate sobre la eficacia de la prestación y en plena polémica sobre el incumplimiento de los índices de absentismo comprometido por contrato, se firmó el pasado 5 de abril y establece hasta doce pluses distintos en función de las condiciones particulares de cada tarea realizada o de cómo se realiza: penosidad, nocturnidad, de baldeo, de carga lateral, de compensación de jornada, de calidad, de productividad, de festivos, posterior a festivos, puntualidad, de transporte y de mantenimiento de vestuario.
Entre ellos, los trascendentes por lo que respecta al servicio prestado se reducirían básicamente a tres: los que tienen que ver con la calidad, la productividad y la puntualidad. Sobre el primero, el de calidad, el convenio establece que "tiene por objeto primar y potenciar la dedicación y correcto desempeño de los cometidos que son propios de las categorías profesionales que lo tienen asignado". Se tiene derecho a él por jornada efectivamente trabajada con importes que varían en función de cada categoría.
Sobre el segundo, el de productividad, se determina que "se percibirá cuando se efectúe con un rendimiento correcto, cumpliendo íntegramente con el itinerario asignado, no siendo obstáculo para su percepción que aquel no se termine por causas no imputables al trabajador, tales como acumulaciones extraordinarias de suciedad, falta imprevista de los medios humanos o técnicos asignados al recorrido en cuestión o paros forzosos en la actividad".
El problema es que el convenio no llega a precisar quién evalúa esa calidad y esa productividad, ni tampoco cómo. En principio, los cuatro ediles que han asumido las competencias de Limpieza a lo largo de este mandato (Víctor Domínguez, Miguel Ángel Pavón, Fernando Marcos y ahora Israel Cortés) vienen coincidiendo en que existen dos métodos de control distintos sobre el trabajo desempeñado: las fichas de observación, previstas en el pliego, y los informes de los inspectores municipales. En las fichas de observación, se llega a contabilizar una serie de parámetros no relacionados con la limpieza en sí misma, como el simple hecho de la corrección de la uniformidad de los trabajadores. En la labor de los inspectores municipales, hasta ahora se viene arguyendo que se necesita de más personal, ya que en estos momentos sólo habría ocho funcionarios a cargo de esa tarea.
Sobre el tercer tipo de plus, el de puntualidad, el convenio regula que se concederá "a todo el personal que no haya faltado a la puntualidad o dejado de asistir al trabajo injustificadamente o por causa de enfermedad común (excluidos los casos que requieran hospitalización y los casos de accidente no laboral debidamente justificados)". Se prevén cifras graduales en función del número de faltas: con cero faltas, un total de 287,20 euros al año; con una o dos, 143,62; con tres, cuatro y cinco, 86,31.
El convenio dedica, además, un apartado específico al control del absentismo, pero no concreta qué tipo de medidas se prevé poner en marcha para ello. Así, el artículo 56 establece que: "Empresa y comité, oído el Servicio de Prevención, acordarán un sistema de medidas tendentes al control y reducción de los niveles de absentismo. En cualquier caso, la empresa informará mensualmente al comité de empresa del número total de bajas distinguiendo las que son derivadas de enfermedad o accidente de trabajo y el nombre de los afectados".
Las fuentes municipales consultadas precisaron que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Limpieza, sí tiene acceso a la relación de trabajadores operativos en cada jornada. De igual modo, según las mismas fuentes, la UTE también estaría obligada a rendir cuentas sobre el personal contratado para cubrir esas posibles bajas temporales. Esa cobertura, según las mismas fuentes, se efectúa habitualmente mediante el pago de horas extras.
Lo cierto es que, como viene informando Alicante Plaza, las tres últimas auditorías elaboradas sobre el absentismo de la plantilla (2014, 2015 y 2016) reflejan que en esos tres ejercicios se ha superado con creces el porcentaje reflejado por UTE Alicante en su oferta: la única que concurrió al concurso, convocado en 2012 bajo el mandato de la popular Sonia Castedo. Hasta el momento, ninguno de los cuatro ediles que ha asumido las competencias de Limpieza ha acordado ningún tipo de medida sancionadora por el incumplimiento de ese índice. Como ha publicado este diario, el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, sí encargó -durante su etapa como concejal de Limpieza- un informe técnico en el que se dilucidase si esa circunstancia podía constituir un motivo de sanción. La versión inicial de ese informe, que se le hizo llegar el pasado 14 de noviembre, un día antes de que Guanyar abandonase el equipo de Gobierno, determina que no constituye un incumplimiento sancionable, puesto que la empresa está obligada por contrato a cubrir esas bajas.
El grupo municipal de Compromís instó al actual equipo de Gobierno y al responsable de Limpieza, Israel Cortés, la convocatoria inmediata de la comisión específica sobre el seguimiento de la contrata para que se facilitasen explicaciones sobre ese informe inicial y sobre la anunciada auditoría sobre el cumplimiento del pliego de condiciones y su eficacia. Esa comisión todavía no ha sido convocada.
El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha registrado una petición de comparecencia del alcalde, Luis Barcala, en el pleno del próximo jueves 31 "con el fin de que aclare, entre otros asuntos, si el PP está dispuesto a pagar más a la empresa como expresó el propio alcalde a las pocas horas de su toma de posesión, una hipótesis que ya barajó su predecesor, Gabriel Echávarri con la complicidad de Compromís", según explicó su portavoz adjunto, Antonio Manresa, a través de un comunicado.
Manresa recordó que "el servicio cuesta al erario municipal entorno a los 37 millones al año y resulta clamoroso el malestar vecinal y de todo tipo de colectivos de cómo se encuentra la ciudad, y de los últimos veranos en los que las ratas han campado a sus anchas en pleno centro de Alicante". Para Cs resulta "imprescindible" saber "qué planes tiene el PP para hacer una auditoría real de un servicio donde las tasas de absentismo se han duplicado, incumpliendo clamorosamente el pliego, así como la cláusula que se firmó para que fuera la empresa la que corriera a cargo de todos los servicios a los que se comprometió sin coste adicional alguno para el consistorio".
El portavoz adjunto de Cs reiteró que "Barcala debe explicar también con todo tipo de detalles la baja temeraria de 14 millones de euros a la que aludió tras acceder a la Alcaldía y que llegó a calificar de 'quita' en los medios de comunicación, teniendo en cuenta además que él era edil del grupo de Gobierno cuando se gestionó la adjudicación, 2013, con Sonia Castedo de alcaldesa", concluyó.
