ELCHE (EFE). Un total de 10 clínicas jurídicas españolas, entre la que se encuentra la de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, han llevado a cabo un proyecto de colaboración para desarrollar la guía jurídica básica jurídica básica frente a la covid-19.
La UMH puso en marcha esta guía en abril y se han sumado al proyecto colaborativo las clínicas jurídicas de las universidades de Alcalá, Comillas ICADE, Deusto, Europea de Madrid, Oviedo, País Vasco, Salamanca, Valencia y Valladolid.
Esta guía pretende facilitar instrumentos adecuados para la protección y defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y hacer frente a dificultades que surgen, según han informado fuentes de la UMH en un comunicado.
Según sus impulsores, nació con la intención de acercar el Derecho a quienes padecen las consecuencias de la pandemia pero desconocen las claves para comprender las implicaciones jurídicas de la situación y el significado y alcance de las medidas a las que se encuentran sometidos.
Los 44 estudiantes que han participado en esta acción, acompañados por 16 profesores-tutores de diferentes universidades, quieren poner al alcance de la sociedad, a través de sus procesos de aprendizaje y servicio, información comprensible sobre las herramientas jurídicas que tienen o pueden adquirir. La presentación de la guía tendrá lugar mañana de forma online.
Por otra parte, el Grupo de Trabajo Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados celebrará mañana viernes, 19 de junio, a partir de las 09:00 horas, una reunión de expertos. El director del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Ildefonso Hernández, comparecerá a partir de las 11:30 horas como experto en esta reunión.
El objetivo del Grupo de Trabajo es analizar la situación del sistema sanitario y de salud pública y concretar medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y sus planificaciones futuras e incluir dentro de este objeto las condiciones de salud pública y bienestar a establecer en las residencias de personas mayores. Asimismo, el Grupo busca reforzar el sistema de Salud Pública, en particular, su capacidad de vigilancia, antelación y respuesta ante eventuales emergencias sanitarias, atendiendo a la experiencia de la presente crisis de la COVID-19.
