La Udef sospecha que la hermana de Zaragoza cobraba de la clínica y no iba a trabajar

SANTA POLA. ¿Por qué investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional al ex alcalde de Santa Pola y actual diputado provincial de Servicios Sciales, Miguel Zaragoza? Aunque él ha negado conocer los hechos, la denuncia forma parte de la batería de iniciativas judiciales que ha presentado el actual equipo de gobierno de Santa Pola contra los antiguos gestores municipales: en total, fueron cuatro denuncias ante la Udef, casi la totalidad están ya judicializadas. La primera fue la de los uniformes de la Policía Local, causa en la que hay 11 imputados, entre ellos, dos ex regidores del PP y la cúpula de la Policía Local; la segunda; las horas extras de antigua cúpula de la Policía Loca, al parecer, adjudicadas por afinidad, y sin ningún tipo de control; la tercera, se investiga por su responsabilidad en el derrumbe del colegio Hispanidad, ocurrido en enero de 2013 y que causó heridas leves a una profesora y nueve alumnos, y la última, es la clínica de Gran Alacant.

Hasta llegar a la citación que ha recibido este martes al ex alcalde de Santa Pola, a su hermana y su cuñado y ex concejal de Personal, Jorge Perelló, la Udef ya había reclamado la documentación de las condiciones con las que el consistorio, con Zaragoza como alcalde, alquiló una dependencia municipal a una clínica privada. 

Igualmente, se ha llamado ya a declarar al personal de esa clínica y a personal del propio ayuntamiento que prestó servicio en suelo municipal, pero para una empresa privada. Según ha podido saber Alicante Plaza de fuentes de la investigación, los testimonio habrían corroborado dos supuestas irregularidades: la prestación de servicios por parte de los operarios públicos para la empresa privada y que la hermana de Zaragoza, al parecer contratada por la mercantil, no iba a trabajar en la mayoría de las ocasiones, de ahí que se investigue el supuesto cohecho.

A todo ello, se suma la circunstancia de que la empresa  no había satisfecho el canon al que se comprometió pagar al ayuntamiento por el arrendamiento de la dependencia municipal, ubicada en la extensión administrativa que el Ayuntamiento de Santa Pola tiene en la zona residencial de Gran Alacant, donde se halla, entre otros servicio, la biblioteca y las oficinas municipales.

Zaragoza, como él mismo ha reconocido a través de un comunicado, se ha negado declarar. Pese a ello, todas las diligencias ya las ha asumido el juzgado número dos de Elche. El ex alcalde ha explicado que cuando “tuve conocimiento de que se había abierto, supuestamente, una causa contra mí por esa gestión, solicité información al equipo de gobierno liderado por la señora Yolanda Seva (PSOE), con el fin de que me argumentaran el porqué se me acusaba, y de qué se me acusaba”, ha continuado Zaragoza, “pero nunca se me dio explicación alguna”.

Por este motivo, el ex alcalde ha argumentado que intentó “informarse de qué juzgado llevaba la causa y qué procedimiento era, para así ofrecer mi colaboración con la justicia y facilitar los datos necesarios para limpiar mi imagen y mi honor cuanto antes”.

De esta forma, en fecha 17 de octubre de 2017 Zaragoza se personó en el Juzgado, por lo que éste dictó una providencia con fecha 20 de noviembre de 2017 en la que se especificaba e indicaba por parte del Juzgado de Elche que se le daba por personado, pero “que las actuaciones estaban declaradas secretas”.

“Si yo soy la persona implicada, pero las actuaciones son secretas, ¿cuál es la forma que tengo para defenderme, cómo puedo mostrar toda la gestión para que se vea la transparencia en las actuaciones?”, se ha preguntado el ex alcalde.

Zaragoza es actualmente concejal del Ayuntamiento de Santa Pola, además de responsable de los Servicios Sociales de la Diputación de Alicante. Al margen de esta causa, está pendiente de la fecha de juicio oral acusado, junto a otros regidores de Elche, de delito de prevaricación ambiental al autorizar, junto al consistorio ilicitano,  un chiringuito en la playa de El Carabassí, entre los términos municipales de Elche y Santa Pola, que excedía los niveles de ruido permitidos.