A través de este intercambiador propuesto, "los camiones con mercancías de empresas del entorno de la Vega Baja podrían depositar sus productos en el tren y llevarlos a y viceversa: los de Europa podrían llegar a la zona y distribuirse", según Armando Ortuño
ORIHUELA. Un estudio de la Universidad de Alicante (UA) plantea la construcción de un intercambiador carretera-ferrocarril en el sur de la Comunitat utilizando suelo industrial ya existente en los polígonos municipales con el fin de optimizar recursos.
El documento, presentado en el Hotel Palacio Tudemir de Orihuela ante alcaldes de la Vega Baja y el Baix Vinalopó y diputados autonómicos, propone un intercambiador ubicado entre Catral y San Isidro que sustituya, así, a la inicial Zona de Actividad Logística (ZAL), incluida en el Corredor Mediterráneo.
El director del estudio, Armando Ortuño, ha explicado que, a través de este intercambiador, "los camiones con mercancías de empresas del entorno podrían depositar sus productos en el tren, gracias a grúas que trasladarían los contenedores, permitiendo que inmediatamente pueda emprender su marcha a Europa". "Al mismo tiempo, podrán venir trenes de Europa y, desde aquí, los camiones de distribución de la zona trasladarán las mercancías a puntos concretos", ha añadido Ortuño sobre este proyecto, con un coste aproximado de 24,3 millones de euros.
Según ha expuesto, el intercambiador busca "exceder los límites de la Vega Baja, conformando un mercado de todo el sur de la región y focalizando un punto con suficiente carga de mercancías". Así, ha afirmado que, para ser una realidad, debe ser "ambientalmente compatible con el entorno", "contar con una línea de ferrocarril donde enganchar y cargar mercancías", además de con "una red de autovía y autopistas potente a su alrededor, y tener a su alrededor un importante mercado empresarial".
"Características que cumplen los municipios de Albatera, Callosa de Segura, Catral, Granja de Rocamora, Cox y San Isidro", ha asegurado Ortuño, quien ha detallado que este intercambiador incluye el sistema de 'ferroutage' a través del cual "los camiones pueden cargar dentro de los vagones ferroviarios", lo que posibilita "abaratar costes y mejorar la intermodalidad".
Durante su intervención, Ortuño también ha hablado de rentabilidad y, en este aspecto, ha destacado dos sectores: la agricultura en la que trabajan "más de 500 empresas del entorno de la Vega Baja, con 500 millones de euros de facturación al año", y el calzado, done adquiere protagonismo el Baix Vinalopó con "más de 1.500 empresas y 1.500 millones de facturación".
Entre ambas comarcas, con más de 700.000 habitantes y un 30 por ciento de las empresas de toda la provincia de Alicante, "se exportan 3,5 millones de toneladas, y por cada tonelada recibida hay dos que salen, lo que justifica la importancia del Corredor Mediterráneo", ha expuesto. "Actualmente, del cien por cien de toneladas que salen o entran a las comarcas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó, solo el dos por ciento es a través del ferrocarril, mientras el 90 por ciento es por carretera y el resto, por puerto", ha concretado Ortuño, quien ha avanza que el objetivo de la Unión Europea (UE) es que el ferrocarril alcance el 20 por ciento de ese transporte en 2030.
Por su parte, el alcalde de Callosa de Segura, Fran Maciá, en representación de los otros representantes de los municipios que han impulsado este proyecto, ha considerado que dicho intercambiador significa "mayor competitividad territorial para nuevas inversiones en la comarca, mayor productividad para las empresas y posicionamiento territorial".
Este estudio, con un coste de 50.000 euros, ha sido elaborado a petición de la Asociación de Empresarios de la Vega Baja (Asemvega) y los ayuntamientos de Albatera, Catral, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora y San Isidro, localidades entorno a las que se articula este intercambiador. El Ministerio de Fomento ya tiene el documento, al que debe dar su visto bueno para elevarlo a Europa y, de ese modo, poder acceder a una subvención europea del 20 por ciento del total.
En julio de 2017 se conocerá si el proyecto cuenta con los fondos europeos. El resto del presupuesto deberá ser aportado por el propio Ministerio y la Comunitat Valenciana.