Ayuntamiento de Benidorm. Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm se ha sometido a un nuevo análisis de la Sindicatura de Comptes, en esta ocasión, para mejorar el control interno el Consistorio. Se trata de un nuevo documento que elabora esta entidad dentro de la revisión realizada a las tres diputaciones y ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de la Comunitat Valenciana, entre las que se encuentra el municipio turístico. El estudio se centra en los ejercicios de 2019, 2020 y algunos aspectos de 2021, tal y como ha informado la Sindicatura en un comunicado.
En términos generales, la gestión municipal ha obtenido un 74,8% sobre 100, lo que se considera dentro de los parámetros establecidos como riesgo medio. Es por esto que tiene aún margen de mejora, sobre todo, en algunos departamentos donde más cojea, como es el caso del área de Intervención. Así, indican que se observan algunas deficiencias "significativas" que representan un riesgo para la propia organización administrativa y su grado de transparencia, la fiabilidad de la información económico-financiera, el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los activos y el propio control interno ejercido por Intervención.
El informe cuenta con 62 páginas, y el último documento aportado por el Ayuntamiento fue en abril de 2022. Tras las recomendaciones y conclusiones aportadas por la entidad autonómica, el Ayuntamiento tuvo oportunidad de presentar alegaciones al borrador, aunque no recurrió ninguna de las afirmaciones.
Entre otras cuestiones, señala que en el Ayuntamiento "no se lleva un registro de todos los contratos, incluyendo los menores". Además, aseguran que no existe constancia de que se efectúen conciliaciones periódicas entre los datos que figuran en las cuentas de recaudación y los que se deducen de la contabilidad municipal. Cuando se planifican las inversiones, prosigue el documento, "no se estima su coste de mantenimiento ni su financiación posterior". Al mismo tiempo, asefuran que "no existe un plan de inversiones para un plazo de cuatro años, anexo al presupuesto general". Es más, remarcan que no se concilia el inventario con la contabilidad.
Por lo que respecta al apartado de Personal, mencionan que el complemento de productividad, que lo cobra una parte del personal del Ayuntamiento, "no está vinculado a sistemas de evaluación de objetivos".
En cuanto a Contratación, recogen que los expedientes de obras, sin tener en cuenta los contratos menores, "no contienen siempre el acto formal de recepción, la aprobación de la certificación final y el informe sobre el estado de las obras". Además, afirman que el perfil de contratante no está debidamente actualizado, ni contiene la información íntegra relativa a todos los contratos, descrita en el artículo 63.3 de la LCSP. Tampoco se publica en el perfil de contratante, al menos trimestralmente, la relación de contratos menores.
"Durante el transcurso del ejercicio de la función de control, el órgano interventor no ha tenido la total colaboración por parte de las personas y organismos dependientes de la entidad para poder desempeñar el ejercicio de sus funciones correctamente", aseguran desde la Sindicatura. De igual forma, indican que el órgano interventor no les ha remitido el informe de todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente y por el Pleno contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Por lo que respecta a las subvenciones, durante su fiscalización "no siempre se comprueba según la entidad valenciana "la presentación en plazo de la cuenta justificativa, la acreditación de los gastos mediante facturas o documentos de valor probatorio, que el importe de la subvención no supere el coste de la actividad subvencionada" o aspectos como que "no se han financiado gastos que no puedan ser subvencionados, si existen importes pendientes de justificar para los que ha finalizado el plazo o la realización de la actividad subvencionada".
Entre otras cuestiones que menciona el análisis hecho público este martes, la Sinducatura señala que es "conveniente" que en las actas del pleno se haga referencia a los informes de la Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
El área que peor puntuación obtiene es la de "Ingresos por transferencias", que registra 25 puntos, lo que representa un 10% de la puntuación máxima posible y un nivel de riesgo alto según los parámetros del estudio ya mencionados. Se motiva en varias cuestiones, como es no llevar un registro individualizado de las subvenciones recibidas. Por ello, piden que en las subvenciones finalistas se realice un seguimiento de la inversión con el fin de verificar que se desarrolla adecuadamente y de acuerdo con las condiciones que dieron lugar a su concesión, o registrar los convenios suscritos con las entidades que conceden subvenciones al Ayuntamiento.
