Hace tiempo que se habla de la reversión del hospital de Torrevieja al sistema público. Vence su contrato y, por lo tanto, el Gobierno valenciano considera que a la empresa gestora, Ribera Salud, no se le debe prorrogar, por cinco años, como contempla el acuerdo suscrito en su día por el Consell de Francisco Camps y los responsables de la empresa. En octubre se comunicará la decisión y por tanto, al igual que sucediera con el Hospital de Alzira, el centro quedará integrado dentro del sistema público como las condiciones que el resto, a excepción del Vinalopó y el de Dénia.
La decisión podrá ser compartida o no, pero parece tomada. Se podría decir que el PSOE siempre tuvo dudas hasta que esta crisis del Covid-19 le ha hecho persistir en la idea de la reversión. Hasta hace poco había como dos posturas: el president Puig jugaba con la ambigüedad que podría prorrogarse y la consellera Ana Barceló, desde la campaña electoral del pasado noviembre, ya sabe que ni Compromís ni Podem le dejarían pasar esa oportunidad.
Ahora bien, de aquí a octubre queda un mundo y todo es posible, si se amplía la política de pactos, aunque en estos momentos la decisión, insisto, parece tomaba. Ante esta situación, cabe preguntarse si la Generalitat Valenciana acierta o no con la decisión. Lo que parece claro es que la reversión no será fácil, aunque se cuenta con la experiencia de Alzira, donde el traspaso no fue modélico. También es verdad que no va tener coste para las arcas públicas: no hay que indemnizar a nadie. En todo caso, aprobar la cuenta de liquidación.
Los defensores del modelo Torrevieja siempre han defendido sus cifras: es uno de los centros con menos listas de espera de la Comunitat; sus detractores, en cambio, dicen que esas cifras son mejores porque la mayoría de las intervenciones quirúrgicas de especialidades con más retraso no se llevan a cabo en ese centro. Y después tenemos el clásico debate de si el modelo beneficia a determinadas empresas o si todo el modelo sanitario de una administración debe ser exclusivamente de gestión pública.
Yo no voy a entrar en ese debate. Las dos partes tienen su razones. Hay dos cuestiones de fondo que también hay que poner sobre la mesa, y que no hay que descartar. La colaboración público-privada es necesaria. Eso lo defiende hasta el vicepresidente de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau para cuestiones de Vivienda. Aquí la duda es hasta dónde debe llegar la iniciativa privada y en qué ámbitos. La sanidad pública necesita de la ayuda de la privada: hay múltiples servicios, como resonancias o planes de choque para reducir las listas de espera, que se concesionan. Y en tanto el sistema de financiación autonómica no se mejore, la Generalitat Valenciana no puede descarta el modelo de la colaboración pública-privada, inclusive para cuestiones sanitarias. Por ejemplo, la Marina Baixa es una comarca que necesita con urgencia bien la ampliación del actual hospital, o bien un nuevo. De lo contrario, se debe(rá) echar mano de la privada.
Pero si el debate de la colaboración público-privada chirría en cuestiones sanitarias, o educativas -que lo puede llegar a entender- puede ser muy eficaz para la construcción de infraestructuras viarias o ferroviarias que después debe explotar un operador privado. En algunos casos, permitiría a la Comunitat o algunos puntos de la provincia de Alicante disponer de mejores sistemas de comunicación para el sector turísticos y con una movilidad menos contaminante.
Y la otra cuestión: la decisiones siempre están justificadas si vienen de abajo hacia arriba, siempre. Y en caso de que generen dudas, él político que las toma debe bajar a la arena y defenderlas. A Vicent Marzà ya le pasó le pasó con el plurilingüismo: se dejó territorios por testar, o cuando quiso modular la normativa, ya tenía una manifestación montada en contra de su política. Bien es verdad, que esa protesta se hizo en contexto que difícilmente vuelva a producirse, quién sabe. Y el tema de la reversión del Hospital de Torrevieja va por el mismo camino: ningún político del Botànic ha bajado a la arena a defenderla; hay una plataforma que está haciendo ese trabajo y además se le ha entregado carne de cañón al futuro presidente del PP, Carlos Mazón, que pasaba por allí. Bien es verdad que en la Vega Baja son habas contadas -en el mejor de los casos 90.000 votos para el centro-derecha; 50.000 para la izquierda-, pero para determinadas decisiones siempre recomiendo al político de turno cargarse de razones para ejecutar. Y en estas, las que hay, las veo poco justificadas por lo que sabemos, aún siendo grave la espantà de trabajadores de Ribera Salud a realizar el estudio de seroprevalencia a Torrejón en plena pandemia. En La Marina Alta, también las había, pero al paso que vamos, cuando se pongan, a lo mejor Marina Salud se ha ganado hasta la prórroga. Las decisiones buenas no son las ideológicas; son las consensuadas por una mayoría, y funcionan. Y en el caso de Torrevieja falta todavía mucho convencimiento; ese reto empezará, irremediablemente, el día después de que el hospital sea de gestión púbica. Ahí si que se la juega el Botànic.
