La rescisión de los contratos con Santa Mónica causó un perjuicio de 51,7 millones a la RFEF

MADRID (EFE). La decisión de resolución de los contratos entre la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Grupo Santa Mónica (GSM) adoptada por Ángel María Villar y Juan Padrón "causó un perjuicio al patrimonio de la RFEF de 51,7 millones de euros, según el auto del juez Santiago Pedraz que ordena prisión preventiva para ambos.

El documento señala que "las relaciones entre dicho grupo y destacados dirigentes de la RFEF y organismos vinculados se han plasmado en la celebración de contratos con éste que conceden unos márgenes muy elevados al adjudicatario, a sabiendas de los precios de mercado y comisiones que están presumiblemente fuera de los parámetros habituales en el mercado".

La RFEF y el GSM mantuvieron relaciones comerciales al menos desde 2004, que incluyeron diversos compromisos para la cesión de derechos y convirtieron al segundo en agente comercial exclusivo de mercadotecnia y patrocinio y proveedores.

En 2012 el grupo Santa Mónica incumplió el contrato de cesión de derechos audiovisuales, por no abonar cantidades debidas (15.530.000?) y por no haber solicitado éste la preceptiva autorización federativa para la venta de esos derechos a la empresa MEDIASET ESOALA COMUNICACIÓN SA en enero de 2013, según establecía el contrato, "operación de la que la RFEF tuvo conocimiento una vez firmado el acuerdo entre ambas partes".

Esto llevó a que por encargo de Villar y Juan Padrón, vicepresidente económico, se comunicara a Santa Mónica, en febrero de 2013, escrito de resolución del contrato de cesión exclusiva de derechos audiovisuales y que en la junta directiva de la RFEF celebrada después se ratificara esta decisión.

La directiva también acordó por unanimidad autorizar todas las acciones legales en defensa de sus legítimos intereses, así como la negociación y suscripción de acuerdos con el Grupo Santa Mónica para resolver todos los acuerdos y contratos que tuviera suscritos con el citado Grupo, consiguiendo recuperar todos los derechos que gestionaba.

"La decisión de resolución de estos contratos apartándose de lo acordado por la Junta Directiva causó un perjuicio al patrimonio de la RFEF de 51.746.071,30?", sostiene el auto, que desglosa este daño en tres apartados.

4.996.071,30? por la renuncia a unos derechos que no se acreditan; 17.000.000? por la resolución del contrato de derechos audiovisuales y 29.750.000? por el no ejercicio de la cláusula de responsabilidad penal que contemplaba el contrato de cesión exclusiva de derechos audiovisuales.

Por este último incumplimiento la RFEF "hubiera tenido derecho a reclamar el importe de una anualidad, que en el año 2013 se establecía en 29.750.000 euros por el canon fijo, y el canon variable de 600.000 euros, lo que suponía 30.350.000 euros".

El auto afirma también que "existe una vinculación entre el Grupo Santa Mónica y la RFEF próxima al sistema de clientelismo, en la que personal de dirección de la RFEF percibe retribuciones dinerarias tanto de la RFEF como simultáneamente del GSM".

El mismo refleja que el 30 de enero de 2017 tuvo entrada en la Fiscalía especial una denuncia de Jorge Pérez, que aportaba, entre otros, datos de los acontecimientos posteriores a la resolución de los compromisos, "indicando que se habría procedido a la adjudicación de contratos de derechos televisivos a sociedades vinculadas a personas con las que Villar y Padrón mantienen relaciones de amistad, en detrimento del patrimonio federativo".

Según la denuncia, en el primer trimestre de 2014 el grupo de comunicación MEDIAPRO ofreció 16.000.000? por los derechos internacionales de los partidos de la selección española, Copa del Rey y Supercopa para un periodo de tres años.

"Dicha oferta fue traslada por el denunciante a Juan Padrón y Ángel María Villar, quienes la rechazaron, vendiendo finalmente esos derechos al grupo B4 Capital, al que estaría vinculado el italiano Antonio Matarrese, quien según el denunciante, es íntimo amigo de Villar (ex vicepresidente de FIFA)".

El auto añade igualmente que "el acuerdo, según Pérez, por 16,5 millones? por un periodo de cuatro años, abarcando el ámbito territorial mundial, presumiblemente supuso un perjuicio para el patrimonio federativo".

MEDIAPRO ofreció asimismo la adquisición de los partidos amistosos de la selección española por 40.000.000?, "oferta igualmente rechazada y se adjudicó el contrato a MEDIASET, que revendió presumiblemente los derechos a TVE por importe de 30 millones".

El documento de Pedraz recuerda que ATRESMEDIA denunció en 2014 ante la CNMV que la RFEF no garantizaba los principios de transparencia objetividad y no discriminación de otros operadores en la venta de los derechos televisivos de partidos de la selección española.