ALICANTE. La campaña electoral más decisiva de los últimos años ya ha arrancado: los españoles y los valencianos deben elegir el próximo 28 de abril que modelo de gestión quieren para sus instituciones: o la alianza de izquierdas, como la que ahora sustenta a Pedro Sánchez o Ximo Puig, o la de las derechas, con gobiernos integrados por PP, Cs y Vox, como ocurre en Andalucía. Podría darse el modelo mixto: el acuerdo entre PSOE y Cs, improbable en la Comunitat, deseado por muchos en La Moncloa, con el objetivo de orillar a los independentistas.
Y en el caso de Alicante, en esta campaña, se miden dos hitos, que pueden ser históricos: que el PP pierda la hegemonía electoral que mantiene desde las generales de 1993, cuando superó al PSOE por primera vez en la Democracia, y si finalmente seis partidos obtienen representación por las circunscripción de Alicante. A los cinco tradicionales, que ya cuentan con diputados, tanto en el Congreso como en las Cortes Valencianas, PP, PSPV, Podemos, Compromís y Ciudadanos, se podría sumar la formación conservadora Vox, tal y como prevén la mayoría de los sondeos publicados hasta el momento. Esas mismas encuestas auguran una victoria del PSOE, con un retroceso importante del PP; Cs podría mantener su representación; Podemos a duras penas salvaría un diputado; Vox podría irrumpir y Compromís también deberá luchar para garantizarse al representante que tiene en la actualidad. Alicante es una provincia clave, tanto para la confección del futuro Gobierno central como el Ejecutivo valenciano. En el primera caso, la circunscripción distribuye 12 diputados, una de las más importantes detrás de Barcelona, Madrid y Valencia, e igualada con Sevilla y Málaga. En el caso de las Cortes Valencianas, Alicante puede afianzar la victoria de los socialistas, si finalmente se acaba produciendo, como también pronostican, de momento, las encuestas.
Comienza, por tanto, una campaña que tendrá estas cuestiones como principales ejes de debates, entre elecciones generales y autonómicas:
La competencia entre las formaciones de centro derecha y la crisis institucional y territorial generada en Cataluña han llevado a PP, Ciudadanos y Vox a una dura pugna por el mismo electorado, de ahí que los líderes de las tres formaciones hagan insistentes ejercicios de demostración en la defensa de la unidad de España; la recentralización de determinadas competencias que ahora gestionan las comunidades autónomas y el control sobre los gobierno autonómicos. La alternativa de la izquierda será más descentralización, caminar hacia un modelo de Estado federal y más recursos para las autonomías.
La izquierda defenderá la Ley del Plurilingüismo que ha aplicado el Gobierno del Botànic, que permite la enseñanza en valenciano, castellano e inglés -otro debate son las cuotas-, frente a la libertad educativa que plantean PP, Cs y Vox, no sólo en la cuestión lingüística, sino también con la concertada. Cataluña sigue condicionando el debate educativo. Y dentro del debate sobre el modelo educativo, se suma la retirada de barracones de los colegios, todavía pendiente en muchos centros, pese a las promesas que hizo el Botànic en el inicio de este mandato.
Y lo mismo sucederá con la Sanidad: el PP, Cs y Vox siguen defendiendo la colaboración público-privada, como con el modelo Alzira, ya revertido, mientras que PSPV, Compromís y Podemos urgen a que la reversión se lleve a otras zonas como en la Marina Alta. La versión que se ofrece la gestión de la Sanidad también dispar: el Botànic defiende la inversión pública en los hospitales realizada en este mandato y que se hayan eliminado los co-pagos; la derecha afea el aumento de las listas de espera en los últimos meses.
La revisión del modelo de financiación es un debate eterno en la Comunitat Valenciana. PP, PSPV, Compromís y Podemos lo defienden sin dudas; Cs se descolgó de la aprobación del nuevo Estatut, que sí lo recoge, y de Vox no se sabe nada sobre esta cuestión. Y dentro de la infrafinanciación que sufre la Comunitat, está la que, a su vez, padece la provincia de Alicante.
Pero paralelamente está el debate de las infraestructuras, que está ligado al de la financiación. A falta de un nuevo sistema de reparto de fondos para las CCAA, a los partidos sólo les queda la inclusión de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado. Los de 2019 no se aprobaron, pese a que incluían una importante inyección de dinero para obras en la provincia de Alicante. Las cuentas del futuro Gobierno, en el ámbito estatal, y la posibilidad de que se consensúe un nuevo modelo de financiación monopolizarán muchos debates en esta contienda electoral.
Esta vez, los empresarios, la CEV y la Cámara de Alicante, han elaborado un decálogo de obras que consideran prioritarias para la provincia de Alicante. Y entre ellas, está decidir el futuro de la autopista AP7, cuya concesión vence el 31 de diciembre de 2019.
Si la financiación es un tema recurrente, los trasvases también lo son. El Tajo-Segura sigue en el candelera político, con constantes sentencias judiciales que van minando su continuidad, y el Júcar-Vinalopó sigue sin ponerse en marcha. Todos los partidos defienden los trasvases, a excepción de Podemos, que urge a tomar medidas alternativas.
Pero más allá de eso, el nuevo modelo energético, ya en marcha, con la eliminación del impuesto al sol, y la aplicación de otras energías alternativas tanto en la industria como en la generación de recursos hídricos aparecerá en la campaña, aunque en segundo plano.
El centro-derecha, y especial el PP, hará de esta campaña una apuesta por la reducción fiscal: consideran que ahora sí que se dan las circunstancias para la rebaja de impuestos y por eso, propone la reducción del impuesto de trasmisiones patrimoniales y la desaparición del impuesto de sucesión. Cs y Vox también lo reclaman, pero no con tanto ahínco como el PP. PSOE, Compromís y Podemos, en cambio, insisten en medidas como aplicar más impuestos a la rentas altas y en políticas de redistribución de recursos. Sólo Puig ha tenido un gesto con los empresarios con la promesa de que bonificaría al 99% el impuesto de donaciones y sucesiones.
Más allá de que el fantasma de que una recesión económica se posicione sobre la economía española, los partidos insistirán, aunque con visiones diferentes, por defender una mejora de los indicadores económicos: reducción de la tasa del paro; aumento de las pensiones, ayudas a emprendedores, facilidades para abrir empresas, pactos para reducir la brecha salarial, etc.
Existía un consenso básico y amplio sobre cómo los partidos debían afrontar la política para la erradicación de la violencia de género. Pero la irrupción de Vox ha reabierto el debate, pues su posicionamiento supone una enmienda a la totalidad al consenso y a las políticas llevadas a cabo hasta ahora. Además, PP y Cs lamentan que la izquierda patrimonialice este asunto, de aquí que lo normal es que entre en escena en la campaña.
