Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. Una pasarela peatonal frente a los edificios de Gemelos 28. Esta es la propuesta que hizo la Generalitat Valenciana para tratar de salvar de la demolición estas dos torres de Benidorm. Así lo desveló el gobierno local en su moción presentada al último pleno por el que el gobierno local junto al resto de la corporación aprobaron una declaración institucional contraria al derribo. Además, buscarán las posibles vías jurídicas para que se reconozca de utilidad pública con el fin de que bajo ese pretexto se pueda evitar su demolición.
El caso se expuso en la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia, a la que pidió acudir la Generalitat como último cartucho para mantener el residencial. Pero donde no se llegó a ningún acuerdo. En ese momento, pidieron que se tratara de resarcir el problema urbanístico prolongando el paseo marítimo de Levante. Para ello, crearían una pasarela peatonal desde la que se podría acceder al mar. Es decir, aumentar el espacio público en la zona como una forma de compensar.
Una propuesta que también defendió la portavoz del PP y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, recordando que esta idea la han tratado de llevar a cabo otros gobiernos para beneficio de la ciudad, y en aquel momento, sin pensar en el principio de la proporcionalidad para revertir la situación creada por la sentencia que pide su demolición.
Además, entre las alternativas de mejora ambiental apoyadas por el Ayuntamiento, está la protección y arreglo de los bordes del frente marítimo, aumentar la seguridad de los vecinos de la zona y usuarios y convertir toda la planta baja en un espacio público ajardinado como un mirador lúdico y turístico.
Caselles explicó la postura del Ayuntamiento señalando que de efectuarse, afectaría a la imagen de la ciudad. Repasó el historial del caso hasta llegar a estos días, donde el Tribunal Supremo invalida la autorización de Costas y por tanto, la edificación es ilegal y hay que restablecer el terreno a la situación anterior a la obra.
Lo llamativo del asunto y en lo que pone énfasis Caselles es que en ningún caso está prohibido volver a construir en ese solar. Es más, el plan urbanístico permite que el propietario del suelo pueda edificar unos seis metros más atrás, con una fachada de 40 metros y levantarse en 40 plantas. Es decir, el doble de altura que tienen ahora cada una de las dos torres.
La sentencia quiere revertir los metros de servidumbre que está ocupando de más este complejo residencial, pero tanto el gobierno local como el autonómico se apresuran a dar la otra cara como la ya mencionada: la posibilidad de construcción seis metros detrás. Así, Caselles recordó el impacto económico que tendrá en las arcas de la Generalitat, de unos 100 millones de euros, y más ahora cuando, recordó la concejal del PP, la sociedad está demandando más ayudas por la crisis que está atravesando la población derivada de la pandemia.
El derribo supondrá al mismo tiempo desahuciar a unas 500 personas, según los cálculos del Consistorio, de los cuales apuntan que muchos de ellos son extranjeros, lo que afectaría a la "imagen de Benidorm y a la marca España".
Y, dijo Caselles, afectaría al medio ambiente, para lo que habría que hacer un estudio, se verían afectados los objetivos de desarrollo sostenible, planteó las dudas sobre qué hacer con los vertidos que generará la destrucción de dos edificios de 20 plantas, el riesgo de que puedan caer al mar y la huella en la atmósfera que dejará esta ejecución.
Por parte de la oposición, mostraron su postura en contra del derribo tanto el PSOE como Cs, siempre y cuando se pueda salvar por alguna vía legal.
