ELCHE. La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha mantenido este miércoles una reunión con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la Casa de las Brujas en Alicante, una cita concertada en menos de veinticuatro horas después del abordaje fugaz en Elche el pasado lunes donde la plataforma le hizo entrega de documentación y sus reivindicaciones, cuando Gómez se dirigía al coche oficial.
En la reunión de más de una hora, la plataforma ha destacado que los indicadores de medida con los que avala el Gobierno valenciano la supuesta eficacia y eficiencia del departamento de salud del Vinalopó "pueden ser fácilmente manipulados por la empresa a su interés -como informan a algunos trabajadores- y no miden objetivamente la realidad". Desde la plataforma apuntan que "se palpa a pie de calle y en sus propias carnes, como usuarios, las problemáticas de este modelo de sanidad privatizado y por ello le han pedido que amplíe los indicadores de medición y tenga en cuenta factores como la carencia de plantilla, infinitamente mucho más reducida que en los departamentos públicos", ya que esgrimen que gran parte de los profesionales están trabajando sin la especialidad, las peores condiciones laborales o la creciente fuga de profesionales.
Además, le han señalado que los acuerdos de gestión "no son un buen instrumento de medida de la calidad asistencial porque no incluyen en ellos la merma de las plantillas, la fuga de profesionales y tantos aspectos que no se miden en los instrumentos actuales con los que cuenta la conselleria".
La plataforma ha cuestionado la supuesta eficiencia porque "no se conocen las liquidaciones anuales, por tanto, no sabemos realmente cuánto dinero nos cuesta la concesión: en los últimos diez años no ha habido liquidaciones anuales aprobadas y no existen planes de inversión, por que no se puede saber si la empresa está cumpliendo con sus compromisos", ha manifestado Jaime Latour, integrante de la plataforma.
La plataforma ha insistido en la falta de control de las concesiones, que ya denunció el Consell Jurídic Consultiu mediante la auditoría. Según dice el documento "la auditoría de la Sindicatura de Cuentas subrayó que la administración no ha ejercido una tutela efectiva sobre los concesionarios en materia de inversiones, al no constar que se haya aprobado formalmente los planes de inversión anuales ni tampoco los planes quinquenales presentados. Además, tampoco se habían realizado auditorías integrales, obligaciones todas ellas impuestas en las cláusulas del contrato".
Respecto a la eficiencia, el movimiento ciudadano ha presentado sus dudas sobre la idoneidad de mantener el departamento en manos privadas, fuera de la red pública, ante el nuevo escenario de los macrodepartamentos y ha insistido al conseller en que todavía está a tiempo de reconsiderar su postura. En concreto, ha puesto en duda los rankings y certificaciones, "pagadas por la empresa, que se han utilizado desde el propio Govern para defender la prórroga y que supuestamente avalan la excelencia en centros de salud, como por ejemplo el de Crevillent, donde el pasado verano un tercio de la población no tenía médico asignado".
La plataforma ha subrayado la necesidad de control de la concesión por parte de la Conselleria de Sanitat, para que no se vuelvan a dar situaciones como las de Torrevieja. Tal y como consta en el informe de julio de 2023 de la Secretaría Autonómica de Justicia y Administración Pública sobre la reversión "en el caso de Torrevieja, la concesionaria dio por finalizado el contrato temporal de 200 sanitarios que cubrían bajas, haciendo refuerzos en general y los contratos por la COVID, quince días antes de la finalización del contrato administrativo de concesión, lo que provocó dejar bajo mínimos áreas como el servicio de Urgencias; y debe de maternidad, con toda la desatención y caos que esto generó".
También se ha planteado la dificultad legal de la prórroga, un problema señalado en los informes de la propia Conselleria sobre la reversión de Dénia y Manises que dicen que dado que el precio del contrato no puede ser alterado, en el supuesto de prórroga de este servicio se estaría abonando dentro de la prima per cápita por la construcción de un hospital e inversiones ya amortizadas, generando un beneficio extraordinario para la concesionaria que vulneraría los principios recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril , de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Igualmente, se han puesto sobre la mesa otros problemas como la incompatibilidad del sistema informático utilizado en el Departamento de Salud de Elche-Crevillent por Ribera Salud con el de red pública de sanidad, la carencia de personal sanitario especializado, la merma de las plantillas, las demoras en Atención Primaria y, básicamente, la desigualdad de una parte de la ciudadanía con el resto de valencianos y valencianas que gozan de sanidad de gestión pública. En el caso de Elche, la desigualdad se manifiesta entre la misma población que pertenece a un departamento de salud de gestión pública y la otra parte a otro de gestión privada.
La plataforma ha pedido los informes y datos que avalan la decisión manifiesta de la Generalitat Valenciana de prorrogar el contrato a Ribera Salud sin éxito y ha afirmado que seguirán insistiendo para conseguir un cambio de rumbo del Gobierno valenciano y que la población y los profesionales que pertenecen al departamento de salud del Vinalopó no se queden en condiciones de desigualdad respecto al resto de ciudadanía valenciana.
