ALICANTE. La Plataforma Docentes por la Libertad Lingüística y ampas acuden al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para interponer cuatro recursos contencioso-administrativo contra la Ley de Plurilingüismo del Consell y ante el silencio administrativo de la Conselleria de Educación sobre los casi mil recursos de alza presentados.
Desde la plataforma denuncian que solo se ha respondido a un 25% de esos recursos y, según aseguran, con aseveraciones genéricas como que hay una ley, la 4/2018 de Plurilingüismo, que se debe cumplir. El resto no han obtenido respuesta. Esos cuatro recursos los ha tramitado el bufete de abogados Chapapría-Navarro y Asociados tras recabar 9.000 euros en una campaña de recaudación de donaciones. En los recursos tratan de aglutinar a las distintas casuísticas y particularidades que se dan en cada uno de los recursos de alza presentados.
Desde el primer momento varias asociaciones de madres y padres de alumnado de la Vega Baja y docentes se han opuesto a esta ley que tiene como fin que al menos un 25% de las horas lectivas se den en valenciano. El más contundente y visible rechazó se evidenció en una manifestación que recorrió las calles de Orihuela.
El portavoz de la Plataforma por la Libertad Lingüística, constituida como asociación hace un mes, Miguel Ángel Robes critica que la norma impida ejercer el “derecho a estar exento para las zonas castellanoparlantes recogidas en la Ley del Uso del Valenciano”. Robles hace referencia a que mientras por un lado se puede solicitar la exención de la asignatura de valenciano se den clases de asignaturas vehiculares. “Tenemos derecho a no aprender y usar el valenciano. Es un derecho, no una obligación” añade. Califica esta ley y situación de “integrismo lingüístico que no obedece a ningún principio educativo, sino a directrices políticas” añade Robles.
Según datos que ofreció en marzo la Confederación Valenciana de Ampas, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística y Ampas Vega Baja, el 70% de los consejos escolares de los institutos de la comarca rechazaron los proyectos lingüísticos. Por otro lado, y empleando datos a nivel autonómico, en septiembre, el conseller Vicent Marzà en la presentación del curso 2021-2022 señaló que el 93,6% de los centros educativos han aprobado en sus consejos escolares ese proyecto, que cada centro decide dónde ubicar ese mínimo de horas en valenciano. Para la Vega Baja se hizo una pequeña excepción otorgando de forma inicial la posibilidad de que ese porcentaje partiera del 17%. Esta medida tampoco contentó a la parte de la comunidad educativa que rechaza la ley.
Desde la Plataforma de Docentes, en un comunicado, han calificado de “miserable” que la Conselleria no haya dado respuesta a las contestaciones administrativas al vencer el plazo dejando como única vía para reclamar la tramitación judicial. Tras lanzar la campaña para recabar fondos para la financiación del coste de servicios jurídicos, desde la Plataforma cortaron la entrada de fondos al entender que habían alcanzado el importe que necesitaban. No obstante, su portavoz asegura que “dentro de poco tendremos que volver a salir otra vez porque seguro que nos tocará seguir pleiteando”. El pasado 18 de noviembre, el bufete contratado realizó el anuncio formal de la apertura de los cuatro contenciosos contra la administración.