Participantes en una de las manifestaciones para pedir unas pensiones dignas. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Cerca de 313.000 personas censadas en la provincia de Alicante percibe alguna pensión pública, bien de jubilación o bien de otro tipo. Así lo reflejan los datos ofrecidos este lunes en la capital alicantina por los diputados populares en el Congreso José Manuel García Margallo (ex ministro de Exteriores) y Joaquín Albaladejo. Concretamente, en la provincia se cobran 312.970 pensiones públicas, lo que mantiene estable el número de perceptores respecto al último dato conocido del Ministerio de Trabajo, y ofrecido por el presidente de Ineca, Rafael Ballester, en el foro sobre el futuro de las pensiones organizado por Alicante Plaza en marzo: 313.021 pensionistas.
En cambio, el importe medio de la pensión sí ha crecido respecto al dado ofrecido por Ballester en dicho foro. En este caso, referido al cierre de 2016. Así, según los datos de Eurostat citados este lunes por los dos parlamentarios populares, la pensión media de jubilación en la provincia se sitúa en 918,81 euros al mes. El dato de la Agencia Tributaria (AEAT) citado por Ballester y referido al cierre de 2016 dejaba la pensión media en 12.116 euros anuales, es decir, 865 euros mensuales (a catorce pagas al año). De esta forma, el dato ofrecido por Margallo y Albaladejo en la sede del PP de Alicante, referido a 2018, supone un 6% más que el registrado por la AEAT para la provincia hace dos años.
Según los parlamentarios populares, las pensiones de jubilación en la provincia de Alicante son en la actualidad un 15,7% más altas que a finales de 2011, cuando dejó el Gobierno el PSOE. Al margen de las pensiones por jubilación, en la provincia se pagan 12.304 complementos por maternidad en las pensiones de mujeres madres (hasta un 15%). En 2018, 6.000 nuevas mujeres percibirán el complemento de maternidad y en 2019 llegarán a 20.000 las beneficiarias. Asimismo, hay 17.622 beneficiarios de pensiones no contributivas, que se incrementarán un 3% este año si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Margallo y Albaladejo defendieron el proyecto de PGE presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Cámara Baja, donde iniciará su trámite parlamentario la semana que viene, y se mostraron confiados en que finalmente se aprobará, pese a que de momento no cuenta con apoyos suficientes. En este sentido, los populares consideran que el PNV apoyará finalmente las cuentas si la situación en Cataluña se normaliza con el decaimiento del artículo 155. En este sentido, Margallo lamentó que el PSOE no quiera apoyar los presupuestos, pese a las medidas sociales que a su juicio incorpora, y atribuyó este posicionamiento a un "prejuicio ideológico".
Como adelantó este lunes Alicante Plaza, el exministro no solo abordó el incremento de este año en las pensiones si entran en vigor los nuevos presupuestos, sino que analizó cómo garantizar el sistema público de pensiones a medio y largo plazo, en un escenario en el que la ratio trabajador-pensionista es cada vez más baja (será de 1,9 en 2060). Así, el parlamentario popular apostó por 'blindar' las pensiones con una reforma constitucional que las integre en el capítulo de 'Derechos y Libertades' de la Carta Magna, de forma que se genere un derecho defendible en los tribunales, y por una reforma tributaria que vincule el pago de las prestaciones al IVA, y no a las cotizaciones sociales.
Para sostener el sistema, el exministro apuesta por una combinación de medidas, algunas de las cuales forman parte del programa popular, y otras de cosecha propia. En este sentido, enumeró las ayudas a la natalidad, a las guarderías, un control de la inmigración para fomentar la llegada de personas que se incorporen de forma inmediata al mercado de trabajo, y por último "modificar el sistema tributario para sustituir las cotizaciones sociales por el IVA". El ministro llamó la atención sobre la progresiva desproporción entre trabajadores y pensionistas, de forma que si no se cambia la fuente de ingresos, solo cabe "o subir las cotizaciones e incrementar los costes laborales, o bajar las pensiones".
Por otra parte, Margallo y Albaladejo defendieron las políticas del Gobierno central para favorecer la creación de empleo, con cifras concretas en el caso de la provincia. Según sus datos, en Alicante ya hay 71.500 personas paradas menos que en diciembre de 2011. Si en diciembre de ese año el número de parados crecía a un ritmo del 5,2% anual, en estos momentos se reduce un 7,2%. En el sentido contrario, el de la creación de empleo, Alicante cuenta ahora con 87.802 personas más trabajando que en diciembre de 2011. De esta forma, según los populares, se han recuperado 117.657 de los empleos destruidos durante la crisis.
