La otra pugna del plurilingüismo: César Sánchez relanza su mensaje antinacionalista ante Cs

ALICANTE. Cada decisión judicial contra el decreto de plurilingüismo o cualquier decisión normativa del actual Gobierno del Botànic en materia lingüística -en favor de promocionar el valenciano, se entiende- supone una oferta de Partido Popular y Ciudadanos por enmendar la política del PSPV y de Compromís en esta cuestión. Y dentro de cada unas de ellas, una contraoferta del rival en el espectro de centro-derecha. Y máxime, a raíz de los debates generados del proceso soberanista catalán y de la pugna que mantienen populares y Ciudadanos por un mismo electorado, y que las encuestas consideran mayoritario, al menos, en estos momentos, desequiibrado a favor de la formación de Albert Rivera. A propuesta de uno, contra oferta de otros. Esta semana hemos visto tres ejemplos con los que ambas formaciones pugnan por ganarse al electorado que reniega de las políticas del Botànic en materia lingüística. Y este miércoles, aprovechando la cuestión de inconstitucionalidad que el TSJ plantea al texto normativo de Marzà, César Sánchez, del PP, ha lanzado su última oferta: "La Diputación de Alicante también velará para que no se imponga en la Comunitat Valenciana el requisito lingüístico excluyente".

Aunque la pugna lleva tiempo, esta semana hemos visto hasta qué punto PP y Ciudadanos rivalizan por esta cuestión. La cosa empezó el lunes con la reunión de Ciudadanos con los profesores interinos excluidos de la bolsa de trabajo de Educación por no disponer de la capacitación para impartir el valenciano.  Este asunto lo dejó aprobado el PP en 2013, como remarcan desde la formación naranja, pero que tras varias moratorias, Compromís ha decidido aplicarlo, aunque con matices: no ha excluido a los afectados de la bolsa de trabajo hasta que obtengan el pertinente título. No imparten clase, pero siguen dentro de la bolsa. Ciudadanos, según plantearon Marta Marta Martín y Mari Carmen Sánchez, propone que puedan dar clase en las zonas castellanohablantes de la Comunitat. 

Pero la oferta no queda ahí: Martín fue más allá y recordó que  que en febrero presentaron una proposición de ley en el Congreso para que en España la lengua "no sea un requisito, sino que sea un mérito", porque las lenguas cooficiales "no pueden suponer barreras" ni que se "expulsen el talento del sistema" por cuestiones lingüísticas.

Y el PP no se ha quedado atrás. Al debate generado por el último fallo del TSJ y la inconstitucionalidad, Sánchez ha aprovechado su encuentro con las asociaciones de padres y madres católicos y el AMPA Gabriel Miró, para anunciarles su última propuesta contraria al requisito lingüístico y, al mismo tiempo, marcar un perfil más antinacionalista, más antiCompromís.

Ante un sector de la comunidad educativa, como los presidentes de Concapa y Covapa, Julia Llopis y Ramón López, respectivamente, y los representantes de los sindicatos de profesores FSIE y USO CV, José Gabriel Alfonso y Sagrario Gálvez, Sánchez ha sido tajante: "El requisito lingüistico -se entiende, que el aprobado por este Consell- es una auténtica discriminación que genera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en la Comunitat Valenciana", ha dicho ante los representantes de padres y madres de colectivos educativos. "Lucharemos para sacar el nacionalismo del gobierno valenciano porque entendemos que está haciendo daño a la sociedad valenciana e intenta separarnos del conjunto de España y acercarnos a una falacia administrativa como son los Països Catalans, que ni han existido, ni existen, ni existirán", ha insistido.

Y es que Sánchez persigue, en esta materia, que la Diputación de Alicante sea la abanderada contra la política educativa de Compromís y de la Conselleria de Educación y Cultura, con la que, curiosamente, no ha firmado ningún acuerdo en materia de colaboración, más allá de la que exigen foros comunes como el Consorci de Museus. Alicante es una circunscripción clave en el voto de centro-derecha y, de acuerdo con os últimos sondeos, PP y Ciudadanos pugnan en estos momentos por ser la fuerza más votada, algo que puede ser determinante para la configuración de los próximos gobiernos locales, autonómico y, quién sabe, si el mismo gobierno provincial que él ahora preside. 

Sánchez sabe que la ausencia de Ciudadanos de la Diputación, tras el paso del diputado Fernando Sepulcre al grupo de no adscrito, le da cierta ventaja. No obstante, ello no evita que Ciudadanos haya cuestionado su política de subvenciones municipales o haya censurado los escándalos del PP en etapas pasadas en la misma institución provincial. Pese a ello, Sánchez insiste en mantener la tensión judicial por el tema educativo: "La institución provincial va a estar al lado de la comunidad educativa, va a seguir defendiendo la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y va a seguir defendiendo que el valenciano forme parte, por supuesto, de nuestra realidad educativa en la Comunitat Valenciana pero sin excluir, en ningún caso, el castellano", ha asegurado. El también alcalde de Calp también matiza: defiende al valenciano, pero pone el acento en la no exclusión del castellano, otro detalle para diferenciarse de Ciudadanos, con mucha menos presencia en municipios pequeños -de mayoría valencianohablante-, donde el PP si que es hegemónico. El mensaje es para las grandes urbes, donde está la gran batalla con los naranjas.

Sánchez ha querido marcar perfil, como viene haciendo en toda la cuestión referida al tema judicial del plurilingüismo. Bien vía redes sociales, bien vía comunicado de prensa, siempre ha sido el presidente de la Diputación quién ha marcado el tempo informativo, hasta este miércoles, cuando un diputado del PP se le ha adelantado por twitter y ha dejado al presidente sin su scoop. Hasta en eso parece que haya pugnas dentro de un mismo partido.