BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha acordado este lunes habilitar una partida económica de 2.097.278 euros para llevar a cabo una nueva edición de la campaña del bono consumo #BenidormTeDaMás, que se desarrollará entre el 15 y el 31 de diciembre y que llegará a todas las personas empadronadas mayores de 18 años, que podrán beneficiarse de la misma en las compras navideñas que realicen en el comercio local. Para ello, el pleno municipal ha dado luz verde a una modificación presupuestaria, la número 21, que se ha debatido dentro del apartado de despachos extraordinarios y que ha sido aprobada por unanimidad.
La edil de Hacienda, Aída García Mayor, ha explicado que el importe destinado por el Ayuntamiento a esta campaña cuenta con una subvención de la Diputación Provincial de Alicante que asciende a 647.278 euros mientras que los 1.450.000 euros restantes serán atendidos con fondos municipales. De ellos, 450.000 van a ser transferidos de dinero que hay disponible en el Capítulo 1 del Presupuesto Municipal, donde se recogen los gastos de personal, tal y como ha explicado la concejal, que también ha matizado que el otro millón de euros se transferirá de este mismo capítulo del presupuesto, pero de otras partidas cuya modificación es competencia directa del alcalde.
De este modo, con la modificación aprobada por pleno para habilitar esta nueva edición del bono consumo #BenidormTeDaMás, “cumplimos con nuestro compromiso de seguir apoyando a las familias y a nuestro tejido empresarial”, ha asegurado García Mayor. La concejal de Hacienda también ha destacado que Benidorm “es el único municipio que inyecta una importante cantidad de recursos propios en estos bonos consumo, sumándolos a la subvención concedida por la Diputación, porque creemos que es una medida muy beneficiosa para los ciudadanos y empresas”, recordando que en la última edición el impacto económico de la misma “se multiplicó hasta los 6 millones de euros”.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, que también preside la Diputación Provincial, también ha destacado que este organismo provincial “ha movilizado ayudas para todos los municipios” y que “la diferencia entre poblaciones de otro color político y Benidorm es que éstos cogen solo esa cantidad, lanzan un bono consumo, y los ciudadanos tienen que casi pelearse para ver quién se beneficia. Si nosotros hubiésemos hecho eso, cada ciudadano tendría un bono de 9,25 euros, pero este gobierno hace un bono universal, para todas las personas empadronadas a partir de 18 años”, aportando fondos municipales a la subvención provincial para incrementar la cuantía a repartir entre cada vecino. “El bono de Navidad tiene muchas más cosas positivas que un simple bono: el comercio refuerza su facturación de cara a final de año, la ciudad coge ambiente, nuestros vecinos pueden comprar en unas fechas muy señaladas”, ha defendido Pérez, quien ha ahondado en que “todas las personas mayores de 18 años podrán beneficiarse de este bono en condiciones de igualdad hasta el 31 de diciembre”.
Mientras tanto, desde el PSOE han "denunciado el incumplimiento que realiza Toni Pérez de su promesa electoral de mantener el bono consumo, ya que este año ha reducido de dos a una las ediciones", declaran. Además, la portavoz, Cristina Escoda, ha lamentado que Benidorm ha sido la única localidad de la Marina Baixa "en la que no se disfrutaron estas ayudas aprovechando la vuelta al cole, en el mes de septiembre".
Así, Escoda ha recordado que el PSOE lleva meses "reclamando con insistencia que se desarrollase una nueva campaña de bonos consumo, y ha criticado que un punto tan importante como este, al que se va a destinar gran cantidad de dinero público", lo ha incorporado el PP “in extremis” y “con calzador” al final del pleno celebrado esta mañana. “El señor Pérez ha querido tapar con esta nueva campaña de bonos el malestar ciudadano por la subida de impuestos y tasas que ha perpetrado su gobierno. Justo el día después de la manifestación contra la subida de impuesto, el alcalde fuerza al límite y casi a la desesperada la inclusión en el pleno de una nueva modificación presupuestaria para viabilizar una nueva edición del BenidormTeDaMás”, ha afirmado.
Igualmente, y ya dentro del orden de los despachos extraordinarios, el pleno de la Corporación ha dado luz verde a otra modificación presupuestaria, la número 20, cuya cuantía asciende a 1.373.551,72 euros procedentes del remanente de Tesorería de 2022. La edil de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que de este importe total, 837.316,49 euros irán destinados a pagar el nuevo impuesto de residuos diseñado y aprobado por el Gobierno de España, al cuyo coste hará frente el propio Ayuntamiento “destinando sus ahorros de 2022 para no repercutirlo” en el recibo de los ciudadanos. Igualmente, otros 536.235,23 se destinarán a pagar los sobrecostes de la factura de la luz de todos los edificios municipales, como consecuencia de la brutal subida del precio de la energía eléctrica experimentando en el próximo año. Esta modificación ha salido adelante con el voto favorable del grupo municipal del PP y de Vox, y con el voto en contra del PSOE.
La edil de Hacienda ha declarado que, en ambos casos, se trata de dos pagos que son “obligatorios” y a los que el Ayuntamiento “tiene que hacer frente sí o sí”. En este sentido, García Mayor ha lamentado que el nuevo impuesto de residuos aprobado por el Gobierno central de Pedro Sánchez “nos obliga a abonar al Estado más de 830.000 euros de nuestro remanente que se podrían haber destinado a ayudas a familias, al tejido productivo o a otras inversiones para nuestro municipio” y ha recordado que este gravamen, además, es el motivo por el que el Consistorio tendrá que subir la tasa de la basura en 2024. Por lo que se refiere a los sobrecostes de la factura eléctrica, la concejal ha explicado que el importe total del mismo calculado por los técnicos asciende a 1.431.758,65 €, de los que 536.235,23 se abonarán con esta modificación presupuestaria y el resto irán con cargo a otras partidas.
El pleno también ha sacado adelante, en este caso por unanimidad de la Corporación, la Cuenta General de 2022 así como una moción elevada por el concejal del Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, para participar en una segunda convocatoria de subvenciones para proyectos digitalización y de mejora de la eficiencia del ciclo del agua en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.
Por último, en esta sesión también se ha dado cuenta de un informe emitido por el Consell Jurídic Consultiu con fecha 22 de noviembre sobre la resolución del contrato de gestión del servicio público de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos en el término municipal de Benidorm. Dicho informe, realizado por el Consultiu a expensas del propio Ayuntameinto, concluye que el procedimiento de resolución instruido por el municipio es procedente y, por tanto, avala la tramitación técnica del mismo por los numerosos incumplimientos por parte de la empresa, la UTE formada por Autobuses Playa San Jaun y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, cuyo contrato se formalizó el 4 de mayo de 2015.
Entre los incumplimientos por parte de la mercantil, de los que también se hace eco el Consell Jurídic Consulti en su informe, figuran cobrar a los usuarios más de lo que establece la tarifa aplicable; no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados; reducción de personal adscrito al contrato sin autorización municipal; cese de la asistencia técnica anual; incumplimiento de existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado; incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero; e incumplimiento con materiales y equipos de oficina, por no disposición de plotter.
Dentro de los puntos contemplados de manera ordinaria dentro del orden del día, el pleno ha aprobado por unanimidad una propuesta de la Junta de Portavoces para entregar la Medalla Corporativa de la ciudad al sacerdote benidormense Jaume Benaloy Marco por “su papel fundamental en la defensa de la solidaridad entre pueblos y por su trabajo desinteresado en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas y nuestro planeta” según reza en la propuesta de acuerdo.
El pasado mes de octubre se cumplieron quince años desde que emprendió la que él mismo calificó como “la misión más gratificante de su vida”, cumpliendo no solo con el envío del Obispado sino también con un sueño que le rondaba la cabeza desde su ordenación como sacerdote el 26 de junio de 1999.
Benaloy fue designado en junio de 2008 por el Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante para trabajar en las misiones de la diócesis de Chimbote, en Perú, adonde se desplazó en octubre de ese año para realizar distintos trabajos de evangelización y ayuda a los más necesitados, atendiendo especialmente a la gran problemática social y ambiental de la misma.
También por unanimidad se ha aprobado el inicio del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros de la Policía Local de Benidorm, Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul, los agentes Manuel Risueño Bañuls y Antonio Gorreta Amador “por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, haber estado más de diez años de servicio como Policía Local y estar en posesión de dos felicitaciones públicas a título individual”.
Por otra parte, con los votos de los grupos municipales del PP y Vox y el voto en contra del PSOE, ha salido adelante una moción del PP en defensa de la Constitución Española, la igualdad de los españoles y el respeto al estado de derecho y la democracia. En dicha moción se indica que el acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes “es el ataque más grave al Estado de Derecho en nuestra democracia” y se afirma además que “dicho acuerdo profana la Constitución que fuimos capaces de construir entre todos en 1978”.
La moción acusa a Sánchez de “no dar la cara” porque “sabe lo que implica este indecente acuerdo”. En ese sentido, achaca al presidente del Gobierno que “sabe que está vendiendo España, sabe que quiebra la igualdad de los españoles ante la ley, sabe que el acuerdo niega que España sea un estado de Derecho, sabe que dinamita los cimientos de la separación de poderes y sabe que debilitará el estado de las Autonomías”.
En la moción se asegura asimismo que el pacto de gobierno “otorga carta blanca a la celebración de un referéndum que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional, como reiteradamente ha manifestado el Tribunal Constitucional”. También lamenta que Sánchez haya cambiado los votos que necesitaba para ser presidente del Gobierno “por más de 15.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles. Un precio que pagaremos todos y que convertirá a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda”.
Por último, la moción manifiesta “la firme adhesión” del Ayuntamiento a la Constitución Española, que España es “una democracia fuerte, plural y con principios, con resortes para contrarrestar a aquellos que quieren debilitarla”. Igualmente se expresa el “firme rechazo” a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier comunidad autónoma “ya que rompe la igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España”. Por último se deja patente la “repulsa a cualquier ley de amnistía por ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, así como nuestra repulsa ante la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación de cualquier territorio de España”.
También ha sido aprobada una moción del grupo socialista, que ha enmendada por el grupo popular, para el cumplimiento del acuerdo plenario sobre la subida de la tasa de basura, acuerdo que se adoptó el 27 de diciembre de 2016 y el 26 de febrero de 2018. Dicha propuesta pedía inicialmente suspender la tramitación de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 17 hasta que no se cumpliera el mandato del pleno señalado en el primer punto de la moción.
Con la enmienda del grupo popular la propuesta ha acordado “instar al gobierno de España a suprimir o suspender, con efecto 1 de enero 2024, la parte impositiva que, contra los contribuyentes de la comúnmente denominada ‘Tasa de la basura’, se impone en la ley 7/2022 de 8 de abril”. El acuerdo se ha adoptado con los votos favorables de PP y Vox y el contrario del PSOE.
En el debate del mismo, la portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, ha lamentado que el gobierno de Sánchez haya creado el nuevo impuesto de la basura, que se ha traducido en un aumento superior a los tres millones de euros a pagar en el caso de Benidorm. “Si no pagamos el impuesto sería delito e intervendría el ministerio fiscal” ha informado Caselles. “Según la ley es un impuesto finalista, es decir que debe servir para mejorar el servicio, más y mejores contenedores, maquinaria… Pero en 2022 no hemos visto ninguna mejora. Cero” ha añadido la edil.
Antes de la votación el alcalde Toni Pérez ha querido aclarar que “el Ayuntamiento sí cumple los acuerdos plenarios” y ha recordado que en este caso “aquellos acuerdos de pleno a los que se refería la moción socialista tenían que ver con los pliegos del nuevo contrato de la basura, que todavía no está aprobado”.
Por su parte, los socialistas han lamentado las declaraciones del alcalde. “Bien vale la pena pagarla”, y que “al final son 22 céntimos al día por hogar” han sido las palabras literales de Pérez, dice el comunicado. "Sin tener en cuenta que su situación económica es muy diferente a la del resto de la ciudadanía. Pérez cobra más de 120.000 euros al año por retribuciones entre el Ayuntamiento y la Diputación, y dispone de gastos y dietas pagados, además de amplios equipos de asesores a su disposición en ambas instituciones", defienden desde el PSOE.
Así, aseguran que Toni Pérez y el PP, que han sido abucheados en el pleno, "han culpado al Gobierno de Pedro Sánchez y de Ximo Puig de todos los males que afectan a Benidorm, ofreciendo datos falsos como que se sube la tasa únicamente por culpa de un nuevo cargo del Gobierno central, cuando ésta es una mínima parte de la subida". Escoda ha arremetido contra el PP por “ocultar la información a la oposición e incorporar los puntos del pleno más importantes por la vía de ‘despachos extraordinarios’, a pocas horas de empezar la sesión o en el transcurso de la misma, sin permitir a la oposición consultar a los técnicos o estudiar con calma la documentación”. La portavoz socialista ha recordado que los 16 concejales del PP y sus 11 asesores "cobran de las arcas municipales más de 1 millón de euros al año". “Su legión de personal con dedicación exclusiva tiene unos ingresos muy elevados, pero parece ser que trabajan poco y mal para llevar tan tarde los acuerdos a pleno”, ha indicado.
Asimismo, Escoda ha censurado que el gobierno del PP, "con el rodillo de su mayoría absoluta, utilice una vez más la estrategia de enmendar la totalidad de las propuestas de la oposición para desvirtuar totalmente el sentido de las mociones". Así, la dirigente socialista ha explicado que desde el PSOE planteaban suspender la subida del 72% del recibo de la basura porque “el mandato del pleno que tiene el señor alcalde desde 2016 no es el de subir la tasa a todos por igual, sino estudiar una proporcionalidad y que no afecte a las viviendas”. “El alcalde no ha sido capaz de escuchar el mandato del pleno en dos ocasiones y, menos aún, de dar la cara y escuchar ayer las protestas de los manifestantes que protestaron ayer contra la subida del IBI y la basura”, ha apuntado.