Las instalaciones de la depuradora de Monte Orgegia, gestionada por la Mancomunidad de l'Alacantí.ALICANTE. Un informe elaborado por la Mancomunidad de l'Alacantí, a cuenta del debate sobre la supuesta desproporción entre sus costes de funcionamiento y de los servicios que presta, refleja que el Ayuntamiento de Alicante soporta poco más del 50% de las aportaciones que realiza el conjunto de la Mancomunidad para financiar el tratamiento de las aguas residuales en la depuradora de Monte de Orgegia. La entrega del ayuntamiento capitalino para ese fin es de 147.000 euros. Según ese estudio, que será elevado para su consideración en el pleno del organismo supramunicipal de este viernes, el 70% del caudal que se depura en esa instalación procede de la capital. El 30% del caudal restante viene de San Vicente, ya que los municipios de Sant Joan, Mutxamel y El Campello derivan sus caudales hasta la depuradora de l'Alacantí Nord.
El informe concreta, además, que con su participación en la Mancomunidad, Alicante tiene garantizado el tratamiento de prevención de plagas (desratización, mosquitos, etc.) a un coste de 60 céntimos por habitante, con una aportación de 199.330 euros anuales. Se trata, según ese estudio, de un coste sensiblemente menor del que se soporta en una ciudad próxima con un tamaño similar como Murcia. En la capital vecina, ese mismo servicio se paga a un precio de 95 céntimos por habitante.
El estudio detalla, en la misma línea, que gracias a la Mancomunidad, se han captado inversiones europeas y de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) por valor de 85 millones, en el periodo 1998-2012. De esa suma, 37 millones han sido para acometer diversas obras en la ciudad de Alicante, como la ampliación de la depuradora de Monte Orgegia, la construcción del emisario submarino de La Albufereta o el colector sur, que da servicio al distrito de Playa de San Juan. Además, se ha financiado la redacción de proyectos por valor de 130.000 euros y se han acometido obras con fondos propios de la Mancomunidad por otros 2 millones, desde 1998 hasta la actualidad.
Por lo que respecta a los gastos, la entidad presidida en la actualidad por el alcalde de Sant Joan, Jaime Albero (PSOE), ha reducido la partida asignada para dietas por asistencias a sus vocales (dos por cada ayuntamiento mancomunado) en más de un 50%, al pasar de 32.042 euros en 2012 a 16.389 en 2016. También se ha reducido costes derivados del alquiler de su sede. Siempre según el mismo estudio, hasta 2014 se pagaba por el alquiler de su antigua sede, ubicada en la Plaza de Santa Faz, nada menos que 40.146 euros anuales. Por las actuales oficinas ubicadas en la Casa Carbonell, se paga 18.876 euros.
Su estructura, según el informe, se compone de cuatro personas (un delineante, un ingeniero, un administrativo y un auxiliar administrativo. Y, por último, el informe concreta cuáles son las aportaciones que asume cada uno de los municipios mancomunados: Alicante, 463.000; El Campello, 120.000; San Vicente, 113.000; Sant Joan y Mutxamel, 78.000 cada uno de ellos, y por último, Agost, 18.000.
El informe surge a colación del anuncio formulado por el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, durante el pleno de presupuestos, en el que avanzó la elaboración de estudios para la salida del ayuntamiento de la Mancomunidad con el fin de propiciar un ahorro de cerca de 500.000 euros. El primer edil alicantino apuntó, 24 horas después, que se trataba de evaluar la conveniencia de su funcionamiento en sus dimensiones actuales y de racionalizar la prestación de servicios para no duplicar y hasta triplicar estructuras en referencia con otras instituciones como la Diputación.
Ese anuncio volvió a surgir en el pleno de este jueves a instancias de una pregunta formulada por Ciudadanos (C's) sobre la posición de los ediles de Compromís respecto al anuncio de Echávarri. El portavoz de los nacionalistas, Natxo Bellido, reiteró que él y su partido defendían la supervivencia de las mancomunidades y se felicitó de que el anuncio del primer edil hubiese servido para dar a conocer cuáles son sus funciones. Además, insistió en que ese mismo anuncio también sirvió para volver a abrir el debate sobre la necesidad de reducir estructuras como las de las diputaciones. Bellido añadió que de lo que se trataba con la propuesta de Echávarri era de reducir costes: "¿Es necesario que la sede de la Mancomunidad esté en la Casa Carbonell? No. Pues de eso estamos hablando", dijo.
