La planta de tratamiento de envases gestionada por Vaersa en Benidorm, en una imagen de archivo.Este caluroso mes de agosto nos sorprendió el Consell con la aprobación del Decreto Ley 13/2020 que declara competencia autonómica la gestión de los envases ligeros recogidos selectivamente en el contenedor amarillo, mediante la gestión de las cuatro plantas de clasificación de ese residuos gestionadas desde hace más de 20 años por la empresa pública Vaersa. Era público y conocido que una parte importante de los ingresos de esa empresa (alrededor de 9 millones de euros anuales) provenían de la gestión de esas cuatro plantas de clasificación de envases ligeros (Benidorm, Alzira, Picassent y Castelló), en puro negocio comercial con Ecoembes, el sistema de gestión privado constituido por los productores, envasadores y distribuidores de los productos envasados, que de forma monopolista ampara una nefasta gestión de esos envases, ya que solo recicla una tercera parte de lo puesto en el mercado, y consiente el abandono generalizado de esos residuos en mares, playas y medio urbano, y que endosa el problema generado por sus socios a los Ayuntamientos, que deben sufragar la mayor parte de los gastos que les ocasiona esa gestión y la necesaria limpieza urbana de calles y playas.
Si hiciéramos caso a la costosa publicidad de esa empresa y para el público no atento, Ecoembes parece una ONG ambiental, pero la realidad está muy lejos de esa ficción. La mayor parte de su accionariado está en manos de multinacionales como Unilever, Coca Cola, Nestlé o Procter-Gamble, y de cadenas de grandes superficies como Mercadona, El Corte Inglés o Carrefour.
Las justificaciones del Consell para la extraordinaria urgencia de ese Decreto Ley no se sostienen por ninguna parte. Se habla de la pandemia y la mayor generación de envases (falso, pues la generación de residuos descendió en el confinamiento), del expediente sancionador abierto por la Comisión Europea al Reino de España por el vertido de residuos sin tratamiento previo y de unas posibles sanciones a la Comunitat Valenciana por esa causa, cuando aquí no se dan esas circunstancias y esas sanciones no pasan de ser hipotéticas y en todo caso recaerían sobre el Gobierno central, único representante del Reino de España ante las instituciones europeas, se habla de un posible colapso del sistema de gestión de los envases si hubiera una avería en las instalaciones (???); etc. Todas esas justificaciones son falsas y cogidas por los pelos.
La auténtica justificación, que ahora se esconde de forma calculada, y que ya se intentó solucionar mediante la malograda fusión precipitada de Vaersa con Epsar (otra empresa pública encargada de la gestión de las aguas residuales urbanas), es que Vaersa no cumple los requisitos que la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 impone para ser considerada "medio propio" de la Generalitat, y por tanto, no estaba justificada su presencia en una actividad con ánimo de lucro, que no estaba respaldada por ninguna normativa. Un problema que se arrastra desde 2017 y que ahora se presenta su solución como de urgente necesidad para evitar su tramitación parlamentaria mucho más democrática, abierta al debate y a la confrontación política y social.
Lo que roza el ridículo es que se justifique ese Decreto Ley en los estudios de Ecoembes, que pretenden hacer creer que es mejor clasificar los envases en plantas específicas gestionadas por Vaersa que en las plantas de tratamiento de la basura urbana mezclada, plantas TMB (Tratamiento Mecánico Biológico) gestionadas por los Consorcios de los Planes Zonales. ¿Es lógico que un envase depositado en un contenedor amarillo de Alacant viaje a Benidorm para ser clasificado recorriendo decenas de km , cuando hay no una (en Fontcalent) sino tres plantas TMB en un radio de 15 km)?. O que un envase depositado en Vinaròs o Benicarló recorra más de 50 km para ser clasificado en Castelló? ¿Dónde están los principios de proximidad y autosuficiencia básicos en la gestión de los residuos?
Tampoco cuadran las determinaciones de ese Decreto Ley con la realidad de la planta TMB de Elx que tiene una línea especial de envases ligeros y que trata todos los envases recogidos selectivamente en el Baix Vinalopó y en toda la Vega Baja, en una planta gestionada por una UTE privada.
Lo preocupante de este Decreto Ley son las consecuencias que conllevará, pues deja la supervivencia de Vaersa en manos de Ecoembes. Así el Convenio entre Ecoembes y la Generalitat firmado en 2013 y prorrogado desde entonces, se mantendría intacto, visto el borrador que se prepara, dejando a los Ayuntamientos con un déficit crónico en la gestión de los envases recogidos selectivamente, y no aplicándose las nuevas normas sobre responsabilidad ampliada del productor aprobadas en Europa. Además la Generalitat daría el visto bueno al proyecto "Reciclos" de Ecoembes, un sistema de recompensa, a través de la implantación de centenares de máquinas que devolverían un céntimo al que depositara el envase, y postergaría indefinidamente la implantación de un verdadero Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (devolución del casco a la tienda, que funcionó aquí hasta los primeros años 80 del siglo pasado), el único que puede asegurar unas tasas de reciclaje acordes con las exigencias europeas.
Quién te ha visto y quién te ve ahora Generalitat. De ser, en la primera época del Botànic 1, el líder e impulsor de ese sistema ampliamente implantado en más de 40 estados, con magníficos resultados y que eliminan de raíz el abandono de esos residuos de envases en el medio natural y urbano, a apoyar vergonzosamente ahora las iniciativas del lobby del envase y lad istribución, para salvar a Vaersa.
Carlos Arribas, Responsable Confederal de residuos en Ecologistas en Acción
