Los ediles del grupo municipal del PP. ALICANTE. El PP de Alicante yerra en su estrategia para tratar de deslegitimar al tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) atribuyéndole una supuesta falta de transparencia en su acción de gobierno. Al menos, eso se desprende de la sentencia conocida este jueves sobre el contencioso que los populares interpusieron por la denegación y retraso en la entrega de diversa documentación municipal, con la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la participación política que se recogen en el artículo 23 de la Constitución.
La titular del juzgado de lo Contencioso número 4 entiende que no ha existido esa vulneración de derechos al considerar que "no nos hallamos ante un caso de inactividad de la Administración concebida ésta como inacción o pasividad" por lo que desestima el recurso del PP. Pero, además, llega a reprender al principal partido de la oposición por haber iniciado acciones legales incluso antes de que expirase el plazo adicional que sus propios representantes habían accedido a conceder de forma tácita al equipo de Gobierno para poder responder a todas sus peticiones de información.
El fallo, anunciado por el propio alcalde, Gabriel Echávarri, durante una comparecencia pública, insiste en que el Ayuntamiento inició los trámites necesarios para atender las peticiones del PP en cuanto se presentó la solicitud, el 28 de diciembre de 2016: un total de 33 expedientes de diferentes áreas. El plazo legal para responder esas peticiones era de 20 días. Y el equipo de Gobierno no respondió todas esas solicitudes en ese límite temporal. Sin embargo, la jueza considera "la demora o retraso en la entrega de la misma se encuentra justificada y no comporta una merma ni lesión del derecho constitucional invocado".
De hecho, la sentencia estima que el propio Ayuntamiento se acogió al reglamento orgánico del pleno y, el 13 de enero, comunicó al PP una ampliación de plazo de respuesta a esa solicitud de información en otros 30 días para poder atenderlas. A esa comunicación, el PP no se opuso. Además, parte de la documentación fue entregada dentro de ese nuevo plazo, que expiraba el 13 de febrero. Así lo admitió el PP en un escrito presentado en el juzgado el 27 de febrero. No obstante, sin esperar a que concluyese ese plazo adicional, los populares acabaron interpusiendo el contencioso, con fecha de 7 de febrero.
El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, admitió en declaraciones públicas que se le había entregado parte de la documentación solicitada, sin embargo, puso énfasis en el retraso, lo que, a su juicio, seguía conllevando una vulneración de su derecho a ejercer la oposición. Sostuvo que no servía de nada que cierta documentación se les facilitase con meses de retraso. En la vista oral para dirimir el contencioso, el fiscal se adhirió al recurso del PP y consideró que sí se había vulnerado su derecho a la participación política. Pero la jueza resuelve ahora lo contrario, sin llegar a imponer al recurrente las costas del proceso. La sentencia es recurrible en el plazo de 15 días. Alicante Plaza ha tratado de recabar sin éxito una valoración del PP sobre el fallo.
Echávarri, por su parte, no ha dudado en calificar la sentencia de "serio varapalo para el PP" y ha exigido al PP de Alicante que aparte al portavoz municipal, Luis Barcala, de ese cargo. "Le pido al PP que aparte a este sujeto de la portavocía", ha insistido. Y ha recalcado que no puede sostenerse que el equipo de Gobierno obstaculiza la labor de la oposición y que practica la opacidad cuando "hemos obtenido la máxima puntuación en los indicadores de transparencia", ha destacado.
