El exconcejal del PP, Andrés Llorens, en los juzgados de Benalúa, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Los ecos de la gestión del PP en el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato de Sonia Castedo, entre los años 2008 y 2015, seguirán resonando entre las paredes de la Audiencia de Alicante durante 2022. Un año después de que se haya conocido la sentencia absolutoria sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, investigada en el marco del caso Brugal, dos tribunales de las secciones Décima y Segunda de la instancia provincial prevén juzgar a los exconcejales populares Andrés Llorens y Juan Zaragoza entre los meses de enero y septiembre del próximo año para dirimir sus posibles responsabilidades penales en la concertación de contratos relacionados con el llamado Plan E y con el servicio de montaje de infraestructuras festivas y culturales.
En concreto, la vista oral para el primero de esos procesos -el llamado caso Plan E- está señalada para principios del mes de enero (el día 10). En la causa, se dilucida si el exvicealcalde y edil de Atención Urbana, Andrés Llorens, incurrió en los delitos de prevaricación y fraude en la adjudicación de las obras de dicho plan, concebido como estímulo a la economía, puesto en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, como mecanismo de recuperación tras la crisis de 2008.
Junto a Llorens, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de los responsables de las compañías que ejecutaron esos contratos, CCMS y Becsa, en ese momento. El cuarto encausado en las diligencias, es quien fuese jefe de servicio de Atención Urbana en el momento de los hechos. Así, la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente para los cuatro procesados una pena de cuatro años de prisión para cada uno como responsables de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, tráfico de influencias y negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos en la adjudicación de dichos trabajos, por una suma que alcanzaría los 7,3 millones. Se trataba de obras de renovación o acondicionamiento de calles, avenidas, paseos, plazas y jardines, como el parque de Canalejas o la plaza de Altozano, entre otras, así como la instalación de contenedores de basura soterrados.
¿En qué consistía el supuesto amaño? De acuerdo con el relato de la Fiscalía y con el auto de apertura de juicio oral, dictado en abril de 2019, los encausados se habrían concertado para manipular la contratación de las obras en favor de las dos compañías, hasta el punto de llegar a redactar los pliegos de condiciones por los que se regían los concursos. Todo con el conocimiento del jefe de Servicio de Atención Urbana y del edil del área, que firmaba las adjudicaciones.
El segundo de los procesos, el relacionado con el contrato de montaje de infraestructuras culturales y festivas, llegará en el segundo semestre. Se trata del conocido como caso Isjoma o de la contrata de las sillas, relacionado con el contrato de instalación de escenarios y tarimas para el desarrollo de actos festivos y culturales, que también sentará en el banquillo de los acusados a Llorens a partir del 19 de septiembre. Al exvicealcalde, le acompañará el exconcejal de Comercio, Juan Zaragoza, además del responsable de la empresa Isjoma y de tres trabajadores municipales, entre los que figuraba el entonces jefe de Servicio del área de Infraestructuras.
Los dos procesos llegarán a juicio 13 y 18 años después de que transcurriesen los hechos investigados
En la causa se dirime si existió un fraccionamiento de pagos con la concatenación de varios encargos menores relacionados con montajes de escenarios, que se produjeron al margen del contrato global en vigor que ya había sido adjudicado a Isjoma en 2003 (entonces, aún bajo la alcaldía de Luis Díaz Alperi). Además, debe esclarecerse si en esos encargos se alteraron precios por un importe superior al de mercado para obtener un beneficio mayor, tanto a partir de ese año, en la ejecución de ese primer contrato, como en la adjudicación del contrato posterior, ya a partir de 2009, también bajo sospecha.
En este caso, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Llorens una pena de tres años de prisión al considerarlo responsable de un delito de prevaricación. Para Zaragoza, pide un año de privación de libertad por ese mismo delito. Para el exjefe del Servicio de Infraestructuras, tres años de prisión, y para el jefe de Talleres, dos años de cárcel. Por último, para el responsable de Isjoma, solicita un año y seis meses de internamiento. Por su parte, la acusación particular ejercida por la empresa Montajes Alavés -la empresa que denunció los hechos al considerarse perjudicada en la adjudicación- solicita cuatro años de prisión para Llorens y dos para Zaragoza.
Los dos procedimientos llegan a juicio 13 y 18 años después de que se produjesen los hechos supuestamente delictivos, en un contexto en el que los dos exconcejales ya no mantienen ninguna vinculación con la política municipal. Se trata, de algún modo, de la misma situación a la que ya se expuso la propia exalcaldesa, Sonia Castedo, durante el juicio sobre la causa desgajada del caso Brugal sobre el que iba a convertirse en el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad, que concluyó con el dictado de una sentencia absolutoria para la mayoría de los investigados, ahora pendiente de los recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS) ya anunciados por la Fiscalía Anticorrupción y por la defensa del exalcalde Luis Díaz Alperi.
