El exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, junto al exconcejal de Hacienda, Juan Seva.ALICANTE (EFE/AP). Andrés Llorens, número 2 del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante durante el mandato de la exalcaldesa, Sonia Castedo, se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado en la Audiencia Provincial por la supuesta adjudicación irregular de obras del llamado Plan E, de estímulo a la inversión local, puesto en marcha por el Gobierno central durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, Patricia Romero, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exvicealcalde y exconcejal de Atención Urbana por los delitos de prevaricación y fraude en la adjudicación de obras de dicho plan de estímulo a la economía. Junto al exconcejal, ahora desvinculado de la política, se sentarán en el banquillo de los acusados un técnico municipal y los representantes de dos empresas constructoras a las que se les concedieron los contratos, CCM y Becsa.
El auto, fechado el 20 de marzo, pide para los acusados una fianza de 2,1 millones con el propósito de cubrir posibles indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil en el caso de que resultasen condenados. La causa será elevada ahora a la Audiencia Provincial para que se acuerde su reparto y se señale fecha de juicio.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para cada uno de los cuatros acusados una pena de cuatro años de prisión como presuntos responsables de las irregularidades en la adjudicación de esos contratos, por una suma global de 4,9 millones.
En el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, dictado en mayo de 2018, la jueza instructora estimaba que existían indicios de delito suficientes para llevar a juicio a Llorens, al técnico municipal, José María Lidón, y a los representantes de las empresas adjudicatarias Juan Manuel Valdivieso y Javier Álvarez. La instructora atribuía inicialmente a los cuatro implicados presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
Según la juez, existía un acuerdo, "al menos durante los años 2009 y 2010", entre este técnico de la Concejalía de Atención Urbana y dos empresas, Civil de Construcciones, Mantenimientos y Servicios (CCMS) y Becsa, para "beneficiarles de forma ilícita" en la contratación pública de obras.
Merced a ese acuerdo, según precisaba el auto, el apoderado de Becsa, Juan Manuel Valdivieso, "habría efectuado el pliego de condiciones de diversos proyectos del denominado Plan E de 2009", aprobado por el Gobierno central durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esos mismos proyectos fueron firmados presuntamente con posterioridad por Lidón "como propios" y terminaron con la adjudicación de los trabajos a BECSA, y a CCMS como mercantil subcontratada, que también recibió otras contrataciones de obra menor de forma directa.
Para Romero, "existen indicios de que dichas irregularidades serían cuanto menos conocidas y consentidas" por el entonces "concejal delegado de Atención Urbana, Andrés Llorens Fuster".
El que fuera vicealcalde y mano derecha de la exalcaldesa del PP Sonia Castedo (también a la espera de juicio por supuesta corrupción en el marco del 'caso Brugal') está procesado, además, por otro juzgado por un supuesto fraude en las contrataciones con la empresa Isjoma SL.
Las obras ejecutadas con cargo a los fondos estatales del Plan E en Alicante consistían en la renovación o acondicionamiento de calles, avenidas, paseos, plazas y jardines, así como en la construcción de contenedores de basura soterrados.
Otro de los contratos bajo sospecha se refiere al servicio de mantenimiento parcial de vías públicas a favor de una unión temporal de empresas (UTE) integrada por CCMS y Enrique Ortiz e Hijos.
El técnico municipal acudió también a CCMS para la realización de obras menores que no requerían publicidad, como los trabajos de pintura en la pedanía de El Rebolledo, de explanación en el barrio de Garbinet o la instalación de una rampa en la calle Eduardo Torroja.
La juez recordaba en su auto que la Policía encontró un documento, denominado R-03, durante el registro de la delegación de BECSA en Alicante que incrimina en estas presuntas irregularidades a Llorens.
Se trataba de una tabla fechada el 25 de febrero de 2009 que recogía una relación de proyectos a licitar con cargo al fondo estatal de inversión local "y en el que parece indicarse la existencia de un compromiso adquirido por parte de miembros del Ayuntamiento de Alicante para adjudicaciones por un valor aproximado de 5.000.000 de euros".
"Y esa persona no puede ser otra que el concejal delegado de la Concejalía de Atención Urbana, que es el órgano gestor del contrato, Andrés Bernardino Llorens Fuster, siendo éste quien firma todas las licitaciones objeto de examen", concluía la magistrada.
