ORIHUELA. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha presentado el manual director de la Minimización del Impacto Individualizado en Suelo no Urbanizable a alcaldes y alcaldesas, concejales y técnicos del ámbito urbanístico de la comarca de la Vega Baja.
El manual, que se ha presentado en Orihuela, consiste en un procedimiento sencillo e intuitivo que supone la legalización de las viviendas. Mecanismo que facilitará a los municipios minimizar el impacto territorial generado por las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable para aquellas viviendas que están construidas antes del 20 de agosto del 2014 y cumplen con las condiciones contempladas en la ley.
Al acto de presentación ha asistido el director general de Urbanimo, Vicent García Nebot, junto a la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, el director del Plan Vega Baja Renhace, Antonio José Alonso Miravet, la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia y el edil de Urbanismo, José Aix.
En la presentación, García Nebot ha sido el encargado de introducir el manual que ayudará a los municipios a regularizar el estado de las viviendas susceptibles de legalización.
Este instrumento se pone a disposición de los particulares, bajo el control de la Administración Pública, una vía para la minimización del impacto territorial a fin de mitigar los efectos negativos de la edificación clandestina de viviendas en suelo no urbanizable.
En este sentido, el director general se ha referido a las 7.600 viviendas unifamiliares en la Vega Baja de las 194.000 localizadas en la toda Comunitat Valenciana, “que pueden aprovecharse de un procedimiento que hemos realizado por parte de la Generalitat Valenciana para legalizarlas”. Así, “hemos catalogado estas viviendas y hemos comprobado que pueden ser objeto de regularización, de legalización”, ha indicado.
Según García Nebot es “una gran noticia” y podemos proceder de dos maneras. “De manera colectiva, con varias viviendas que se organicen para poder hacerlo, o con este manual que hemos creado para la minimización individualizada que es mucho más rápida, mucho más efectiva y permite a los ayuntamientos que cada una de estas viviendas puedan legalizar sus construcciones. De manera que, al legalizarlas, puedan entrar en el tráfico inmobiliario de una manera mucho más ágil y que puedan aumentar de valor”, ha añadido.
Asimismo, el director general de Urbanismo ha explicado que ahora “los municipios tienen que articular fórmulas para llegar a todos los vecinos y vecinas para informarles que tienen esa posibilidad de legalizar su propiedad y cómo lo pueden hacer”.
La legalización de estas viviendas en situación no regular facilitará el acceso a los usos residenciales como suministro de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales y recogida de residuos a los propietarios de las viviendas construidas fuera de los cauces legalmente establecidos, lo que contribuirá a minimizar los problemas ambientales, urbanísticos y económicos que la situación administrativa anterior no permitía.
