Juzgados de Orihuela. Foto: APORIHUELA. La Generalitat Valenciana será el titular del Palacio de Justicia de Orihuela 15 años después de su construcción. Para llevar a cabo esta operación la administración autonómica se ha acogido a una clásula del convenio firmado en noviembre de 2017 con la administración local mediante la cual recogía la opción de compra del edificio, valorado en 4.766.523 euros.
En 2005, dada la necesidad de un nuevo espacio para alojar los juzgados de la ciudad, el ayuntamiento construyó las dependencias en una parcela municipal, de 1.601 m2 situada en la Plaza Santa Lucía. Doce años tardó el Consell en dar los pasos para regularizar unas dependencias que corresponden a su competencia y deberían ser de su titularidad. El 21 de noviembre de 2017, la Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, Conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, firmaron un covenio mediante el cual se establecía un acuerdo de arrendamiento de los nuevos juzgados. Pero para llegar a esa rúbrica pasaron diez meses desde que se anunció que se habían cerrado los detalles. Diez meses de espera a los once años que ya acumulaban.
En ese convenio se establecía el acuerdo de pago en concepto de arrendamiento para un periodo de diez años como contraprestación por el uso de dicho inmueble por parte de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Se estableció un pago para los primeros cinco años de 75.000 euros anuales, a través de un pago único anual. A partir del sexto año y hasta el décimo, el pago pasaría a 125.000€ anuales. Dado el paso de acogerse a la cláusula de compra antes de finalización del plazo de arrendamiento, el Consell ha pagado dos anualidades, 150.000 euros.
Al ejercer la opción de compra se le descontará el arrendamiento ya pagado al importe total del valor del inmueble, 4,7 millones de euros. La Generalitat dispondrá de un plazo máximo de pago al Ayuntamiento de siete años, mediante abonos anuales de la misma cuantía a partir de la comunicación al Ayuntamiento. El concejal de Hacienda y Patrimonio, Rafael Almagro ha explicado que esta operación "es dar formalidad a una propuesta de compra por escrito que nos han hecho. Ahora vendrá un periodo de intercambio de documentación y, finalmente, la firma de la venta".
Otra de las cuestiones que recogía el convenio es la cesión de un solar en caso de que sea necesario, de forma gratuita a la Generalitat para que ésta proceda a la ampliación en caso de que lo requiera y sea necesaria. Si así lo determina, el Ayuntamiento se compromete a efectuar esa cesión en el plazo máximo de tres años desde el requerimiento por parte del Consell. Según Almagro, no se ha requerido esa ampliación ni considera que de momento sea necesaria. Ante este escenario, el Consell también tendría el compromiso de construirla en un plazo de cinco años desde la aceptación de la cesión de los terrenos por parte de la corporación municipal y mantenerlo durante los próximos 30 años siguientes.
La adquisición de los juzgados de Orihuela por parte de la Generalitat no es el único caso en la provincia. La semana pasada se realizó la misma operación en Alcoy aunque con un procedimiento distitnto. Mientras que en Orihuela se ha hecho mediante un acuerdo de compra venta, en Alcoy ha sido a través de enajenación, mediante permuta de los bienes, con el Ayuntamiento, tal como adelantó Alicante Plaza. De esta forma, una escuela infantil, un centro social y unas oficinas, los tres inmuebles propiedad de la Generalitat pasarán a ser del consistorio y el inmueble que alberga los juzgados, hasta ahora de propiedad municipal se transferirá a la administración autonómica.
Algunos inmuebles que no eran de titularidad municipal han pasado a sus manos. El más relevante es el de los antiguos juzgados, en la calle Santa Justa, en la misma calle de la sede consistorial. A lo largo de su historia ha passado por distintas titularidades. En 1971 el Ayuntamiento donó al Ministerio de Justicia la parcela con el objetivo de construir el Palacio de Justicia. 26 años después, el Estado traspasa las funciones y el inmueble a titularidad de la Generalitat. Y no es hasta hasta 2017 cuando el Consell cede al Ayuntamiento estas instalaciones con el requisito de que se lleven a cabo en él fines de competencia municipal. Para ello, y según el convenio, el Ayuntamiento contará con un plazo de cuatro años para efectuar las adecuaciones que considere. Según manifiesta Almagro, el proyecto se encuentra en fase de redacción.
Otro de los inmuebles que cambia de titularidad es el antiguo Ahogadero Secante del Gusano de Seda, situado en la calle del Palmeral nº 35. Según el convenio de noviembre de 2017, la Generalitat se compromete a efectuar la cesión gratuita para que sea destinado a un uso o servicio público de competencia municipal.
