BENIDORM - (EFE) La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha abierto un expediente sancionador a la empresa que ejecutaba las obras de sustitución de un calderín en la estación de bombeo número 1 de Benidorm por los vertidos de aguas sin tratar registrados en febrero pasado en la zona de Punta Escaleta, en pleno parque natural de Serra Gelada.

Así consta en una respuesta de la consellera del área, Salomé Pradas, a una pregunta de la diputada socialista María Teresa García, sobre los "vertidos no tratados en aguas de Serra Gelada".

En la contestación, a la que ha tenido acceso EFE, se señala que ese "vertido no dispone de autorización por parte de la Dirección General del Agua de la Conselleria, la cual, el 16 de febrero, abrió un expediente informativo sobre los hechos" y, dos meses después, el 15 de abril, dictó "acuerdo de inicio de expediente sancionador a la empresa que ejecuta la obra, autora del vertido".

La respuesta dice que "el vertido de aguas se recogía en la comunicación hecha por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) a la Dirección General del Agua de la Conselleria en fecha 24 de enero de 2024".

"Según los informes técnicos emitidos por la dirección facultativa de las obras y de la EPSAR, no había alternativa técnica al vertido y la previsión de las obras durante 10 días estaba en el cronograma de las obras, a pesar de que estas se acortaron a 4 días", afirma.

La respuesta detalla que "se hicieron analíticas del agua del mar por los laboratorios Proaguas Costa Blanca y Labaqua", que "hubo un seguimiento por el equipo del parque natural de Sierra Gelada" y que "no se detectaron afecciones significativas de su calidad, conforme a los parámetros establecidos en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño".

Asegura que tampoco se detectó "ninguna afección en los otros puntos controlados", ni "valores elevados de nutrientes ni clorofila, conforme a lo establecido por el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el cual se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Los vertidos de aguas no tratadas fueron detectados el pasado 12 de febrero y provocaron las críticas de diversas organizaciones ecologistas.