ciudadana / OPINIÓN
La fuerza de la sociedad civil
Primera edición del Premio Gregori Mayans-Juristes Valencians (Fotos: KIKE TABERNER)
21/07/2019 -
La semana pasada fui invitada por la Asociación de Juristas Valencianos a participar en el acto de entrega del premio Gregori Mayans al magistrado don Pascual Sala quien fuera Presidente del Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional.
El calor abrasador no impidió la asistencia de cerca de un centenar de representantes de todos los colectivos; políticos, empresariales, sindicales, culturales que llenaron el salón de actos del centro cultural Bancaja de Valencia.
El acto contó con una primera mesa de intervenciones a cargo del Presidente saliente de la Diputación de Alicante, Don César Sánchez, el Pte. de la Diputación de Castellón; Don Josep Pascual Martí, el Vicepresidente de la Federación Valenciana de municipios y provincias, Don Fco. Fernández Carrasco y una servidora. La consellera de Justicia doña Gabriela Bravo fue la que entregó el premio, una obra de la artista valenciana Rebeca Plana, al magistrado Don Pascual Sala. La laudatio correspondió a Don Francisco de Paula Blasco, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. El Presidente de la Asociación, Don José Ramón Chirivella cerró el encuentro.
La Asociación de Juristas Valencianos nació en el 2013 con la vocación esencial de recuperar la capacidad legislativa en materia de Derecho Civil y siempre desde el respeto al marco constitucional. Al amparo de la última reforma del estatuto de autonomía valenciano, las Cortes aprobaron una serie de normas en materia civil que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional al negar a la Comunidad Valenciana la competencia para legislar en materia de Derecho Civil. La Asociación en su reivindicación constante durante estos años ha conseguido que las Cortes Valencianas hayan aprobado una propuesta de modificación de la Constitución para recuperar la capacidad legislativa en materia de derecho civil que está contemplada y prevista en la última reforma del Estatuto de Autonomía valenciano.
El acto tuvo tres dimensiones, una jurídica, una dimensión política y una dimensión social.
La dimensión jurídica es avalada no sólo por el nombre de la asociación sino por el contenido de su actividad y por el perfil del premiado, Pascual Sala, un jurista ilustre valenciano que ha reclamado la recuperación de nuestro derecho civil propio con las mismas condiciones que ya tienen otras Comunidades Autónomas. En su discurso recordó que esta reclamación no es un elemento disgregador sino precisamente lo contrario, unificador de los derechos de los españoles en torno a una misma Constitución.
La dimensión política exhibe la gran asistencia de representantes públicos al encuentro y también porque la asociación ha logrado poner en la agenda una iniciativa política a través de una serie de actuaciones.
La dimensión social se manifiesta por cuanto la recuperación del derecho civil valenciano viene siendo reclamada activamente desde el ámbito de la sociedad, colegios profesionales, universidades, municipios, etc. y tiene también como destinataria última a la sociedad civil valenciana.
Desde hace tiempo que los ciudadanos no confían en los partidos políticos, un 80,5% según los últimos datos del CIS y ante ello recobra valor la acción ciudadana organizada a través de asociaciones, u organizaciones que pueden poner en la agenda inquietudes e intereses para que los partidos políticos a través de las instituciones las canalicen en políticas públicas.
La sociedad civil facilita la articulación de intereses, genera capital social y cobra especial protagonismo ante crisis de representación. Gracias a la actividad de la sociedad civil aparece en el calendario cuestiones que no han sido advertidas previamente por los partidos políticos y que serían completamente ignoradas.
La acción de la sociedad civil refuerza los procesos democráticos y ayuda a perfeccionar el sistema político.
La Asociación de Juristas Valencianos supone un ejemplo magnífico de participación ciudadana que ha conseguido incluir en la agenda política una reivindicación singular, la recuperación de nuestro derecho civil valenciano, consiguiendo un amplio consenso colectivo de la mayoría de las fuerzas políticas y del entramado institucional y territorial de la Comunidad Valenciana.