La fiscalización del servicio de zonas verdes de Alicante 'se enreda' con los contratos menores

ALICANTE. La labor de fiscalización sobre la existencia de supuestas anomalías en la contrata de mantenimiento de zonas verdes de Alicante se enredó este viernes en torno a una circunstancia añadida que todavía no se había expuesto durante las reuniones previas de la comisión: la existencia de otros encargos directos concertados a través de contratos menores con Geamur. Es decir, la misma empresa que asumió la prestación entre 2012 y 2020.

La existencia de esos contratos adicionales (tras la solicitud de un mínimo de tres presupuestos para escoger el más ventajoso) quedó confirmada durante la comparecencia del jefe de Servicio del área de Medio Ambiente, Juan Luis Beresaluze, a preguntas de las ediles de Unides Podem, Vanessa Romero, y del PSOE, Llanos Cano. En concreto, Romero cuestionó sobre la entrega de corteza de pino para la Hoguera de Florida Portazgo, al margen de otros trabajos desarrollados en fincas particulares (que Berasaluce justificó como requisito para solucionar incidencias que afectaban a la vía pública), mientras que Cano aludió a trabajos por 110.000 euros "desde diciembre de 2012" relacionados con labores de mantenimiento de alumbrado o reposición de césped artificial y otros por 132.000 euros, por trabajos similares en agosto de 2018, que se abonaron a Geamur al margen de las certificaciones mensuales habituales por la prestación servicio de mantenimiento de los jardines.

En cualquier caso, la existencia de esos contratos adicionales al servicio principal motivó que el conjunto de los grupos políticos de la oposición -o como mínimo, los que forman parte del eje progresista- se apresurasen a solicitar el detalle de la relación de esos encargos al margen del contrato para poder evalularlos en las próximas sesiones de la comisión.

En realidad, el responsable del contrato, Carlos Domínguez, ya había señalado durante su comparecencia ante la comisión, en la sesión precedente, la existencia de algunos pagos extra que pudiesen estar motivados por encargos particulares, como por la compra de los ejemplares que resultase necesario reponer en zonas como los colegios públicos, por ejemplo. Con todo, negó que Geamur hubiese llevado a cabo trabajos no previstos por contrato. 

De ahí que la aparente contradicción entre las versiones de los dos máximos responsables municipales a cargo del servicio llevase a los representantes de PSOE, Unides Podem y Compromís a exigir explicaciones respecto a la naturaleza de esos encargos ajenos a la prestación. Sobre todo, como apuntó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, con la intención de aclarar qué los motivaron, o si pudo ser una forma de "compensar" por el recorte que se tuvo que introducir en el precio del servicio cuando se licitó, en el año 2012, puesto que entonces se tuvo que aplicar un recorte del 20% respecto al contrato precedente, como consecuencia de las limitaciones que el Ayuntamiento tuvo que introducir en la práctica totalidad de sus gastos al encontrarse bajo la aplicación de un Plan de Ajuste.

Por lo pronto, el propio edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), se apresuró a descartar esa hipótesis de la compensación, tanto frente a esos recortes, como frente a la necesidad de que la contrata tuviese que asumir el mantenimiento de nuevos jardines (generados a partir de los desarrollos urbanísticos de los últimos años) no contemplados en el pliego.

Sea como fuere, en la comisión se acabó concertando que el conjunto de grupos políticos deberían concretar hasta el próximo mártes qué información adicional pretendían solicitar ahora. Entre ella, los representantes del PSOE volvieron a reclamar que se facilitase los informes elaborados tanto por Beresaluze, como por los técnicos que le precedieron en el ejercicio de su responsabilidad (Manuel Martínez y Javier Maestre) antes de que la contrata pasase de depender de la Concejalía de Infraestructuras a la de Medio Ambiente. 

Tanto Cano como Romero insistieron en que les resultaba "llamativo" que entre la documentación entregada hasta ahora no se incluyese ningún informe ni escrito elaborado por Beresaluze. A lo que el propio técnico replicó que los informes y trabajos que él había elaborado desde que asumió competencias sobre el servicio, en junio de 2019, no había ninguno relacionado con el objeto de la comisión: el análisis de las presuntas deficiencias y anomalías denunciadas por el sindicato SEP en enero de 2020, sobre la existencia de vehículos y maquinaria en un estado deficiente, falta de personal, falta de mantenimiento en las zonas verdes de la periferia e incumplimientos del convenio laboral.

Comprobaciones y resolución de incidencias

Por lo demás, la sesión de la comisión sirvió para que se reiterase parte de la información que ya aportó el responsable del contrato. Así, tanto el inspector del servicio que también respondió a las preguntas de los respresentantes municipales, como el propio jefe de Servicio insistieron en que las órdenes de trabajo que se planteaban para atender las quejas que pudiesen haber formulado la Policía Local, los bomberos o los vecinos, se comunicaban a Geamur para que los solventase y, después, se giraba visita para comprobar que habían quedado solucionados, en el caso de requerirlos. Eso sí, ambos admitieron que esa comprobación se realizaba con visitas de inspección aleatorias en función de la disponibilidad de los tres inspectores de los que se disponía hasta 2020.

En esas visitas también se comprobaba que los trabajadores estuviesen en la zona concreta que tenían adscritas, sin que existiese ningún otro sistema de control de presencialidad o de fichaje, más allá de los partes de absentismo que entregaba la compañía, según respondió Beresaluce, a preguntas del portavoz de Vox, Mario Ortolá.

Además, tanto el inspector como el jefe de Servicio también corroboraron que, entre 2012 y 2020, no se había detectado ningún incumplimiento del servicio que pudiese motivar la imposición de sanciones o de deducciones en los pagos mensuales, puesto que todas las órdenes de trabajo se ejecutaban "en un plazo razonable".

Por último, Beresaluze también indicó que había participado en una reunión junto al responsable del contrato con los representantes del sindicato SEP en cuanto tuvieron conocimiento inicial de sus primeras denuncias, antes de que se hiciesen públicas a través de un comunicado presentado por el registro municipal. 

Así, explicó que, en ese momento, los representantes sindicales no llegaron a concretar ni el lugar ni el momento de las supuestas deficiencias en la prestación del servicio, por lo que apuntó que "sus quejas no podían considerarse una denuncia como tal que se pudiese comprobar en la medida en que no se disponía de información concreta". Sí apuntó que en esas quejas se apuntaba la existencia de vehículos deteriorados, por lo que se contactó con la empresa "y se nos aclaró que se trataba de vehículos retirados que no estaban a disposición del servicio". 

Respecto al desgaste de la maquinaria, Beresaluze sí indicó que también se comprobaba su estado y funcionalidad, aunque siendo conscientes, a partir de 2018, de que la empresa seguía asumiendo la prestación sin el respaldo de un contrato en vigor, con lo que no se le podía exigir que invirtiese en la adquisición de nuevo equipamiento sin tener la garantía de que iba a continuar con la concesión tras la nueva licitación del servicio. Y, por último, sobre las quejas relacionadas con la situación laboral de los trabajadores, detalló que era una cuestión laboral que quedaba entre la empresa y los empleados. Eso sí, añadió que ya no hubo una nueva reunión con el SEP después de que registrasen su queja de manera oficial, en enero de 2020, puesto que no tuvo conocimiento de que se hubiese dirigido al área de Medio Ambiente.