La fiscalización del 'caso enchufes' de Alicante: si hubo anomalías, no se han podido demostrar 

ALICANTE. La comisión de fiscalización sobre las oposiciones a Policía Local del denominado caso enchufes se cerrará sin que se haya encontrado pruebas de una posible adulteración en beneficio de determinados aspirantes, por sus supuestos vínculos con mandos policiales, con concejales y expolíticos, con representantes sindicales o responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio municipal. Cuando menos, esa es la resolución en la que coinciden los seis grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante en sus respectivas propuestas de conclusiones registradas este martes (último día establecido para hacerlo). Seis, y no cinco como ha sucedido en otras comisiones específicas precedentes, ya que las dos formaciones aliadas al frente de la gestión municipal en el equipo de gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) se decantaron esta vez por presentar escritos por separado pese a plantear apreciaciones similares.

Con todo, al margen de esa idea central común, cada formación pone especial énfasis en aspectos particulares sobre el desarrollo de la comisión que, en cierto modo, podrían explicar que se haya compartido esa conclusión global compartida: desde las herramientas de las que se habría dispuesto para determinar la posible existencia de irregularidades; a la obstaculización de esos trabajos de indagación, hasta las ausencias del alcalde, Luis Barcala, y del edil de Recursos Humanos, José Ramón González, pasando por las manifestaciones del comisario principal, José María Conesa, durante su comparecencia.

Al margen de ello, en el caso de las tres fuerzas que conforman el eje del centro-derecha (PP, Cs y Vox) se viene a reflejar que las oposiciones transcurrieron conforme al proceso normativo establecido, mientras que los tres partidos del eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) comparten que no se ha podido avanzar en las averiguaciones para determinar si existieron o no esas anomalías por los obstáculos que, a su juicio, se habría procurado por parte de la presidencia de la comisión, hasta el punto de considerar que se habría precipitado un cierre en falso de los trabajos a realizar.

El análisis más tajante es el planteado por el PP, a través de su portavoz municipal y presidenta de la comisión, Mari Carmen de España. De acuerdo con su planteamiento, tras la revisión del proceso efectuado en el seno de la comisión, podría concluirse que el proceso de selección se desarrolló en sus tres convocatorias (turno libre, turno de movilidad y turno de consolidación) sin ninguna anomalía. En concreto, el escrito formulado por el PP señala que "tras la celebración de las diferentes sesiones de la citada comisión, las comparecencias realizadas dejaron constancia de la correcta realización de los procesos selectivos, así como el correcto proceso de guarda y custodia tanto de la identidad de los aspirantes como de los exámenes antes y después de su realización".

Además, añade que "toda la documentación en relación a la celebración de los diferentes procesos de oposición aportada a los miembros de la comisión, corrobora, en consonancia con las intervenciones de los comparecientes, que no ha existido ningún tipo de irregularidad en el proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante, en ninguna de sus modalidades (Turno Libre, Movilidad y Consolidación)". De este modo, el escrito señala "de manera clara y taxativa, que no ha existido ni existe ningún tipo de irregularidad en todo el proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante, ni siquiera un mero indicio de ésta".

El PP apoya esa conclusión en la existencia de los informes emitidos por los dos miembros del tribunal opositor elegidos por designación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias (y, por tanto, no elaborados directamente por responsables de ese organismo, como se llega a apuntar en el escrito), en los que se incide en la corrección de todas las pruebas. Y extiende esa misma apreciación (la ausencia de irregularidades) también a la convocatoria que atañe al turno de movilidad, cuyo progreso sigue paralizado a la espera de que se resuelva el recurso de apelación presentado frente a una de las sentencias que conmina a volver a evaluar a todos los aspirantes. "El proceso selectivo que afecta al turno de movilidad, se encuentra paralizado a falta de resolverse un recurso interpuesto en la misma ante la justicia. No obstante, entendemos que dicha situación no interfiere de ninguna manera en el óptimo desarrollo de la prueba selectiva", concreta el escrito de conclusiones del PP.

Por lo demás, en esa primera propuesta solo resulta significativa la ausencia de toda referencia a las manifestaciones ofrecidas por el comisario principal, José María Conesa, durante su comparecencia ante la comisión, cuando defendió que la difusión del presunto trato de favor era el producto de un complot orquestado contra él por mandos y agentes subordinados suyos (a los que tildó de delincuentes) con la intención de forzar su relevo en el cargo. Y también la omisión sobre la controversia suscitada en torno a las solicitudes de comparecencia del primer edil y del responsable de Recursos Humanos.

En segundo lugar, el grupo municipal de Ciudadanos, a través de su portavoz adjunto, Antonio Manresa, llega a conclusiones similares a las defendidas por el PP. Así, Cs considera que "nuestro grupo ha constatado, a través de los testimonios de los comparecientes, como así por la documentación aportada, que el desarrollo de la prueba para la oposición a Policía Local, tanto en movilidad como en turno libre, ha sido realizada conforme a lo que está establecido en el proceso de selección". De acuerdo con su propuesta de conclusiones, para Cs "ha quedado demostrado que se actuó con absoluta transparencia durante todo el proceso, que los opositores siempre tuvieron días para la revisión, corrigiendo el tribunal los errores en la corrección inicial, en todo momento se contestó a las alegaciones y los recursos presentados". 

No obstante, al margen de la apreciación coincidente con sus socios del PP, el escrito de Cs añade todavía un elemento más relacionado con el origen del caso enchufes. "Creemos que el bulo que se lanzó, sobre las supuestas irregularidades del proceso de oposiciones a Policía Local perseguía otros fines, que esos fines no se han podido llevar acabo y quien lo lanzo está tocado en su credibilidad". "Para nuestro grupo el buen nombre de la Policía Local está intacto, de la limpieza de este ayuntamiento en este hecho, también", finaliza, sin hacer mención expresa y directa a la presunta trama denunciada por Conesa.

El PP descarta la existencia de indicios de irregularidades y Cs apunta al lanzamiento de un bulo con fines que no se consiguieron

Por último, a diferencia del escrito del PP, Cs sí alude a las comparecencias de Barcala y González. Pero lo hace para subrayar el informe emitido por el secretario municipal en el que se descarta que fuese procedente.

En tercer lugar, el PSOE, a través de su edil Llanos Cano, resume su propuesta de conclusiones en cuatro ideas centrales, aunque tres de ellas giran en torno a las formas en las que se produjo el propio desarrollo de la comisión. La primera, que "no se ha podido acreditar la existencia de una filtración del examen teórico a algunos de los aspirantes", lo que no supone descartar que tal filtración pueda haberse producido. La segunda, que "ha podido mediar una labor obstruccionista por parte de la presidencia para el buen desarrollo de la comisión, incumpliendo de manera reiterada con el derecho de información de los concejales", en alusión al rechazo de determinadas diligencias. 

La tercera abunda en ese extremo al apuntar que "el informe del secretario, advirtiendo de la comisión de una ilegalidad en caso de citación del alcalde y del concejal de Recursos Humanos a nuestro parecer no se ajusta a derecho y ha servido de parapeto para que los máximos representantes políticos no comparezcan a dar las explicaciones oportunas". Y la cuarta incide en ello al señalar que "tanto el alcalde como el concejal de Recursos Humanos no han comparecido ante la comisión a pesar de ser los máximos responsables políticos". 

Así, se apunta que "a juicio del grupo municipal socialista, es inasumible que el alcalde, jefe de la Policía Local, no se implique al máximo y colabore en todas sus posibilidades para esclarecer los hechos. El hecho de permanecer al margen y no comprometerse en la depuración de responsabilidades y eliminación de la sospecha de comportamientos fraudulentos de la Policía Local, merecen a juicio del grupo municipal socialista una reprobación, cuanto menos", añade.

No obstante, al margen de esos ejes centrales, el escrito del PSOE sí hace alusión a las manifestaciones de Conesa, resalta su papel protagonista en el diseño de las pruebas y pone de manifiesto la existencia de circunstancias como que varios de los opositores replicasen las mismas pautas en sus exámenes (misma puntuación con las mismas preguntas acertadas y falladas, por ejemplo). "Llama a esta parte poderosamente la atención la existencia de patrones repetidos por lo que, como diligencia de ampliación de prueba, se pidió copia" de los exámenes, apunta el escrito. Sin embargo, "la diligencia de prueba fue denegada y, con los datos que tenemos, no  podemos extraer conclusiones claras al respecto". 

En cuarto lugar, el grupo municipal de Unides Podem EU, a través de su portavoz, Xavier López, pone el foco igualmente en las formas en las que se llevó a cabo los trabajos de fiscalización para subrayar el "fracaso" en la consecución del objetivo para el que se promovió su constitución. En esta línea, su propuesta de conclusiones pone de manifiesto que no se ha podido determinar si existieron posibles anomalías en el desarrollo de las oposiciones porque, a juicio de los representantes de Unides Podem EU, no se habría permitido que se pudiese indagar al respecto. 

PSOE, Unides Podem EU y Compromís denuncian obstruccionismo para investigar y consideran que la comisión debería permanecer activa

A modo de resumen, el escrito de la confluencia señala que "esta comisión ha resultado del todo infructuosa porque desde la presidencia de la misma no se ha hecho otra cosa que torpedear la labor de fiscalización de la oposición; no se nos ha aportado toda la documentación requerida; no se ha tenido en consideración ni han sido objeto de debate las comparecencias que fueron solicitadas y nunca incluidas en Orden de Día".

Y prosigue: "Se ha tratado de una comisión plagada de falta de transparencia y oscurantismo, con falta a la verdad entre las declaraciones que desde el gobierno de Barcala se han estado vertiendo en prensa y las reclamaciones y denuncias que iban llegando y que, lejos de limpiar el nombre de la Policía Local, lo único que se ha conseguido es enfangarlo más tras las declaraciones del señor Conesa". 

Unides Podem EU profundiza respecto a las declaraciones del comisario principal para sostener que el hecho de que "se denuncie una trama de acoso y derribo en la cadena de mando de la Policía Local, tachando a las personas implicadas de 'delincuentes' es muy grave". Y finaliza con otra apostilla adicional relacionada con las solicitudes de comparecencia de Barcala y González. "Consideramos que esta comisión no puede cerrarse sin las comparecencias de los dos máximos responsables de la Policía Local que son el señor José Ramón González, concejal de Seguridad, y el señor Luís Barcala, alcalde de la ciudad. Nos quedamos con la sensación de que lo único que interesaba de esta comisión es cerrarla lo antes posible", concluye.

De algún modo, el escrito formulado por Compromís, a través de su portavoz, Natxo Bellido, viene a subrayar apreciaciones similares al considerar que el trabajo de la comisión estaría inconcluso. Según el escrito registrado por la coalición valencianista, "no se dan las condiciones para poder cerrar esta comisión y volvemos a pedir, antes de poder redactar unas conclusiones más definitivas, una nueva sesión de la comisión en la que puedan comparecer tanto el alcalde como el concejal de Recursos Humanos, a explicarnos todo lo relacionado con el proceso selectivo como a las actuaciones, más allá de sus derivadas judiciales, que han llevado a cabo como consecuencia de las declaraciones del señor Conesa", se argumenta.

"Desgraciadamente esta comisión cierra en falso y de forma precipitada a raíz de la negativa del PP, y la complicidad de sus socios de Vox y Ciudadanos, de no hacer comparecer al alcalde y al concejal de Recursos Humanos. Por eso, insistimos, pedimos no cerrarla sin que se produzca estas comparecencias que venimos reclamando a lo largo de la comisión", recalca. 

En esta línea, tras poner de manifiesto lo que Compromís también califica de "obstruccionismo", se coincide en que, de las pruebas practicadas, no pueden desprenderse indicios de anomalías. "Debemos agradecer la asistencia a la comisión del funcionariado municipal y de los miembros de otros cuerpos de la Policía Local que fueron miembros de los tribunales de las oposiciones", explica el escrito. "En estas comparecencias, salvo la que hace referencia al Comisario Jefe de la Policía Local, señor Conesa, no se aporta nada que indicara alguna anormalidad el proceso de selección en la función pública. Acudieron a la comisión la práctica totalidad miembros de los Tribunales y los asesores municipales de las diferentes pruebas o la Jefa de Servicio de Recursos Humanos. Sea como fuere, nada reseñable podemos señalar de sus testigos", se incide.

Eso sí, se insiste en "el testimonio del señor Conesa. Una intervención absolutamente impactante, en la que denunció que el famoso listado filtrado a los medios de comunicación era parte de un complot interno, de un motín, que se estaba produciendo en la Policía Local de Alicante y del que él era la víctima principal. Fueron unas palabras duras y muy claras en las que definió como delincuentes a las 3 o 4 personas que, según su testimonio, estaban detrás de esta campaña que tenía como objetivo acabar con él como máximo mando de la policía municipal. Unas declaraciones, muy preocupantes porque afectan a la estabilidad de un servicio público esencial de nuestra ciudad", remarca el escrito de Compromís.

Vox cierra la puerta a cualquier otra propuesta que se pueda formular para investigar el supuesto complot denunciado por Conesa

Por último, la propuesta de conclusiones formulada por Vox, a través de su portavoz, Mario Ortolá, también coincide en la ausencia de evidencias que permitan sostener la comisión de un fraude en el desenlace de las oposiciones. Y, a diferencia de lo apuntado por las tres fuerzas del eje progresista que conforman la oposición, no encuentra que se haya impedido el desarrollo de las indagaciones. Según el escrito, "ha quedado evidenciado que el procedimiento de oposición de la Oferta Pública de Empleo de la Policía Local objeto de análisis por la misma siguió los trámites reglados por la normativa aplicable sin que, en ningún caso, pueda quedar probado ni albergar la posibilidad de probar, con carácter posterior, ningún tipo de irregularidad en el seno del mismo, habida cuenta que se han analizado ya todas las actuaciones administrativas encaminadas a la ocupación de las plazas de Policía Local objeto de la OPE". 

En esa línea, se abunda en que "quedando evidenciado que se ha cumplido con los trámites  administrativos necesarios para dar cumplimiento a la Oferta Pública de Empleo de la  Policía Local y que no ha quedado laguna jurídica ni administrativa alguna que justifique  la ampliación de acciones probatorias, es pertinente la presentación de este escrito de conclusiones" con el fin de dar por concluido el cometido de la comisión, cuya constitución también contó con el respaldo de Vox con el fin de que se esclareciesen los hechos.

Pero, además, Vox también cierra la puerta a que pueda promoverse cualquier otro tipo de iniciativa que trate de indagar en las explicaciones facilitadas por el comisario principal, como la que ha registrado el PSOE para su debate en el pleno ordinario de mayo, este jueves. Al respecto, señala que "desde este grupo no se va a dar cabida a ningún tipo de investigación paralela en base a la declaración de Don José María Conesa en el que afirmó que se estaba produciendo una persecución política e interna hacia su persona, algo que está siendo investigado por la Policía Judicial y que, hasta el día de hoy, no ha resultado probada", apostilla. 

Con ello, se cerraría el paso a cualquier iniciativa que pudiese promoverse por parte de los grupos políticos de la izquierda en ese sentido, al no sumar mayoría suficiente para que pudiese prosperar. Y, por último, en ese escrito de conclusiones de Vox, también resulta significativa la ausencia de toda referencia a las solicitudes de comparecencia de Barcala y González.

¿Cuál es el recorrido de esos seis escritos a partir de ahora? En principio, debería convocarse una nueva sesión de la comisión para que los seis representantes políticos que la componen traten de poner esas apreciaciones en común a través de un único dictamen conjunto. O, en su defecto, para que se proceda a votar los seis escritos por separado. Y, por último, se elevará el texto que resulte elegido para que pueda ponerse en conocimiento del conjunto del pleno de la corporación.