ALICANTE. La Fiscalía Provincial de Alicante pide penas de prisión que superan los 10 años y multa de 1.500.000 euros para el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), el alicantino Jesús Castellanos, y los miembros de su equipo directivo Miguel Pérez, José María Pujadas y Alicia Sánchez por, a su juicio, la comisión en el ejercicio de sus funciones de los delitos de fraude de subvenciones y ayudas, falsedad en documento mercantil y oficial, administración desleal y apropiación indebida.
Además, reclama que se les condene a indemnizar de forma conjunta y solidaria al Consejo Superior de Deportes (CSD) con 664.727,69 euros y a la RFET con 387.817,06 en el caso de Castellanos, Pérez y Pujadas y con 70.081,02 en el de Sánchez.
Así lo adelanta iusport.com y versa el escrito de acusación de 108 páginas al que también ha tenido acceso Alicante Plaza, presentado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, en respuesta al auto de su titular en el que daba por concluida la instrucción de una causa (procedimiento abreviado 265/2016) que gira sobre presuntas irregularidades en la gestión económica de la RFET durante no pocos años y de la que debe conocer ahora la Audiencia Provincial de Alicante.
"Por parte de los acusados, y a lo largo del periodo investigado, se han venido ejecutando una serie de actuaciones, en beneficio económico propio y de terceros, defraudando las subvenciones concedidas por el CSD y en detrimento de los intereses patrimoniales de la RFET, llevadas a cabo, por una parte, con fondos de origen público y, por otro, otros actos ejecutados empleando recursos propios de la Federación, los cuales han sido denunciados por al menos una Federación autonómica, en concreto la Gallega, clubes y deportistas integrantes de la RFET", resumen el Ministerio Fiscal en un escrito de acusación que gira sobre:
- Irregularidades ejecutadas por los acusados en la aplicación y justificación de las subvenciones percibidas por el CSD, causando un perjuicio económico a este de 664.727,69 euros
a) irregularidades mediante la justificación de gastos directivos
- en la aplicación de la subvenciones públicas y su justificación ante el CSD mediante facturas cuyos gastos reales no se correspondían con la actuación subvencionada en relación al Campeonato del Mundo Junior de México de 2010, el Open de Croacia de 2009 o el Open Internacional de España de 2010
- en la aplicación de las subvenciones públicas y su justificación ante el CSD con facturas que incluyen cargos que no se corresponden con la actuación subvencionada referidas, por ejemplo, al Campeonato de Europa Cadete celebrado en Zagreb en 2009, un Test en Manchester en ese año, el Campeonato del Mundo Júnior de México 2010, el Open de Irán de ese mismo año, otro en Alemania en 2011 o una gira por Oriente en 2014
- en la aplicación de la subvenciones públicas y su justificación ante el CSD con facturas y otros documentos justificativos vinculados al Campeonato de España Absoluto de Cáceres 2014
b) irregularidades que afectan a la aplicación de las subvenciones públicas y la duplicidad en cuanto a su justificación
c) pagos realizados con cargo a las subvenciones del CSD que si bien fueron justificados no se llegaron a materializar como transferencias con el Club Taekwondo Tortosa como beneficiario o reintegros por caja
d) aplicación de subvenciones del CSD sobre gastos no asumidos por la RFET y justificados ante el consejo como realmente realizados como el alojamiento en hoteles de deportistas con motivo de una determinada competición que no habían sido convocados por la Federación Española o incluyendo la parte del coste de ese hospedaje que asumían realmente las Federaciones Territoriales
e) transferencias de fondos realizadas con fondos procedentes subvenciones públicas sin cursar las autorizaciones pertinentes
f) el pago de dietas con cargo a fondos públicos y su justificación ante el CSD
g) irregularidades relativas a la aplicación de subvenciones del CSD en la facturación de supuestos técnicos de la RFET y su justificación
h) Irregularidades ejecutadas por los acusados como consecuencia de la apropiación e irregular aplicación de los recursos propios de la RFET así como de sus justificaciones documentales, de las que se deriva según la Fiscalía la ilícita percepción de 17.799,07 euros por Castellanos, 48.860,24 por Pujadas y 242.701,59 por Pérez, por ejemplo.
i) El taekwondista olímpico Jesús Tortosa Cabrera solicitó una beca para entrenador personal dentro del Programa ADO Río 2016. Lo hizo cursando la correspondiente solicitud a la RFET. Jesús Tortosa Alameda, su padre, era su entrenador (le dirigió entre 2015 y 2016 en siete sesiones semanales de entrenamiento de cara a la cita olímpica de Río de Janeiro) y debía percibir el 63% del importe de la citada beca, pero eso nunca ocurrió porque, siempre según la Fiscalía, los procesados realizaron actos dispositivos del dinero que le correspondía a su preparador, causándole un perjuicio económico (está personado en la causa como acusación particular) que está por cuantificar.
j) la imputación de deudas inexistentes tanto a la Federación Gallega de Taekwondo (FGT) como al Club Natural Sport Videlgui. En el primer caso la deuda no solo había sido saldada mediante la entrega de un cheque bancario, es que en una auditoría a las cuentas de la RFET encargada por el CSD figuraba la misma por un importe sensiblemente superior y luego iba decreciendo misteriosamente hasta desaparecer. Esto último también sucedió con una supuesta deuda del Club Natural Sport Videlgui con la RFET a cuenta de la celebración de un Campeonato de España sub-21 en el concello de Ribeira, quien precisamente había asumido todos los gastos de celebración del mismo.
Victorino Pizarro
La Fiscalía también pide para Victorino Pizarro, quien fuera presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV) desde 2010 hasta enero de 2019, que sea condenado a 1 año y 9 meses de cárcel por la comisión de un delito continuado de administración desleal en concurso de normas con uno de apropiación indebida y a indemnizar a aquella con 9.015,24 euros.
Según el escrito de acusación, este percibió retribuciones en concepto de gastos de representación sin que se ajustasen a la legalidad el modo de percibirlas entre 2010 y 2013.
