La Fiscalía atribuye a Bascuñana un posible delito de apropiación indebida por cobrar sin acudir a su trabajo

ORIHUELA. La Fiscalía considera que el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, podría haber cometido un delito de apropiación indebida por estar seis años cobrando como asesor en la dirección territorial de la Conselleria de Sanidad sin acudir a su puesto de trabajo. Son conclusiones alcanzadas por la Fiscalía de València (que publica este miércoles eldiario.es) después de evaluar la investigación que se abrió sobre la etapa de asesor en Sanidad del alcalde oriolano. 

La fiscal incoó diligencias tras la denuncia presentada por la Conselleria de Sanidad hace un año y, tras las primeras averiguaciones, consideró que el delito se habría cometido en el partido judicial de Orihuela por lo que remitió el expediente a la Fiscalía Provincial de Alicante para que determinase. Por su parte, la Fiscalía de Alicante derivó las actuaciones a la Fiscalía del área Elche-Orihuela para que analice el expediente en el ejercicio de sus competencias, según han confirmado este miércoles fuentes de Fiscalía. En el caso de que se considerase que existen indicios de delito, el hecho podría acabar en una denuncia ante el juzgado de Instrucción y un consecuente proceso penal.

La apreciación de la fiscal se produce a la vista de la documentación aportada por la Conselleria de Sanidad, el pasado julio, con los informes elaborados a lo largo de un año, para averiguar si el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, habría cobrado sin trabajar, durante años, en su etapa como asesor de la Dirección Territorial de Sanidad en la provincia, que inició en 2007. 

En su momento expusieron que el expediente administrativo se inició en 2018, al no hallar "nada" que indicara que el alcalde de Orihuela fuera a trabajar entre 2007 y 2014. Desde entonces, el asunto se dejó en manos de los servicios jurídicos que evaluaban si se ponía en conocimiento de la autoridad judicial por si fuera "constitutivo de delito". Desde el Consell barajaron que podrían haberse cometido malversación de caudales públicos.