Ahora que con pandemia, muchos han descubierto los parajes naturales de la Comunitat Valenciana y los municipios han recuperado algo de pulso, nos podemos encontrar con una paradoja: que las plantas fotovoltaicas acaben saturando determinados emplazamientos con el consiguiente impacto. En algunas comarcas, como en el Alto Vinalopó, ya se está dando: sólo en Villena hay seis megaplantas en tramitación, previamente autorizadas por la Administración General de Estado o la Administración autonómica, en función de su potencia, y por tanto, de sus medidas correctoras.
No es algo nuevo. Años atrás, la Comunitat Valenciana vivió otras dos fiebres de este tipo, de diferente signo: la urbanística, entonces, bajo el amparo de la denominada LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), que tenía como expresión el Plan de Actuación Integrada que se protocolizaba a través de los ayuntamientos o notarías; y la eólica. Ésta última generó más impacto en las zonas del interior de Valencia y Castellón, y en menor medida en la de Alicante, aunque los vecinos del Valle del Seta se tuvieron que movilizar de lo lindo para que los aerogeneradores no impactaran en su gran potencial económico, el paisaje, con el que ahora se reencuentran muchos visitantes para huir de las ciudades o de las medidas restrictivas que se implantan con cuando los contagios de covid se disparan.
Existe una normativa nacional y además otra autonómica, que recientemente ha introducido, a través de un decreto, criterios más flexibles para acelerar la implantación de las plantas, como ya publicara Alicante Plaza, que en algunos casos, introducen un menor celo ambiental, al permitirse bajo determinadas condiciones construir plantas solares en parajes de la Red Natura 2000, y una mayor descentralización, al delegar la decisión en cada una de las direcciones territoriales de Industria de la Generalitat Valenciana.
Además del impacto que genera la proliferación de plantas en muchos parajes de alto valor ecológico, se halla, como denuncian los ecologistas, la posibilidad que afecten en zonas protegidas por instrumentos de la Unión Europea. Desconozco los detalles en profundidad, pero comienzan a oírse muchas voces que están censurando la contraproducción que supone que la fiebre por la energía solar o fotovoltaica acabe generando un efecto negativo sobre el territorio. Por varias razones. La primera, la administración autorizante, en este caso, es la más lejana y, por tanto, quizás sea la que tenga menos sensibilidad por el territorio afectado. He de presuponer que al menos se tienen en cuenta las consideraciones de la comunidad autónoma. La segunda: tras la esta fiebre solar hay un movimientos de los grandes multinacionales o fondos de inversión que parecen que estén compitiendo por ver quién llega antes en montar su planta, sin tener, en cuenta, en este caso, la opinión de la administración más cercana, los ayuntamientos, y la de los residentes o vecinos, los verdaderos guardianes o cultivadores de las zonas afectadas.
No hay semana que nos desayunemos con un proyecto nuevo, y no pequeño. Nadie va a poner en duda a estas alturas las bondades de las energías renovables, pero esta lluvia fina de plantas y megaplantas no deben ser tan buena como dicen si acaban generado océanos de placas en parajes de alto valor ecológico, o si suponen arrancar viñas o olivos, por insostenibles que sean como negocios. No sé. Da que pensar tanto interés. No pongo en duda ni la inversión ni los puestos de trabajo que se crearán, pero también habría que ponderar en qué se beneficiarán los territorios afectados, más allá de los ingresos que pueda recibir el consistorio por el impuesto de obras. Y en todo caso, si hay que tener en cuenta una posible reversibilidad de la instalación, como se hace con los vertederos. Se ve todo muy fácil, bonito y, a priori, rentable, aunque la población desconozca todos los beneficios y las posibles incógnitas por resolver, como el impacto en sus territorios. Y lo más curioso es que los denominados partidos ecologistas, ahora en los gobiernos, lo den todo por bueno. ¿Será todo tan bonito como dicen los papeles? ¿Seré yo un ingenuo?
El alcalde firma las autorizaciones para el equipo legal inicie el procedimiento Contencioso-Administrativo contra las tres plantas de un mismo grupo inversor -Atalaya Solar, Villasol y Frutasol-, autorizadas por el Consell en contra de los informes municipales.