Reunión del director general de la EVha con el edil de Patrimonio y la edil de Servicios Sociales. Foto: APALICANTE. El miércoles, el edil de Patrimonio del Ayuntamiento de Orihuela, Rafael Almagro, y la edil de Bienestar Social, Almudena Baldó, se reunieron con el director general de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar en la sala principal del consistorio con el objetivo de analizar la situación de la vivienda con carácter social del municipio. De esa reunión salió el anuncio de que el Consell va ampliar el parque de vivienda pública.
Orihuela es uno de los municipios de la comarca donde el precio del alquiler de una vivienda se incrementó en más de un 20% entre 2016 y 2018, según recoge el visor de precios de vivienda de alquiler de la Comunitat Valenciana en un informe de la EVha. La entidad resalta que el elevado precio del alquiler es uno de los problemas a los que se enfrentan los vecinos y vecinas de Orihuela, "de ahí la necesidad de poner a disposición vivienda pública y establecer una política de precios adaptada a la economía de las familias". Las dificultades de acceso a la vivienda de muchas familias sigue estando presente. A finales de octubre tres familias consiguieron aplazar el desahucio que tenían programado hasta el 3 de febrero de 2021. Como indica Baldó "no hay día que no puedan surgir problemas en cuestión de vivienda". Por esa razón se expresó en términos de satisfacción que el Consell amplíe el parque de vivienda pública.
Esa ampliación consistirá en cinco inmuebles de propiedad autonómica que se encuentran en el casco urbano de Orihuela. Estos requieren de inversión para su acondicionamiento. Estos trabajos, según le ha trasladado el director general de la EVha a los ediles, comenzarían en los próximos meses. Los informes técnicos de la concejalía de Bienestar Social y Servicios Sociales determinarán a qué cinco familias se le adjudicarán. Los parámetros que se atenderán en líneas generales se centran en los criterios de ingresos económicos, el grado de necesidad, y el grado de urgencia, a tenor de que tengan previsto un desahucio. La edil de Servicios Sociales espera que para final del primer trimestre de 2021 haya concluido todo. "Seguro que vamos a necesitar más en el futuro pero que tengamos esas cinco viviendas es muy buena noticia".
Estas próximas viviendas en régimen de alquiler social se suman al bloque ubicado en la costa con 36 viviendas. En estos momentos hay habitadas 24 y desde el EVha señalan que en diciembre tienen prevista la firma de tres contratos más. Además están tramitando nueve solicitudes. En caso de que todas ellas sean consideradas favorables quedaría completado todo el bloque de viviendas. Según el portal de la EVha, estas viviendas que todavía no han sido adjudicadas tienen un precio de 240, 284 y 306 euros correspondientes a viviendas de 61, 77 y 89 metros cuadrados, respectivamente. Cuentan con dos o tres habitaciones, todas con plaza de garaje y algunas con trastero.
Este bloque de viviendas comenzaron a construirlo hace 15 años, tras la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento. El régimen con el que se proyectó era la venta. Con la llegada de la crisis no concluyeron completamente su construcción. Tampoco conseguían vender ninguna vivienda. Los actos vandálicos provocaron destrozos y fue precisa la inversión de 148.000 euros. En 2018, se hizo efectivo el cambio de régimen y pasó a promocionarse como alquiler.
El alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez, está en contra de que la Conselleria de Vivienda adquiera 22 viviendas de un mismo edificio para adjudicarlas en régimen de alquiler social, ahora en manos de la SAREB. A finales de septiembre Martínez remitió un escrito al vicepresidente segundo y conseller Rubén Martínez Dalmau para que disemine la compra de esas viviendas. La argumentación del primer edil daba por hecho una falta de integración de los potenciales inquilinos por lo que vincula a posibles problemas el hecho de que todas las viviendas se concentren en un mismo edificio. Por ello solicitaba que se diseminen esas viviendas, "que facilitaría de mejor manera su integración". Agredece y se muestra a favor de que el Consell quiera adquirir 22 viviendas para alquiler social pero enfatiza su posición de que sea de forma dispersa.
Tras esta petición, la semana pasada, según anunció en un comunicado, le entregaron 3.500 firmas en las que vecinos se muestran contrarios a la compra de estas viviendas tal y como se tiene proyectado. Estas firmas se enviarán a la Consellería para "que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos".
