VALÈNCIA/ALICANTE. El Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) ha aprobado por unanimidad, incluido el voto de la Diputación de Alicante, iniciar el proceso de revisión de oficio que permitirá a Proaguas recibir el pago de anualidades que hasta ahora no han sido autorizadas al no estar sometidas a convenio o contrato en vigor. Este importe, cercano al millón de euros anuales, lleva sin poder abonarse desde 2019, aún a pesar de reconocer todas las partes el trabajo realizado y la voluntad expresa de realizar el pago. Por lo tanto, cuando concluya el 2021, la Epsar deberá abonar tres millones a la empresa Proaguas, de la Diputación de Alicante.
Desde 2010 la Entidad de Saneamiento y la Diputación de Alicante mantenían un convenio de colaboración para las tareas de control de las depuradoras y otras instalaciones de regeneración de aguas, acuerdo por el que a su vez la institución provincial delegaba las tareas en su empresa Proaguas. Sin embargo, sucesivos informes del Plan de Auditorias del Sector Público, de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención General han puesto de manifiesto que la naturaleza de esa relación debía ser contractual y no conveniada, por lo que obligaban a licitar un contrato en lugar de firmar un acuerdo de colaboración.
Ahora bien, mientras se produce la licitación del nuevo contrato, queda pendiente el pago de las anualidades adeudadas desde la finalización del anterior convenio. Ante estas circunstancias la administración pública suele recurrir a la figura del "enriquecimiento injusto" que permite pagar aquellos servicios que por interés general no pueden dejar de prestarse. Sin embargo, el informe del Plan de Auditorias 2020 señaló que, en referencia al caso específico de Proaguas, la Ley 1/2015 de Hacienda Pública del Sector Público Instrumental limita y reserva la figura del enriquecimiento injusto en el caso de empresas públicas, "no siendo de aplicación" en el caso del servicio brindado por Proaguas.
Ante la situación, el Consejo de Administración de Epsar, decidió en la pasada sesión cumplir con los requerimientos de la Auditoría, de Abogacía y de Intervención y proponer el inicio de un expediente de Revisión de Oficio, así como confeccionar unos pliegos de licitación que permitan adjudicar zonalmente el control de las depuradoras en todo el territorio valenciano, incluido el que actualmente gestiona Proaguas.
El Consejo de Administración, que votó unánimemente el inicio del expediente de revisión de oficio, está presidido por la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, cuenta con representantes de diversas consellerias de la Generalitat Valenciana, entre ellas Transición Ecológica y Hacienda, de los ayuntamientos y de las diputaciones, incluida la Diputación de Alicante.
Finalmente, el acuerdo, ratificado sin oposición, abre la vía al pago de las anualidades pasadas y a la contratación de las futuras. Este acuerdo y la configuración de la próxima licitación será objeto de una nueva reunión en este caso en Alicante, entre los representantes de Conselleria, Epsar, la Diputación de Alicante y la empresa Proaguas, que se celebrará en el Palacio Provincial el próximo viernes