Maite Antón, presidenta de AEFA.ALICANTE. Hasta el momento habían guardado silencio, quizás prudencial, por el trámite parlamentarios de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero una vez es obvio que las cuentas del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos tienen los apoyos necesarios para ser aprobados, la empresa familiar de Alicante (AEFA) ha puesto su grito en el cielo. Este miércoles, Aefa ha emitido un comunicado en el que exhibe su rechazo a la subida de los impuestos, en un momento de grave crisis económica en la que, a su juicio, la empresa familiar necesita más apoyo que nunca. Para la presidenta de AEFA, Maite Antón, esta propuesta de modificación de la tributación “lejos de contribuir a la continuidad de las empresas familiares y la superación de la crisis, lo que hará es limitar y condicionar su supervivencia, obstaculizando así la recuperación económica que tanto necesita España”.
Las empresas familiares de la Comunitat Valenciana suponen algo más del 91% de las empresas y concentran el 84,7% del empleo privado, cifras que en el caso de la provincia de Alicante incluso son superadas en algunos puntos. “Ni la economía nacional ni la de nuestra provincia se sostendrían sin la actividad de las empresas familiares, de ahí la elevada importancia de favorecer su continuidad y evitar su desaparición cuando llega el momento de la sucesión”, recuerda Antón.
Para Antón “resulta incomprensible que se planteen este tipo de modificaciones tributarias que contradicen abiertamente las líneas de actuación que están adoptando nuestros socios europeos para salir de la crisis, y que se centran en aligerar la presión fiscal o flexibilizar el plazo de los pagos, justo lo contrario que se pretende hacer en este proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado”.
“Si finalmente se aprueban estos cambios en la tributación, que incidirán en el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesión y Donaciones, supondrán un duro golpe para la continuidad de la empresa familiar y para los miles de empleos que generan y sostienen cada año. No olvidemos que la empresa familiar es un bien social, un bien que se debe proteger y conservar, no atacar y mucho menos en este momento en donde estamos luchando duramente y con mucho sacrificio, para mantener los puestos de trabajo”, concreta la presidenta. Asimismo, añade que “hay que saber que los ingresos tributarios que se obtienen por el empleo que se mantendría, más el ahorro en subsidios, es infinitamente mayor que los ingresos por la subida de estos impuestos, además del beneficio social y humano de tener un puesto de trabajo. En eso debemos centrarnos”.
La provincia de Alicante registró en el mes de octubre un aumento de los desempleados de 2.490 respecto al mes de septiembre, debido en gran parte a la dependencia del sector turístico y la evolución de la pandemia. Para Antón, “el aumento de la presión fiscal que se quiere aprobar será un punto de no retorno para muchas empresas familiares, que de manera injusta se verán obligadas a cesar su actividad cuando se produzca un proceso de sucesión en ellas”.
“La salida de esta crisis se debe abordar desde una serie de reformas estructurales que nos permitan sostener el desarrollo de nuestro tejido productivo y la mejora de la competitividad de nuestras compañías, así como disminuir la presión fiscal en las empresas para evitar su desaparición y la destrucción de los miles de empleo que ello conllevaría”, insiste Antón.
En Francia se ha apostado por la disminución progresiva del Impuesto sobre Sociedades y en Alemania se ha aumentado el límite temporal para determinados beneficios fiscales. En Italia, por ejemplo, se han creado deducciones por gastos de alquiler de comercios (60%) para facilitar la adaptación del lugar del trabajo a causa del COVID-19 o para I+D. En el caso del Impuesto sobre el Patrimonio hay países como Alemania, Reino Unido o Italia donde ni siquiera existe.
Cuando se analizan otros tributos como el IRPF se observa que mientras que en España no se ha reducido esta carga fiscal, en Italia se ha optado por su disminución a través del incremento de las desgravaciones, favoreciendo así a los trabajadores con rentas inferiores a los 40.000 euros. En relación con el IVA, se ha reducido temporalmente en países como Alemania o Reino Unido.
