La Bussines Round Table, donde se reúnen los CEO s de las grandes compañías americanas, declaraba en agosto de 2019, la necesaria generación de valor para los clientes, la inversión en los trabajadores, el fomento de la diversidad y la inclusión, un trato justo con proveedores, la participación en la comunidad de los territorios donde se implantan y la protección del medio ambiente. Es decir, atender primero a los stakeholders y luego los accionistas.
Valores y principios que, en más de una ocasión, desde la caverna conservadora, a alguien le han costado mofas o profecías catastróficas y que sin embargo, en este momento confirman que la apuesta del Gobierno del Botánico por el cambio de modelo productivo hacia un modelo de valor sostenible, no sólo era oportuna, sino que además, además era acertada.
Para mayor fortuna, además, hay un sector de la economía que desde hace décadas está trabajando bajo estos principios con resultados positivos, se trata de la Economía social.
Emulando el lema que la campaña que CONCOVAL está realizando para acercar a la ciudadanía el modelo cooperativo valenciano, La Cooperativa la millor suma, quisiera, con su permiso extenderlo al resto de economía social, como un ejemplo propio de liderazgo dentro del Estado Español.
Uno de los casos de éxito de la Economía Social en España se encuentra arraigado en la Comunidad Valenciana, donde el cooperativismo, y su transversalidad, es pieza clave para la consolidación de ese modelo de éxito, podríamos tratarlo, sin temor a equivocarnos, como una seña de identidad.
La economía social representa casi 13.000 millones de euros en ventas en la Comunidad Valenciana, 38.838 empresas, de las que al cooperativismo le corresponden 6.549 millones de euros de ventas, el 6,2% del PIB valenciano.
Si hablamos en términos de empleo, 172.438 personas se encuentran ocupadas en alguna vertiente de la economía social, más de 59.000 en el sector cooperativo, y más de 73.000 en la economía social que podríamos denominar de mercado o lucrativa.
Dentro de estas cifras hay que hacer una distinción importante, el 37,8% del peso de la economía Social en la Comunidad Valenciana, corresponde a entidades sin ánimo de lucro o tercer sector, mientras que el 62,2% restante, corresponde a la economía social de mercado. Cooperativas, empresas sociales, centros de inserción, mutuas, etc que compiten en el mercado como cualquier otra empresa, con un pequeño matiz: su aportación a la economía, produce, además, equilibrio social de forma sostenible.
El 81% de la economía social de mercado corresponde a las cooperativas, son por lo tanto uno de los principales motores, no sólo de la propia economía social, si no de la economía valenciana en su conjunto. Consum, Anecoop, Coarval, Intercoop, etc, son ejemplos de grandes empresas ligadas a la economía social que están generando riqueza desde una gobernanza democrática y solidaria en su desarrollo.
Este es un hecho diferencial de la economía valenciana que sólo es comparable con el modelo cooperativo de Euskadi con cifras similares, pero con una menor transversalidad. En España, la economía social supone el 10% del PIB y el 12,5% del empleo, pero a nivel institucional no recibe el trato que merece.
A pesar de la relevancia de las cifras, la economía social, la de mercado, sufre una invisibilización manifiesta, demasiadas veces confundida con el tercer sector, de carácter asistencial, o reducida a una parte, la relacionada con políticas laborales, cuando esa rama de la economía social, la de inserción socio-laboral, supone, en la Comunidad Valenciana, sólo un 1,8% dentro de la aportación de la economía social de mercado.
La necesaria integración en el dialogo social como un actor específico más, ya que se trata de una interlocución única y característica que no puede ser suplida por ningún otro agente y un tratamiento diferencial como sector económico para el desarrollo de políticas que en un escenario de desaceleración económica pueden resultar prioritarias, facilitaría una mejor gobernanza y acción política.
El Gobierno valenciano, consciente de esta situación, se ocupa de la Economía Social desde la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, como un actor económico más, y se añora que en la estructura del Estado no exista esta consideración para poder conjugar, dirigir y trazar las correspondientes líneas políticas, en una vertiente de la economía que se ha demostrado más resistentes a las crisis, que crea empleo de mayor calidad, incorpora la igualdad en su práctica diaria y es vital en la lucha contra la despoblación.
Un gobierno de progreso tiene la oportunidad, entre otras muchas, de visibilizar, fomentar y responder con estructuras de estado que de forma global, empoderen, impulsen y promuevan, la economía que pone en el centro de su desarrollo a las personas.
Teresa Garcia i Muñoz es directora general de Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria d'Economia Sostenible
