El vicepresidente de la Diputación Alejandro Morant ha suscrito el acuerdo con EuroCop este jueves. Foto: APALICANTE. La Diputación de Alicante, presidida por el popular César Sánchez, ha decidido apartarse de la empresa investigada en el marco de la Operación Enredadera, que el pasado mayo destapó una presunta trama para adjudicar contratos relacionados con la gestión de las policías locales en toda España. La Diputación, que fue una de las administraciones a las que los investigadores requirieron información, tenía en ese momento en marcha una licitación que se ha resuelto este mes de enero: un aplicativo para facilitar sistemas de gestión policial a los ayuntamientos de la provincia adheridos a la central de compras de la institución.
Finalmente, los técnicos han valorado como mejor oferta la de la empresa rival, por lo que Gespol, la empresa investigada en la Operación Enredadera, se ha quedado sin contratar con la institución provincial. Como publicó Alicante Plaza entonces, la empresa que ahora ha ganado el concurso, EuroCop, presentó un recurso en abril que dilató los plazos de la licitación, que tenía que haberse resuelto en mayo (justo cuando dos agentes de la UDEF acudieron al Palacio Provincial a requerir la documentación relacionada con el concurso).
La junta de gobierno celebrada el pasado 16 de enero estudió el informe de valoración de los técnicos, que llegaba seis meses más tarde de lo esperado, y resolvió adjudicar el contrato a EuroCop Security Systems, al considerar que se trataba de la mejor oferta. Según el informe, las ventajas de EuroCop frente a la empresa investigada se concretaban en "un menor coste de parametrizazión, formación y migración a cargo de los ayuntamientos, y el disponer de un módulo de integración con la plataforma de tramitación electrónica incluida en el Plan Moderniza 7.0 de la Diputación".
En concreto, EuroCop ofertó una cuota de uso anual de 605 euros para los municipios de menos de 1.000 habitantes; de 1.963 euros para los de menos de 5.000; de 3.267 euros para aquellos entre 5.000 y 10.000 habitantes; de 9.075 euros anuales para las localidades hasta 20.000 habitantes (al igual que para la franja entre esa cifra y 50.000 habitantes); y de 19.360 euros anuales para los ayuntamientos con más de 50.000 vecinos. A esos precios base hay que añadir los costes de parametrización, formación y migración correspondientes, que oscilan entre los 50 y los 1.200 euros según la variable y el tamaño del municipio cliente.
Lo cierto es que el hecho de considerar la de EuroCop como la oferta más ventajosa ha permitido a la institución provincial 'evitar' a Gespol y conjurar posibles complicaciones futuras en el contrato en función del avance de las investigaciones judiciales. La empresa que el juez de Badalona que dirigió la operación considera en el epicentro de una trama para amañar contratos está integrada en Valoriza, una filial del grupo Sacyr, y suministra aplicaciones informáticas para gestionar la ordenación del tráfico o las multas de la Policía Local, entre otros fines. La operación del pasado mayo culminó también con la detención del empresario José Luis Ulibarri, también salpicado por Gürtel.
El vicepresidente y diputado de Hacienda, Alejandro Morant, firmó este jueves el acuerdo marco para que a partir de ahora los ayuntamientos de la provincia de hasta 100.000 habitantes puedan adherirse a esta plataforma informática de gestión policial, que facilitará la gestión de agentes y servicios, la asignación de unidades, vehículos y patrullas o la planificación de turnos de personal, entre otras funcionalidades. La plataforma busca mejorar la prestación delos servicios de los cuerpos de la Policía Local de la provincia, y Morant destacó que el acuerdo facilitará sobre todo a los pequeños municipios acceder a la última tecnología para mejorar la prestación del servicio.
