FOTO: EFEVALÈNCIA. (EP). El empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del 'caso Gürtel', se encuentra entre los detenidos en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por el amaño de contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Los hechos investigados en la 'operación Enredadera', según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
El Ministerio Público ha hablado de "detenciones de diversas autoridades y funcionarios", sin dar detalles de los mismos. En el pasado, ya investigó a Ulibarri, empresario castellano-leonés, por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en municipios como Boadilla del Monte (Madrid).
Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.
Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local". Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
El Juzgado de Badalona ha autorizado la entrada y registros en los siguientes ayuntamientos: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.
Este mismo Juzgado, según la nota de la Fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.
"Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal", ha señalado Anticorrupción. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.
