Imagen de un pleno de la Diputación de AlicanteALICANTE. El contrato de la Diputación de Alicante al que optaba la empresa Aplicaciones Gespol, y sobre el que ha pedido información la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, está pendiente de adjudicación desde el pasado mes de abril. Un recurso presentado por la empresa rival contra el pliego de condiciones provocó que la tramitación de esta adjudicación, que se publicó en el BOP de Alicante en marzo, se retrasase sobre el calendario previsto, de forma que los técnicos aún no han decidido cuál es la mejor oferta.
Como ha contado Alicante Plaza, un juez de Badalona sitúa a Gespol en el epicentro de una trama para adjudicar contratos con ayuntamientos, a los que esta empresa (integrada en Valoriza, una filial del grupo Sacyr) suministra aplicaciones informáticas para gestionar la ordenación del tráfico o las multas de la Policía Local, entre otros fines. En la macrooperación ordenada por este juzgado el martes, bautizada Operación Enredadera, la Udef practicó 92 registros en ayuntamientos y empresas, y requirió información a otras 22 administraciones locales, entre ellas la Diputación y el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
En el caso de la Diputación, el contrato tras el que iban los agentes de la Udef (según las fuentes consultadas, acudió una pareja de agentes para pedir una copia del expediente) aún no se ha adjudicado. Se trata de la compra de un sistema de gestión policial para los ayuntamientos adheridos a la central de compras de la institución provincial. Es decir, aunque la adjudicación se centraliza en la Diputación para racionalizar el trámite y mejorar el precio, los clientes finales son los consistorios de la provincia. A dicha adjudicación optaron la propia Aplicaciones Gespol y otra empresa del sector, EuroCop.
Fue esta segunda empresa la que presentó el recurso que alargó los plazos. El acto de apertura de ofertas económicas estaba previsto para finales de abril, pero el anuncio de esta empresa de que iba a recurrir contra el pliego de condiciones motivó que este acto se aplazase. Finalmente, se celebró el 17 de mayo pasado. Tras abrir las dos ofertas, los integrantes de la mesa de contratación de la central de compras, donde no hay cargos políticos, remitieron la documentación al Área de Innovación y Agenda Digital para que elabore un informe sobre cuál es la mejor propuesta. En este paso es en el que se encontraba el expediente cuando llegaron los agentes de la Udef este martes.
EuroCop presentó un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda, en el que cuestionaba que el pliego de condiciones elaborado por la Diputación para el contrato no valorase la oferta técnica, ni fijase un baremo sobre el que establecer bajas económicas, entre otras cuestiones. Sin embargo, el Tribunal lo desestimó por "extemporáneo", según la resolución publicada en su página web, y la Diputación siguió adelante con el trámite. Finalmente Gespol y Eurocop presentaron sus ofertas, en las que establecen una escala de precios en función del número de habitantes del municipio de que se trate.
Así, no existe un precio fijado para el contrato, ni tampoco un importe de salida de la licitación. En realidad, lo que cobre el adjudicatario dependerá del número de ayuntamientos que se adhieran y de los habitantes de éstos. Eso sí, la Diputación valora el contrato, con una cifra estimativa, en 920.000 euros para dos años, tal como consta en el anuncio de licitación. La oferta de EuroCop propone una horquilla de precios que va desde los 847 euros anuales, para municipios de menos de 1.000 habitantes, hasta los 21.054 euros para aquellos mayores de 50.000 habitantes. En cuanto a Gespol, la empresa investigada, propone 1.087 euros para los municipios de hasta 1.000 habitantes, y 16.682 euros anuales para los mayores de 50.000.
El juez de Badalona sospecha que Aplicaciones Gespol está en el epicentro de una trama para amañar las adjudicaciones de este tipo de software policial, que cada vez más ayuntamientos quieren implantar al calor de la apuesta por las smart cities. En la noche del martes, el número de detenidos ascendía a 39 personas, según Efe, de los que 18 pasaron a disposición del juzgado que dirige la investigación. Asimismo, otros cinco pasaron a disposición de un juzgado de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada. El resto, en principio, quedaban en libertad.
Entre los detenidos figuran el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, que se convierte en el primer cargo público de Ciudadanos detenido por corrupción, un asesor de esta formación en la Diputación de León, Sadat Maraña, así como los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto, el subinspector de ese cuerpo en Plasencia o la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa. También fueron detenidos el empresario José Luis Ulibarri, conocido por su vinculación al caso Gürtel, y dos ejecutivos de la empresa investigada. Tanto PSOE como Ciudadanos anunciaron al comenzar la operación y producirse las primeras detenciones que suspenderán de militancia a aquellos cargos de sus partidos que resulten imputados en el caso.
En cuanto a la provincia de Alicante, no se han producido detenciones ni registros. El juzgado ordenó a la Udef que requiriese diversa información relacionada con adjudicaciones a las que optaba la empresa investigada en la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y dos consistorios de la provincia de Valencia, Gandia y El Puig. Una práctica (la de los agentes de la Udef acudiendo a pedir documentos) que según las fuentes consultadas es más habitual de lo que parece. En el caso de la Diputación, su vicepresidente, Eduardo Dolón, restó gravedad al asunto y aseguró que los servicios jurídicos de la institución están preparando todos los documentos solicitados por la Udef.
