ALICANTE. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha reunido durante buena parte de la mañana con más de una veintena de alcaldes de la provincia afectados por el recorte del trasvase Tajo-Segura con la finalidad de alcanzar acuerdos y unificar acciones de trabajo en la elaboración de las alegaciones al ETI (Esquema de Temas Importantes) del Plan Hidrológico del Tajo.
El encuentro, en el que también han participado la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, el diputado provincial, Adrián Ballester, así como el director y el secretario del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo y Andrés Molina, respectivamente, se ha saldado con el compromiso institucional de buscar el consenso de municipios y sectores contra esta medida que afectará al abastecimiento de agua de un millón de personas en la provincia.
Tal y como ha insistido Serna, “esta disposición no repercute solo en la agricultura, sino que afecta al abastecimiento humano”. La vicepresidenta segunda, quien ha recordado que la Diputación celebró la semana pasada una reunión con las comunidades de regantes implicadas y hoy ha hecho lo propio con los alcaldes, ha expuesto que actualmente hay 35 municipios que se proveen de agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, es decir, “hablamos de un millón de personas, cifra que en periodos estivales se incrementa en 700.000 usuarios”.
“En ocasiones, ha concretado la diputada de Ciclo Hídrico, el 60% de los caudales del Taibilla depende exclusivamente del trasvase Tajo-Segura, por tanto, el perjuicio económico para los ciudadanos sería considerable, ya que si nos hacen dependientes de las desaladoras el coste sería superior”.
Así, ha explicado que el metro cúbico de agua trasvasada cuesta 12 céntimos, mientras que el de la desalada asciende a 60 céntimos, además del coste energético, cuatro veces superior en la desalación. “Entendemos que es importante que tanto regantes, sociedad civil, como alcaldes y municipios unamos fuerzas en este sentido y vayamos por el mismo camino”, ha reclamado, al tiempo que ha puntualizado que “de lo se trata es de coordinar las alegaciones que presentaremos”. Para ello, la institución provincial ha solicitado al Instituto Universitario del Agua la elaboración de unas fichas personalizadas mediante ítems con el fin de que las comunidades de regantes, localidades y sectores afectados las cumplimenten.
Finalmente, Ana Serna ha reiterado que “el volumen de los caudales ecológicos está bien como está y no hay por qué aumentarlo. De hecho, los profesionales que nos asesoran así nos lo trasladan, por tanto, estamos ante una amenaza real y tenemos que dar una respuesta real a los ciudadanos”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Diputación de Alicante, Adrián Ballester, ha calificado de “muy grave”, el encuentro que ayer mantuvieron en Murcia la delegada de Presidencia de la Generalitat Valenciana en Alicante, Antonia Moreno, y el diputado autonómico socialista Manuel Pineda, con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea. Una reunión, tal y como ha valorado Ballester, “a espaldas de las instituciones públicas y de la Comisión de las Cortes Valencianas que pidió su comparecencia para explicar su actuación durante la DANA que asoló la Vega Baja el pasado mes de septiembre”.
El portavoz, en la atención a los medios de comunicación, ha recordado la petición del plenario provincial de crear una Comisión de Estudio para que la CHS pudiera explicar su gestión previa y durante el temporal, “una gestión que fue muy cuestionada por parte de instituciones públicas y de los propios servicios de emergencias”.
“No entendemos porqué un alto cargo de la Generalitat y un diputado autonómico se reúnen en Murcia a espaldas de esa Comisión en Les Corts que debe elaborar unas conclusiones del papel de cada institución pública y queremos pedir explicaciones inmediatas a la Generalitat para que diga si está consintiendo esa reunión”, ha apostillado. Ballester ha trasladado a los periodistas el malestar institucional por desconocer “qué está pasando y porqué se está ocultando la gestión de la CHS, cuanto también el Congreso de los Diputados ha pedido explicaciones a Mario Urrea”. “Exigimos a la Generalitat saber si está amparando este tipo de actitudes que nos parecen intolerables”, ha concluido.
