César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante. Foto RAFA MOLINAALICANTE. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, es consciente de que cada plan de obras de la institución, donde se reparte el principal esfuerzo inversor, no puede ser un campo de batalla. Por esta razón, ha anunciado este viernes, después de la aprobación de las inversiones de 2018 con el apoyo de PSPV y Compromís, la Diputación modificará la bases del tradicional plan de obras y planteará otra iniciativa con el objetivo de que cada ayuntamiento o alcalde sepa qué proyecto será financiado durante su mandato por la corporación provincial. En resume, un gran proyecto por municipio y por mandato, y que cada munícipe elija y sepa con qué dinero va a contar durante sus cuatro años de legislatura para esa obra.
Tras la sesión plenaria, el presidente ha anunciado un cambio en el modelo histórico del Plan de Obras y Servicios para transformar estas ayudas en un “gran plan de mejora del municipalismo que beneficiará al cien por cien de los municipios de la provincia”. “Será un plan plurianual que establecerá criterios de coordinación y planificación, un gran plan de legislatura”, tal y como ha explicado César Sánchez.
Según ha puntualizado el responsable de la Diputación, “nos hemos dado cuenta de que el planteamiento histórico del Plan de Obras y Servicios y la carga de trabajo que conlleva puede mejorarse y hacerse más operativo”. Por ello, ha adelantado que le ha solicitado al diputado del área, Bernabé Cano, que empiece a trabajar en este proyecto para presentar un borrador de esta iniciativa a los grupos políticos en las próximas fechas.
Finalmente, ha resaltado que la finalidad es mantener al margen del debate político este Plan de Mejora de Municipios y que la Diputación pueda tener sus programas “en materia hídrica, de caminos y viales y en otro tipo de inversiones que son necesarias desde un criterio de discrecionalidad bajo los principios de necesidad, prioridad y emergencia”.
Al igual que ha sucedido con la polémica del plan de obras y servicios de 2018 -a excepción de Esquerra Unida-, el objetivo es consensuarlo con todas las fuerzas políticas. En este caso, el acuerdo se ha producido después de que el PP cediera con la retirada de algunos municipios, cuyos proyectos se financiarán con los remanentes, y la inclusión de dos municipios gobernados PSPV, Biar y Algorfa. El resto de municipios que no han recibido subvención por los planes de obras se incluirán en la anualidad de 2019.
Sánchez ha agradecido públicamente el talante del portavoz socialista, José Chulvi, y de Compromís, Gerard Fullana, a los que ha asegurado que los municipios que se han quedado fuera entrarán dentro de las partidas para inversiones financieramente sostenibles. En lo que respecta al Plan de Obras y Servicios aprobado hoy para 2018, el socialista José Chulvi ha sostenido que "cumple el mandato de los ciudadanos de anteponer la efectividad al efectismo y el bien común al particular".
Ha aprovechado para pedir al presidente Sánchez que "este primer deshielo (con la oposición) sea duradero". "Celebramos que haya habido un gran acuerdo y esperamos seguir trabajando de esta manera. Una vez encontrado el camino correcto, no lo perdamos de vista", ha urgido, al tiempo que se ha dirigido a EUPV para "reivindicar el papel de la política" a la hora de incluir proyectos en el Plan de Obras por encima del criterio únicamente de los técnicos.
Por Compromís, Lluís Pastor, ha lamentado que se hayan tardado diez días en alcanzar el acuerdo y ha pedido al equipo de gobierno popular "altura de miras" para, desde ahora, "resolver con mayor celeridad y acierto los problemas que tienen las personas".
En el pleno también se ha aprobado la convocatoria y bases que han de regir el Plan de Obras de 2019, y aquí la novedad ha sido la abstención de Compromís por, en palabras de Gerard Fullana, "no especificar más" cómo se regulan los planes especiales.
Tanto en este punto como en el anterior, Raquel Pérez (EUPV) se ha dirigido a socialistas y Compromís para alertarles de que no son "conscientes" de que están amparando un "agravio comparativo" entre municipios con un Plan de Obras que "vulnera la legalidad".
