El vicepresidente Carlos Castillo, este lunes, en la presentación de los presupuestos. Foto APALICANTE (EFE). El gobierno de la Diputación de Alicante, del PP, ha abierto un periodo de diálogo con la oposición para cambiar los criterios de distribución de las subvenciones previstas en el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, donde la corporación provincial aportará cerca de 14 millones de euros.
Así lo ha explicado este lunes el vicepresidente, diputado de Economía y portavoz del grupo popular, Carlos Castillo, en la rueda de prensa celebrada para presentar el borrador del presupuesto general de la Diputación alicantina para 2018.
Castillo ha detallado que los cambios que proponen se centran en no condicionar la cantidad que percibirá cada municipio únicamente a su número de habitantes, sino que ésta también se determinará en base a la densidad de población por superficie (consultar documento). De esta manera, según sus palabras, buscan dar respuesta a las necesidades de financiación de los municipios más pequeños, así como a las pedanías y al "problema de despoblamiento" de muchas comarcas alicantinas.
Como ejemplo, Castillo ha asegurado que, según el criterio de "distribución lineal por número de habitantes" que propone la Generalitat, en 2018, Alicante recibiría 846.795 euros y Almudaina (119 habitantes, según el INE en 2016) apenas 5.868 euros.
En cambio, de acuerdo con el planteamiento de la Diputación Provincial, la capital percibiría cerca de 180.000 euros y Almudaina, 75.952 euros, ha avanzado. Castillo ha manifestado que los criterios que defiende su grupo están "más alejados" de los planteamientos del PSPV-PSOE en la Generalitat y "más cercanos a las tesis del Plan Objetiva de Compromís", el cual "respondía más adecuadamente a las necesidades del territorio en cuanto a los municipios más pequeños".
"Nosotros, tratando compendiar ambas, hemos extendido las posibilidades de ese Plan Objetiva, pues entendíamos que también tendría que tener algún elemento de subjetividad para cuestiones como la diseminación de habitantes en las comarcas", ha apostillado.
Preguntado sobre si supeditan el aporte de esos 14 millones de euros a que la Generalitat acepte estos cambios, Castillo ha respondido que lo que ha hecho el gobierno provincial es "un ofrecimiento serio de diálogo" y que, por lo tanto, "están abiertas todas las posibilidades". Así, ha subrayado que "en absoluto es una imposición", ya que, de serlo, lo llevarían directamente al pleno para su aprobación o no.
Castillo ha recordado las constantes peticiones de diálogo y negociación de los grupos de la oposición al gobierno de César Sánchez y ha señalado que "el diálogo no puede ser un monólogo", en este caso, del PP. "No entendemos que cosas tengan que ser blanco o negro, pero sí le decimos a oposición que cuando se nos pide dialogo, margen negociación, participación, se responda con compromisos, propuestas y algo más de imaginación que tratar de ponerle palos a las ruedas", ha reclamado.
Asimismo, ha incidido en que los grupos de la oposición tendrán algo que decir sobre su propuesta, aunque les ha pedido "máxima premura" para pronunciarse. Al respecto, ha dicho que sería importante avanzar en esa línea con la intención de que los ayuntamientos pudieran conocer con cuánto dinero procedente de la Diputación, en el marco del Fondo de Cooperación Municipal, podrán contar para 2018, sobre todo ahora que están elaborando sus presupuestos.
"Lo que está claro es que no compartimos los criterios de distribución de la Generalitat y, entendiendo que se trata de fondo mixto entre dos administraciones llamadas a colaborar entre ellas, tendrá que respetarse el sentido, la función, la visión y las posibilidades que, en este caso, tiene el gobierno provincial", ha zanjado. El dinero para este fondo, así como para otras inversiones financieramente sostenibles que se han quedado fuera del presupuesto de 2018, saldrá del remanente de tesorería de 2017 que la Diputación ya ha previsto que sea similar o superior al de 2016.
En cuanto a las cuentas presentadas hoy, cabe señalar que el presupuesto para el próximo año asciende a 216,7 millones de euros de ingresos (260,8 contando los organismos autónomos y fundaciones) y 196,1 millones de euros en gastos (239,4 consolidados), lo que supone un aumento del 0,8 y 1,1 por ciento, respectivamente (0,30 y 0,42 por ciento en el consolidado).
Por áreas de actuación, destacan los planes de obras y servicios (28 millones, un 14,3 por ciento más que en 2017), el área de Bienestar de las Personas (29,6 millones, 15,1 por ciento más), emergencias (40,6 millones, 20,7 por ciento más) y la Cultura (14,3 millones, 7,3% más).
Aunque lo que más resalta es la inversión en agua, destinada principalmente a paliar la sequía, para lo que se han previsto 7,8 millones de euros, un 4% más que en 2017.
