El diputado Carlos Castillo (PP), en la presentación de los presupuestos de la Diputación.ALICANTE. El Gobierno de la Diputación de Alicante, del PP, no convence a la oposición. Pese a presentar, y defender, cantidades importantes destinadas a los municipios de la provincia, la oposición, formada por PSPV, Compromís y EU sigue exigiendo la habilitación de un fondo de cooperación para municipios, dotado de al menos 13,4 millones, que es lo que le correspondería inyectar a la Diputación de Alicante en caso de que participara en la fórmula que pretende implantar el Gobierno valenciano.
El diputado de Economía, Carlos Castillo, ha presentado el presupuesto para el año 2017 -que se eleva a 194 millones de euros- como una verdadera apuesta por los municipios, pues de esa cantidad, más de 72 irán dirigidos a obras y servicios para los municipios. "Ese montante supone un incuestionable Fondo de Cooperación Provincial en toda regla". Y como medida de prevención ante las críticas que pudieran generas estas cuentas, que no contemplan la cantidad de 13,4 millones del fondo autonómico, Castillo auguró que la institución que preside César Sánchez "impulsará en 2017 su propio Fondo de Cooperación Provincial que estará dotado con 20 millones de euros", con los remanentes que se generen del presupuesto de 2016.
Estas palabras de Castillo se producen dos días después de que la institución provincial informara de que no participará en el Fondo de Cooperación Municipal de 2017 impulsado por el Consell del socialista Ximo Puig (donde se pedía que aportara 13,7 millones de euros) "por motivos presupuestarios" y añadiera que supedita su adhesión desde 2018 a las negociaciones sobre la distribución de las ayudas y a la devolución de competencias que le son impropias.
Y como argumento para no satisfacer esa iniciativa que le reclaman los grupos de la oposición, Castillo ha dejado claro que las cuentas vienen condicionados por las limitaciones del techo de gasto, por lo que es imposible entrar en el fondo de cooperación de la Generalitat.
Pese a ello, el portavoz del PP ha defendido que el proyecto económico para 2017 incluye 48,3 millones de euros para los planes y obras municipales, 23,5 para el Consorcio de Bomberos con una 700.000 euros de subida para financiar la creación de 37 plazas, así como la reducción del 40% de la asignación a los grupos políticos, lo que supondrá un ahorro de 207.000 euros.
En total, el PP augura que podrán destinar hasta los 90 millones si suman toda las iniciativas "con el fin de garantizar los servicios básicos y la igualdad de oportunidades".
Respecto a otras partidas, Castillo ha incidido en que el impulso de acciones que contribuyan a cuidar el territorio y convertir Alicante en una provincia sostenible será una prioridad para la Diputación. De esta forma, se destinará 1.272.000 euros al fomento y conservación de arbolado, parajes naturales, áreas recreativas, parques públicos, jardines y zonas verdes.
La atención a las personas constituye el otro gran compromiso de la Diputación, y las áreas de Familia y Ciudadanía y Bienestar de las Personas contarán en 2017 con 32,6 millones de euros, lo que supone el 17 por ciento del total del presupuesto. En este apartado, destacan los 5,8 millones de euros que se consignarán a programas de acción social para ayuntamientos, mancomunidades y entidades, los 10,2 millones del Hogar Provincial o los 11,8 que se destinan a la atención a los usuarios del Centro Doctor Esquerdo. Estos dos últimos apartados suman los 20 millones en gasto sociosanitario, que es lo que el PP pide como compensación al Consell por la gestión de competencias impropias.
El diputado del PP ha tenido que hacer frente a dos críticas. Primero si se generada desigualdad con respecto a los municipios limítrofes entre Valencia y Alicante porque unos ayuntamientos recibirán el doble (Valencia) de dinero que los otros Alicante, Castillo ha negado esa desigualdad y ha vuelto a recordar que las cantidades destinadas a los municipios se pueden incrementar a lo largo de 2017. También ha advertido que tanto la diputación de Alicante como la de Castellón, ambas gobernadas por el PP, están sometidas a un plan económico-financiero, por lo que tienen restricciones para hacer transferencias de dinero al fondo impulsado por la Generalitat.
Sobre las subvenciones nominativas, es decir, con un destinatario (sea ayuntamiento o asociación) predeterminado por el PP, el diputado de Economía ha defendido que sólo el 17% son de ese tipo frente al 82% restante, que están sujetas a convocatorias.
