La Diputación alega que Alicante es diferente para ir contra el plurilingüismo de Marzà

ALICANTE. La Diputación de Alicante ha anunciado este viernes que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del plurilingüismo elaborado por la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà. El portavoz del denominado Gobierno provincial, el popular Carlos Castillo, ha alegado que el decreto es discriminatorio con el nivel de inglés que se impartirá según el nivel de valenciano que ya ha escogido cada centro escolar y también esgrime que "la provincia de Alicante es diferente al resto porque tiene un nivel superior de castellano hablantes". La institución provincial solicita, asimismo, la suspensión cautelar del decreto, que entró en vigor en febrero y que en la práctica comenzará su aplicación a partir del próximo curso.

Castillo ha defendido que el decreto rompe con el equilibrio lingüístico "que había traído el decreto de 2012, elaborado por la entonces consellera María José Catalá", y que "ahora, con los niveles impuestos por Marzà, se genera discriminación, pues a más valenciano se imparte más ingles". Ha citado también, como argumento para impugnar la norma, la cuestión de la certificación de los títulos inglés para aquellos alumnos que han elegido un nivel de valenciano más básico, que todavía no está resuelta, sobre todo, a tenor de las últimas declaraciones de Marzà que ha propuesto que sí puedan certificarse y que, a su vez, se puedan elevar las horas de inglés para los del nivel básico. "El decreto es discriminatorio con el inglés y sobre todo con la provincia de Alicante, que es la que tiene más gente castellanohablante", ha insistido Castillo.

En su opinión, "esa circunstancia deja a los alumnos de Alicante en clara desventaja en su carrera profesional", sobre todo, ha dicho, "de cara al turismo, que supone el 15% del PIB de la provincia de Alicante".

Ha añadido que, a su juicio, el decreto vulnera dos artículos de la Constitución Española y ha justificado la presentación del recurso en lo que establece el artículo 8/2010 de la Ley de Administración de la Generalitat que permite a las diputaciones presentar este tipo de acciones para "defender los intereses de la provincia". Asimismo, han argumentado que el decreto vulnera la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià "al obviar las zonas de exención" que expresamente incluye esa ley.

Ha justificado esa postura en el hecho de que el documento de Marzà "premia a aquellos alumnos que reciben una educación basada en un nivel avanzado de valenciano, ya que tienen acceso a mayor número de horas lectivas en inglés", según el portavoz del gobierno popular de la Diputación de Alicante.

"La idea de progreso aparece vinculada al estudio del valenciano", mientras que la postura que defiende la Diputación alicantina es que "el inglés debe impartirse por igual en todos los ciclos formativos, con independencia de la lengua vehicular que se haya escogido", ha subrayado Castillo.

Según ha desvelado, el número de colegios que se han decantado por el nivel avanzado hará que los alumnos de la provincia reciban "un 43% menos de carga lectiva en inglés que Castellón y un 15% menos que Valencia".

Además, "el cuádruple de colegios que Castellón y más del doble con respecto a Valencia" se han decantado por el nivel básico, "el que conlleva menos horas de inglés y carece de certificación final del idioma", según Castillo.

El portavoz popular ha insistido en que este recurso judicial "no es contra el valenciano", sino que va enfocado a "garantizar la igualdad de oportunidades" de los alumnos alicantinos, "dentro de un modelo de libre enseñanza".

Así, ha recordado que el entonces gobierno autonómico del PP ya aprobó en 2012 un decreto por el cual se habilitaba la opción de estudiar en línea castellana o valenciana, un modelo que, para Castillo, logró "la convivencia pacífica" de ambas lenguas.

"Esta imposición normativa ha sido cuestionada desde un inicio", ha opinado Castillo, en referencia a las críticas y amenazas de denuncia efectuadas por diversos sindicatos educativos y AMPAS.

Según el portavoz popular, el Consell "solo sabe hacer las cosas de dos formas, o por las buenas o vía decreto", y ante esta última opción la Diputación de Alicante ha decidido actuar, ha dicho.

Preguntado sobre si se le anunció a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que se presentaría este recurso cuando se reunió hace escasas semanas con el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, el diputado popular ha respondido que "no estaba en la agenda hablar del decreto".