ALICANTE. La Coordinadora Alicante Limpia (CAL), constituida por particulares, asociaciones vecinales y entidades conservacionistas, ha informado este lunes sobre la admisión a trámite de la petición cursada ante las instituciones europeas para que se abra un expediente de investigación respecto a la elaboración del Plan Local de Residuos (PLR) de la ciudad. Portavoces oficiales de la coordinadora han señalado, a través de un comunicado, que "tras meses de trabajo y de espera, la presidenta del Comité PETI (comité de peticiones) del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha comunicado formalmente a la CAL que una vez superado el preceptivo examen, la petición de la CAL ha sido declarada "admisible […] en los ámbitos de actuación de la Unión Europea. Por ello, la presidenta ha pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto".
El comunicado incide en que "la CAL valora muy positivamente que se analice e investigue la petición presentada, en la que se solicitaba que el Parlamento europeo exigiera al Ayuntamiento de Alicante la revisión y corrección de los puntos del plan local que contravienen la legislación nacional, autonómica y europea en materia de gestión de los residuos". Según el colectivo, "el texto de la petición presentada y que ahora se encuentra en la Comisión Europea le fue entregada en mano al alcalde de la ciudad tras la finalización de la intervención de la CAL en el Pleno del pasado día 22 de diciembre acompañando la declaración institucional (punto II-5.4.) presentada por los grupos progresistas de la oposición".
La coordinadora añade que "el plan local se aprobó (BOP Nº 59 de 25 de marzo de 2022) antes de la publicación de la Ley estatal 7/2022 de gestión de los residuos, pero aunque su contenido era conocido en su totalidad desde el mes de diciembre de 2021, desde el gobierno municipal no se hizo el menor esfuerzo por su adaptación antes de la aprobación y posterior publicación", según critica. "Esta forma de actuar del gobierno municipal de Alicante, presidido por Luis Barcala, no es más que otra irresponsabilidad al retrasar lo ineludible, pues a la ley estatal se suma ahora la autonómica (Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana) y ello conlleva no solo un trabajo de revisión, que habrá que volver a abonar a la empresa (recordemos que ya se pagó la nada despreciable cantidad de más de 130.000 euros solo por la redacción del mismo), sino sobrecostes medioambientales, actuales y futuros, de los que deberían pedirse responsabilidades, pues cada día que pasa sin una gestión adecuada de los residuos supone más contaminación y una mayor dificultad en lograr los porcentajes de separación y posterior reciclaje que establece la ley", añade el comunicado.
En este sentido, la coordinadora recalca que "por ello, habrá que preguntar al consistorio del señor Barcala, cuánto le costará a la ciudadanía la redacción final del plan local, cuya obligada revisión no es más que el producto de la obtusa negativa del equipo de gobierno y del concejal responsable, señor Villar, de hacer oídos sordos al decreto 55/19 de la Generalitat; a las decenas de alegaciones presentadas y, finalmente, a la ley estatal 7/2022", según concluye el comunicado.