ALICANTE. El pasado mes de septiembre, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, acordaron en septiembre, tras una visita al Palau, crear una comisión mixta para abordar el Fondo de Cooperación Municipal, la Ley de Mancomunidades y la Ley de Servicios Sociales. Además, ese órgano debía analizar la hipotética transferencia de las denominadas competencias impropias, que ahora paga y gestiona la institución, pero que deberían estar en manos del Gobierno valenciano, como el centro asistencial Doctor Esquerdo o el Hogar Provincial.
Sin embargo, esa comisión no arrancará hasta el mes de enero, una vez la Generalitat haya culminado el nombramiento de sus representantes. Debía haberlo en septiembre, o octubre, a más tardar, pero la Diputación de Alicante, nunca tuvo constancia hasta este martes 17 de diciembre. Ni el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, ni el director general de Administración Local, Antoni Such, habían remitido la carta. Según fuentes de la Generalitat, la carta se remitió el 5 de diciembre y se volvió a remitir el 16 de diciembre, una vez que, según estas fuentes, no se contestó la primera misiva. En todo caso, dar cumplimiento al acuerdo de crear la comisión ha tardado tres meses.
Y una vez se ha tenido conocimiento, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha designado este jueves, a los cuatro representantes provinciales que participarán en las reuniones bilaterales que se lleven a cabo con la Generalitat Valenciana con el fin de examinar y estudiar el sistema de competencias, funciones y actuaciones del territorio "en aras a optimizar la prestación de servicios a los ciudadanos y de buscar consensos en dichas actuaciones".
Los representantes serán el propio presidente Carlos Mázon, la vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, el diputado del Centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, y el diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez. Sus suplentes, en el mismo orden, serán el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, la diputada de Recursos Humanos, María Gómez, y el portavoz del equipo de Gobierno, Adrián Ballester.
Finalmente, se ha creado una comisión bilateral, y no una comisión mixta, como se acordó. A este respecto, Ballester ha manifestado que "aunque preferiríamos que se hubiera constituido una comisión mixta, tal y como se comprometió el 'president' Ximo Puig cuando se reunió con Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat, acudiremos a estas reuniones bilaterales cumpliendo nuestra obligación como gobernantes de facilitar un foro común en beneficio de nuestros 141 municipios".
En esta línea, ha concretado que la prioridad de la Diputación sigue siendo "la creación, vía decreto del Consell, de esa Comisión Mixta permanente y estable que regule las relaciones con la Generalitat". "Nuestra intención, y en lo que nos ocuparemos, será en abordar asuntos que nos competen y afectan como territorio, como la regulación de las competencias impropias que venimos asumiendo desde hace años en materia asistencial y social, o las demandas y prioridades de nuestros consistorios", ha dicho.
Y el gran reto del equipo de gobierno de la Diputación de Alicante es despejar el futuro del centro Doctor Esquerdo y del Hogar Provincial, para que sean gestionados por la Conselleria de Sanidad, siguiendo el ejemplo de la Mesa Técnica constituida y en funcionamiento, junto con la Conselleria de Igualdad para el traspaso del servicio de la teleasistencia, como ya se ha acordado.
Ahora sí, Diputación de Alicante y Generalitat van a la guerra por el Fondo de Cooperación Municipal
El retraso en crear la comisión tiene unos responsables: tanto Alfred Boix como Toni Such se durmieron en los laureles a la hora agilizar los trámites para tal fin. Y ese retraso de tres meses ha sido argumento suficiente para que el gabinete de Carlos Mazón tenga una coartada para no entrar, al menos, en 2020, en el Fondo de Cooperación Municipal. El PP tenía relato: Presidencia de la Generalitat no había hecho los deberes. Y cuando llegó la petición para crear esa comisión, el PP y Cs ya tenían el presupuesto cerrado y, por tanto, sin posibilidad de habilitar una partida de 13,7 millones para destinarlo al fondo de cooperación, como reclaman PSPV y Ciudadanos, y como habían acordado el propio Mazón y Puig en septiembre. De lo contrario, con más tiempo, el PP hubiera tenido un problema con su socio de gobierno, Ciudadanos, que debería haber tenido que sacrificar proyectos del plan de obras para consignar esa cantidad.
Como han comentado en diferentes declaraciones públicas los dirigentes del PP, la Diputación de Alicante necesita liberar fondos o, al menos, tener una previsión sobre ello, para aportar la cantidad necesaria para el Fondo de Cooperación. Y esa operación pasa, principalmente, porque la Conselleria de Sanidad asuma la gestión del centro Doctor Esquerdo, cuyo coste supera los 13 millones de euros.