El alcalde, Luis Barcala, y el edil de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González, junto a mandos de la Policía Local.ALICANTE. La comisión municipal creada con el respaldo de los seis grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante para dilucidar si existió un presunto nepotismo en el desarrollo de las últimas oposiciones a Policía Local arranca con bronca política antes, incluso, de que se produzca su constitución oficial, este miércoles. La controversia se ha sustanciado este martes a cuenta de la disponibilidad de todos los informes internos elaborados hasta ahora sobre cómo transcurrió el proceso, que no se ha facilitado todavía a los representantes de los grupos de la oposición (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox). Así, con mayor o menor grado, todos han expresado su malestar por el hecho de que, a su juicio, no se haya respetado "el compromiso de transparencia" que había anunciado el alcalde, Luis Barcala, según han recriminado en manifestaciones prácticamente coincidentes la edil socialista Llanos Cano y los portavoces de Unides Podem EU y Compromís, Xavier López y Natxo Bellido.
¿De qué informes se trata? En esencia, de la información recopilada en el expediente abierto por la Concejalía de Recursos Humanos que coordina el edil José Ramón González, en cumplimiento de la orden facilitada por el alcalde, justo el mismo día en el que trascendieron las denuncias sobre las presuntas anomalías, en las que se apuntaba que cerca de dos tercios de los 92 aspirantes seleccionados podrían guardar relaciones de parentesco o amistad con mandos policiales, con otros agentes, con concejales y expolíticos de PP, PSOE y Vox, con representantes sindicales y con responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio al Ayuntamiento.
Entre esa documentación, también figuraría el informe encomendado al presidente del tribunal (el jefe de la Policía Local, José María Conesa), el detalle de las pruebas por escrito efectuadas, la relación de recursos o reclamaciones presentadas y los informes jurídicos encomendados también por el equipo de gobierno sobre el desarrollo de la convocatoria.
Tanto el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, como el portavoz adjunto, Manuel Villar, han confirmado este martes que esa documentación se facilitará este miércoles, en el momento en el que se constituya oficialmente la comisión de investigación, como ha sucedido en otras comisiones constituidas a lo largo del presente mandato. Así, ambos han defendido la vigencia del compromiso del equipo de gobierno por la transparencia, tras insistir en que "somos los primeros interesados en que esto se aclare lo antes posible".
En esta línea, han tratado de contraponer ese compromiso con "la negativa" de los grupos políticos parlamentarios de los partidos que conforman el Botànic para que se constituya una comisión de investigación en Les Corts sobre el caso de la supuesta ocultación de los abusos sexuales a menores en centros tutelados por la Generalitat, en el que se estaría investigando a la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Así lo ha reafirmado, también, la portavoz del PP y presidenta de la comisión sobre el caso enchufes, Mari Carmen de España, en un comunicado posterior, en el que ha lamentado "la desfachatez y la hipocresía de los partidos de izquierda, que reclaman transparencia en Alicante, al tiempo que intentan ocultar y silenciar en las Cortes Valencianas los graves escándalos generados por las tropelías del presidente Ximo Puig y su vicepresidenta Mónica Oltra".
La oposición recrimina al equipo de gobierno la "falta de transparencia" por el retraso en la aportación de documentación y el bipartito replica con el bloqueo a la investigación en les Corts sobre los abusos a menores que afectan a Oltra
Al margen de ello, Manresa y Villar han apuntado que este martes se ha remitido de forma oficial toda la documentación recopilada a la Agencia de Emergencias, de la que depende el Instituto Valenciano de Seguridad Pública (IVASPE), en cumplimiento del anuncio anticipado por el alcalde, el pasado viernes. Sobre los motivos del retraso en ese envío, ambos han señalado que hasta este lunes no se había dispuesto del informe de la Secretaría General del Pleno en el que se autorizaba el envío de esa documentación, toda vez que recogía información sensible sobre la identidad de los aspirantes que participaron en las pruebas que podía estar sujeta a los condicionantes de la Ley de Protección de Datos. Se trata, no obstante, de una circunstancia que no habría impedido que parte de esos informes se filtrasen este lunes a través de los medios de comunicación, con la relación cronológica de las fases de la oposición.
Al tiempo, ambos han concretado que, este martes, se había tenido constancia de una solicitud de información adicional registrada por la Agencia Valenciana Antifraude, en la que se mantiene una investigación en curso tras la recepción de varias denuncias sobre la existencia de supuestas irregularidades en el proceso. Con todo, ningún representante del equipo de gobierno ha llegado a precisar qué tipo de documentación se había solicitado. Portavoces oficiales de Antifraude tampoco han apuntado nada al respecto, ya que se trata de información sujeta a confidencialidad al tratarse de una investigación en curso.
En cualquier caso, Manresa y Villar también han añadido que el bipartito había remitido, igualmente, este martes, una solicitud dirigida a la Conselleria de Administraciones Públicas que coordina Gabriela Bravo para que se facilitase al Ayuntamiento copia de los informes que la titular del departamento anunció que solicitaría a los dos vocales designados por el IVASPE que formaron parte del tribunal que tuteló el desarrollo de las oposiciones. Los dos representantes del equipo de gobierno han sostenido que se trata de una medida con la que se pretende contar con toda la información disponible.
Entre tanto, el bipartito sigue sin desvelar si prevé presentar recurso frente a la sentencia de primera instancia que obliga a retrotraer el proceso de valoración de los aspirantes que concurrieron a la parte de la oferta de empleo público que afecta al turno de movilidad (traslados) y tampoco se ha facilitado una respuesta oficial al margen de la que se aprobó en Junta de Gobierno respecto a la posible caducidad de los certificados médicos que se aportaron como prueba previa en la parte del proceso que afectaba al turno libre.
En paralelo, parte de los grupos políticos de la oposición ya han planteado sus propuestas para concretar un plan de trabajo en el seno de la comisión. En esta línea, Unides Podem EU apuesta por que la primera parte de la tanda de comparecencias incluya a los componentes del tribunal que coordinó las diferentes pruebas de acceso. Esa petición incluiría al presidente del tribunal e intendente principal de la policía local, José María Conesa, hasta los vocales del IVASPE, pasando por la funcionaria que acompañó en la custodia de los exámenes al presidente. El portavoz de la confluencia, Xavier López, ha apuntado que "necesitamos conocer la versión de todas las personas que han participado en el proceso de diseño y ejecución de los exámenes para esclarecer que se haya hecho todo como toca y cotejar las diferentes versione".
PP y Cs reclaman a la Conselleria de Administraciones Públicas los informes solicitados a los vocales del tribunal designados por el IVASPE y Unides Podem EU ya plantea solicitar la comparecencia ante la comisión de los 20 primeros aprobados en la oposición
Respecto a los responsables políticos, Unides Podem EUPV considera imprescindible llamar a comisión tanto al concejal responsable, Jose Ramón González, como al propio alcalde, Luis Barcala, por ser los máximos responsables políticos del proceso ahora en entredicho. López ha apuntado que "el ejercicio de máxima transparencia que pregonaba un José Ramón González, al que ya hemos cogido ocultando que existen recursos de alzada e incluso denuncias judiciales en el proceso, ahora tiene que aplicarse y han de exponer toda la información que manejan para esclarecer los hechos". De igual modo, Unides Podem EU ha considerado que todos los funcionarios asesores y encargados de diseñar las preguntas y pruebas de los diferentes procesos de incorporación a la policía local municipal también serán propuestos para que comparezcan ante la comisión.
Así, la confluencia también prevé plantear la comparecencia de la cadena de mando de la policía local, los intendentes, para que en su calidad de responsables del cuerpo aporten su visión sobre los hechos, así como los 20 primeros opositores del listado, para que faciliten su versión sobre el proceso, "ya que son pieza clave para aclarar si ha habido algún tipo de favoritismo".
Por su parte, el grupo municipal del PSOE estaría sopesando plantear una solicitud de comparecientes similar, en la que se incluiría al alcalde, a la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, al edil de Recursos Humanos, a los miembros del tribunal que dirigió las pruebas, a responsables técnicos, jueces o examinadores de las diversas pruebas y a miembros de un tribunal de oposiciones a la Policía Local de otro municipio de la Comunitat.
