ALICANTE. La circunvalación de peaje de Alicante, conocida como "segunda circunvalación", sigue aumentando el volumen de tráfico diario con crecimientos de dos dígitos, mientras su concesionaria, Ciralsa, ha vuelto a negociar el convenio con los acreedores de la autopista, gracias al fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló la liquidación ordenada por el juez de lo Mercantil, el pasado abril.
Según las series mensuales publicadas por el Ministerio de Fomento, la circunvalación que une el peaje de El Campello de la AP-7 con las autovías A-31 (Alicante-Madrid) y A-7 (Alicante-Murcia) experimentó un crecimiento interanual del 12% en la Intensidad Media Diaria (IMD) en febrero. Un aumento de usuarios que se suma al de enero, cuando el incremento fue, tal como ya publicó este diario, del 14%. El inicio del año ha consolidado una tendencia al alza en la que esta autopista en quiebra entró ya en 2014, justo cuando el juez de lo Mercantil abría la fase de liquidación.
Así, en 2013 circulaban por la circunvalación de Alicante 5.298 vehículos diarios de media (el número de usuarios se dispara en verano y cae en invierno), su nivel más bajo desde que entró en funcionamiento en 2007. Paradójicamente, con el concurso de acreedores de Ciralsa y la apertura de la fase de liquidación, el tráfico de la circunvalación comenzó a crecer. En 2014, la IMD se situó en 5.303, un testimonial +0,1%, y en 2015 el incremento respecto al año anterior fue de 5,8 puntos, hasta los 5.610 vehículos diarios. El año pasado el crecimiento fue aún mayor: un 8,8% hasta 6.103 vehículos diarios, el mejor dato desde 2011.
La circunvalación se diseñó para absorber, con el tiempo, hasta el 80% del tráfico que circula actualmente por la primera, la A-70, que se cifra en unos 30.000 vehículos. Aunque siempre se ha encontrado muy lejos de esas cifras, lo cierto es que la circunvalación ve cómo se incrementa de forma exponencial el número de usuarios durante los meses de verano, cuando miles de turistas la utilizan para desplazarse a sus destinos desde el aeropuerto de El Altet. Así, en agosto del pasado año se superaron los 11.000 vehículos diarios de media, con un crecimiento del 3,3% respecto a 2015. Una punta de tráfico que no se veía desde 2011, según los datos de Fomento.
Mientras, el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid ha dado un vuelco al destino de la circunvalación. Tras la sentencia del juez de lo Mercantil del pasado septiembre, estaba previsto que el Ministerio de Fomento asumiese directamente la gestión este julio. No obstante, la Audiencia ha aceptado el recurso de Ciralsa (la concesionaria que construyó y explota la autopista, participada por ACS, Abertis y Globalvía) y ha devuelto el concurso a la fase de convenio. Es decir, Ciralsa tiene que intentar cerrar un acuerdo con los acreedores, bancos y fondos de inversión fundamentalmente, para evitar la liquidación. El tribunal argumentó que la ley concursal aboga por aplicar soluciones que permitan dar continuidad a las empresas que tienen firmados contratos administrativos, para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos que prestan.
El principal escollo con el que se encontrará Ciralsa, no obstante, es que los fondos que compraron la deuda de las autopistas en quiebra (tanto esta como las radiales de Madrid, dos de cuyas liquidaciones han sido también anuladas por la Audiencia) tienen la intención de votar contra el convenio, lo cual prácticamente hace imposible que se apruebe. De esta manera, los citados fondos (King Street, Taconic y SVP Global, representados por el 'rescatador de Abengoa', el banco estadounidense Houlihan Lokey) podrían reclamar al Estado la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que es su objetivo final.
Si finalmente el Ministerio tiene que 'rescatar' la circunvalación, la idea es volver a sacar a licitación la gestión de la autopista, dado que se considera que ahora ya es "viable" (una vez liberada de la deuda que arrastra). La quiebra, al margen de la caída del tráfico que ya ha comenzado a invertise, se atribuye a los sobrecostes en las expropiaciones para construirla. De optarse por esta solución, Seittsa (la empresa pública que llegado el caso asumirá las vías quebradas) las agrupará en lotes para conseguir sinergias, según explicó el ministro Íñigo de la Serna en un acto con la patronal de la obra pública Seopan.