ALICANTE. La junta de gobierno de la Confederación del Júcar (CHJ) consumó este jueves la polémica decisión de limitar la extracción de agua en los seis acuíferos del Vinalopó declarados sobreexplotados en 2020 (declaración que sigue 'sub iudice' y por tanto puede variar) sin vincular dicha limitación a una fuente alternativa que garantice los derechos hídricos de sus concesionarios. Una resolución que vulnera el artículo 56.2 de la Ley de Aguas, en la medida en que no establece la alternativa a los acuíferos, y que deja pasar la ocasión de vincular la reducción de derechos en estas masas de agua a la transferencia Júcar-Vinalopó.
La aprobación de los planes de actuación para revertir la sobreexplotación de los acuíferos, que según fuentes conocedoras del contenido del encuentro contó con el voto favorable de los representantes de la Generalitat (y el rechazo de los tres vocales que representan a los regantes alicantinos), suponen como ha venido contando este diario la reducción progresiva de los derechos del regadío sobre estas masas de agua, de forma que en 2027 el agua disponible por ley se habrá reducido un 90%. Los 95,3 hectómetros que tiene concedidos ahora el regadío en la zona pasarán a ser solo 9,3 en cinco años.
La CHJ dejó sobre la mesa hace tres semanas esta misma medida, adelantada por Alicante Plaza, a petición del Consell. En teoría, para intentar matizarla de forma que no perjudicase los derechos de los regantes: 32.600 hectáreas que generan una producción agrícola de más de 400 millones de euros al año, según un estudio de la Politécnica de Cartagena. Sin embargo, en este paréntesis no se ha avanzado en la puesta en marcha del trasvase que debía aliviar los acuíferos, más allá de pactar la compra de agua a precio de mercado con determinadas comunidades de regantes y cerrar un acuerdo a varios años que no otorga derechos a los usuarios.
La cuestión mollar sigue siendo la misma: los regantes piden que se les exima de pagar los costes de amortización de la obra, en base al convenio original firmado antes del cambio de toma en 2005, y que se reparta el incremento del precio entre regadío y abastecimiento. Dos reclamaciones que siguen sin encontrar eco en el Ministerio. De manera que, sobre el papel, la CHJ va a cerrar los acuíferos del Vinalopó sin ofrecer a los afectados una alternativa que garantice sus derechos concesionales. Una decisión que abre un escenario legal endiablado.
Primero, porque la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, que agrupa a 500 usuarios entre regadíos, ayuntamientos y empresas, deja de ejercer como interlocutor único en el debate: cada explotación, empresa o particular que se sienta agraviado podría llevar el asunto a los tribunales, en forma de contencioso. Lo que significa que podría haber decenas de pleitos sobre la decisión. Segundo, porque la misma declaración de sobreexplotación que ha dado pie a esta resolución podría ser derogada por el TSJCV, y dar pie por tanto a reclamaciones patrimoniales de los afectados. Y tercero, porque superado el umbral del Gobierno central, a los usuarios les queda el recurso a Bruselas, que pagó una parte nada desdeñable del trasvase.
En cuanto al análisis político, la decisión de la CHJ supone una segunda derrota del Consell en el debate hídrico, que ahora podría capitalizar cargado de razones el PP de Alicante. Sin contar con que la propia consellera de Agricultura, Mireia Mollà, de Elche (por tanto, de la zona afectada por la decisión, pues una de sus comunidades de regantes recibe el agua del acuífero de Villena que se va a cerrar), y el resto de altos cargos, han votado a favor de los planes. Se podría argumentar que hay en la resolución una mención al trasvase que puede interpretarse como una garantía, pero no deja de ser un futurible condicionado que, además, se remite a lo que indique al respecto el plan de cuenca que se está tramitando, y que como ya publicó este diario, deja de consignar los sobrantes del Júcar que se reservaban al Vinalopó para derivarlos a la Albufera.